La vivienda pública convertida en un privilegio de las amistades del poder en Alicante
El escándalo de la vivienda protegida en Alicante no parece un fallo puntual de gestión, sino el resultado de un modo perverso de gobernar, que lejos de responder al bien común, beneficia a particulares bien conectados con el poder político y económico.
“La trama corrupta tiene epicentro en el Ayuntamiento y el alcalde debe asumir responsabilidades políticas. No tiene otra opción que dimitir”, afirma la portavoz socialista y jefa de la oposición, Ana Barceló, que responsabiliza directamente al “modelo de vivienda pública del PP de [Juanfran] Pérez Llorca y Barcala”.
Una visión que comparte el concejal de Esquerra Unida-Podem, Manolo Copé, quien insiste en que lo ocurrido “no es un error puntual ni una casualidad administrativa”, sino “la consecuencia directa de un modelo de política de vivienda impulsado por el Partido Popular durante años, que ha tratado la vivienda pública y el suelo municipal como una oportunidad de negocio”.
Entre los beneficiarios de la promoción figuran personas vinculadas al propio consistorio gobernado por el PP: la concejala de Urbanismo, dos hijos de una directora general y un arquitecto municipal.
Varios adjudicatarios, además, superarían ampliamente los límites de renta exigidos o habrían modificado sus declaraciones patrimoniales. Incluso se han detectado anuncios de venta y alquiler de algunos pisos en portales inmobiliarios.
Una promoción singular en suelo público
La urbanización Les Naus, con 140 viviendas de tres y cuatro dormitorios, garaje, trastero, piscina, club social y pistas de pádel, fue levantada sobre suelo público. Se trata de la primera promoción de vivienda protegida en la ciudad en más de dos décadas. Aunque su precio ronda los 200.000 euros, supone aproximadamente la mitad del coste habitual en la zona de la playa de San Juan.
El modelo del Ayuntamiento se ha basado en enajenar suelo público a cooperativas y promotores que, a cambio, deben vender por debajo del mercado a personas con un nivel máximo de renta. Sin embargo, la cooperativa que obtuvo la parcela apenas tardó 24 horas en presentar su oferta, frente a los 12 días requeridos por la segunda candidata. El orden de presentación concede una ventaja a la oferta que llega primero en el proceso de adjudicación.
“Durante años, el Partido Popular ha tomado decisiones que han ido en la misma dirección: vender suelo público en lugar de preservarlo, elevar los requisitos económicos hasta transformar la vivienda protegida en vivienda para rentas altas y debilitar los controles”, denuncia Copé.
Rechazo social y exigencia de responsabilidades
Más de 80 asociaciones vecinales y entidades sociales, entre ellas la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), se han movilizado para exigir que quienes no cumplan los requisitos renuncien a las viviendas.
La organización cristiana recuerda que resulta difícil de entender que “se construyan VPO en zonas claramente privilegiadas, con urbanizaciones, jardines o piscinas que encarecen su mantenimiento, cuando se supone que están pensadas para personas con recursos limitados”.
El propio expediente municipal, según denuncia la oposición, reconoce “conflictos de interés materiales, intervenciones e influencias que no quedaron documentadas y la ausencia de mecanismos de prevención que deberían haberse activado”. “No estamos hablando de sospechas políticas: lo dice el propio Ayuntamiento”, recalca Copé.
Una crisis agravada por la falta de vivienda pública
En un país donde la vivienda protegida apenas representa el 3,4% del parque total (frente al 9% de media en la UE), la adjudicación irregular de una promoción pública resulta especialmente grave.
“Alicante vive una auténtica emergencia de vivienda: alquileres disparados, jóvenes sin posibilidades de emancipación, familias trabajadoras expulsadas de sus barrios y cientos de personas sin hogar”, resume Copé.
“En ese contexto, que la vivienda pública termine beneficiando al entorno del poder es socialmente injusto y políticamente inaceptable”, señala. Por ello, desde EU‑Podem reclaman asumir responsabilidades, esclarecer lo ocurrido y “cambiar de raíz el modelo de política de vivienda”.
Copé concluye: “Lo sucedido no es un simple error administrativo, la vivienda pública ha acabado funcionando como una promoción para los amigos del poder”.
La conclusión es evidente. “No se puede confiar la gestión de un bien público a cooperativas y promotoras con escasa supervisión. Hace falta un parque público gestionado directamente, con equipos especializados, auditorías externas, registros transparentes y requisitos rigurosos y verificables”, subraya el concejal.
Lo contrario solo alimenta la desafección de la ciudadanía y pervierte la acción pública, a costa de un derecho fundamental, castigando una vez más a la población con menos recursos.
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