La vicepresidenta Díaz anuncia medidas contra el impacto en el empleo de la guerra en Oriente Medio
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado que el Ejecutivo ya tiene preparadas varias medidas para hacer frente al impacto económico por la guerra en Oriente Próximo. Pide al PP que las apoyen
Según declaró, a su entrada en Bruselas a la reunión de ministros de Trabajo de la UE, se trata de una “una panoplia de medidas que ni siquiera hay que aprobar, ya están a disposición”, dado que fueron las adoptados durante la pandemia de la Covid-19.
Se trata de la posibilidad de aplicar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), con la prohibición de despidos, así como ayudas a empresas y el mecanismo RED para permitir que se reduzcan las jornadas.
De paso, ha tratado de reducir la preocupación de la población trabajadora, ante una nueva escalada de los precios, debido a la tensión por el ataque a Irán: “Lo que sí quiero es enviar un mensaje de tranquilidad y de serenidad a las empresas españolas y a los trabajadores, porque estamos preparados para actuar si esto fuera necesario”.
Díaz ha advertido de que el principal impacto podría trasladarse al coste de la energía y a la pérdida de poder adquisitivo y ha indicado algunos sectores especialmente sensibles a estas perturbaciones como las industrias electro intensivas, químicas, del acero, metalurgia o farmacéutica, además del sector agrícola, dado su dependencia de los fertilizantes.
Igualmente ha arremetido contra el líder del principal partido de la oposición por no haber apoyado el escudo social presentado con anterioridad a la guerra en el Congreso y le ha pedido que se respalde al Gobierno si finalmente activar un nuevo paquete de medidas.
“Nos gustaría que esas medidas que vamos a defender, si fuera a menester hacerlo, las apoyen”, ha señalado.
La vicepresidenta también ha cargado contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien había declarado que “no debe derramarse ninguna lágrima por el régimen iraní”.
Para la vicepresidenta la Unión Europea debe pronunciarse con claridad en defensa del derecho internacional. “Esta guerra es ilegal, vulnera la Carta de Naciones Unidas y, por tanto, lo que le pido a la presidenta de la Comisión es que defienda la legalidad internacional”.
También ha pedido “un paso adelante hoy” a los países europeos en defensa de los derechos humanos y del orden multilateral para evitar que aumente el escepticismo hacia el proyecto europeo y el apoyo a fuerzas de extrema derecha.
Propuestas para la transición digital europea
Los titulares de Empleo de los Estados miembros abordaron los avances del Semestre Europeo y debatieron sobre el impacto de la inteligencia artificial en la calidad del empleo y la protección de los derechos de las personas trabajadoras.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social de España propuesto un paquete de medidas destinado a reforzar las garantías laborales ante la expansión de la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización en los centros de trabajo.
La propuesta, presentada en el marco del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), se articula en seis ejes principales que buscan anticipar los efectos de la digitalización sobre el empleo y asegurar que los derechos laborales se mantengan intactos en el nuevo escenario productivo.
El primer eje apunta a garantizar un derecho individual a la formación continua, con el fin de que todas las personas trabajadoras puedan actualizar sus competencias frente a los nuevos procesos productivos basados en sistemas automatizados. Según Trabajo, la adaptación tecnológica requiere que la recualificación sea un derecho efectivo y accesible.
En segundo lugar, el Ministerio propone establecer límites claros a la gestión algorítmica. La delegación española defendió reforzar el derecho a la transparencia en el uso de algoritmos, la protección de la intimidad y la supervisión humana en decisiones automatizadas que afecten al empleo.
Entre las medidas planteadas se incluye la obligatoriedad de auditorías algorítmicas en aquellas empresas que utilicen sistemas de toma de decisiones automatizadas.
El tercer eje apuesta por fortalecer el control sindical de los algoritmos, dotando a las organizaciones sindicales de herramientas y asesoramiento técnico que les permitan vigilar el efecto que estos sistemas tienen sobre la organización del trabajo, la asignación de tareas o la evaluación del desempeño.
El Ministerio también subrayó la necesidad de proteger la salud laboral y garantizar el derecho a la desconexión, para evitar que la digitalización amplíe la jornada laboral de forma encubierta o facilite nuevas formas de injerencia empresarial en la vida personal de las plantillas.
La propuesta incorpora, además, la creación de un indicador europeo de riesgo de automatización, destinado a identificar a los trabajadores y sectores más vulnerables a la sustitución tecnológica.
Este instrumento permitiría orientar políticas públicas de protección, recualificación y acompañamiento.
El sexto eje prevé impulsar una Agencia Pública Europea de Protección de Datos, con competencias para supervisar el uso de datos en el ámbito laboral y garantizar derechos homogéneos en todos los Estados miembros, especialmente en lo relativo al impacto de algoritmos y sistemas de IA.
Junto a estas medidas, el Ministerio planteó que la transición digital debe financiarse de forma justa. Para ello propuso que las empresas vinculadas al desarrollo o uso intensivo de IA contribuyan a un fondo europeo destinado a sostener la formación, la protección social y los procesos de adaptación de los sectores afectados por la automatización.
La delegación española insistió, además, en que la regulación de la IA en el trabajo debe abordarse desde el diálogo social europeo, evitando retrocesos en derechos laborales y asegurando que la digitalización se traduzca en mejoras para el conjunto de la ciudadanía.
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