Los sindicatos piden al Gobierno mecanismos de protección social y económica ante la tensión geopolítica
El Ministerio de Trabajo y Economía Social vigilará la evolución del conflicto en Oriente Medio y su impacto en la economía y empleo en nuestro país. Esta ha sido la primera medida anunciada tras la reunión celebrada con los agentes sociales para analizar las posibles consecuencias de la guerra en Irán.
“Estamos preparados para tomar las medidas que sean menester”, ha señalado la vicepresidenta y ministra del Gobierno, Yolanda Díaz tras el encuentro, al tiempo que ha recordado que España cuenta ya con un “escudo laboral y económico”, construido desde hace seis años y disponible para casos como este.
“Les hemos facilitado las normas y el dispositivo que ya está completamente listo por si fuera necesario usarlo. No queremos decir que haya que usarlo, sino que está a disposición y que las normas que hemos hecho durante estos años sirven para esto”, ha añadido la vicepresidenta, sin descartar nuevas medidas en función de la evolución del conflicto internacional.
Los líderes de los dos principales sindicatos del país han valorado la posición del Gobierno español de rechazo a la guerra y defensa de la soberanía nacional, al tiempo que llamaron a mantener la calma ante un conflicto cuyos efectos aún son inciertos.
Tanto CCOO como UGT insistieron en que, si la situación bélica se agrava, será necesario elevar el nivel de coordinación política y convocar una reunión encabezada por el presidente Pedro Sánchez para definir medidas más concretas.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, alertó de que la ofensiva militar ha sumido a Oriente Medio en una “inestabilización” creciente.
“La administración Trump ha decidido hacer de la guerra una herramienta política cotidiana”, criticó, en referencia a la escalada bélica y a la locucidad del expresidente estadounidense.
Para Sordo, la tensión geopolítica exige preparar “mecanismos de protección social y económica” con un monitoreo continuo.
“Los esfuerzos existen y es bueno que la sociedad española los conozca”, defendió Sordo, recordando que el impacto puede ser considerable si los precios de la energía, el transporte y otros suministros continúan al alza.
Según los datos facilitados por el Gobierno, el precio del petróleo ha aumentado un 17% desde el inicio del conflicto y el gas natural un 61%, lo que eleva el riesgo de inflación y de pérdida de poder adquisitivo, especialmente en sectores electrointensivos.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha alertado de las consecuencias que este tipo de conflictos tiene en los sectores de energéticos, que “además se trasladan de manera inmediata a los consumidores”.
De paso, ha querido insistir en que existen este tipo de mecanismos para afrontar situaciones de crisis. “Lo hemos hecho en otros momentos”, ha señalado, aunque no ha ocultado que “esta no es una crisis como fue la pandemia”.
De momento, Álvarez ha trasladado un mensaje de “calma y tranquilidad”. “El Gobierno de España, con toda seguridad, tiene medios, recursos, para poder abordar aquellas medidas que sean necesarias”, apuntó.
El líder de UGT no ha perdido la oportunidad de señalar que los mecanismos disponibles “no han caído del cielo”, sino que son “consecuencia del sistema fiscal, de lo que pagamos los ciudadanos y las ciudadanas de este país”.
“Conviene recordar que para pedir hay que tener y para tener hay que, efectivamente, corresponsabilizarse desde el punto de vista fiscal para que eso sea posible”, ha defendido.
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