La patronal rechaza debatir la democratización de la empresa y los sindicatos apelan a cumplir la Constitución

La patronal rechaza debatir la democratización de la empresa y los sindicatos apelan a cumplir la Constitución
FOTO | Robots y trabajadores en la fábrica de Volkswagen de Navarra
La decisión de la CEOE y CEPYME de no acudir a la mesa de diálogo social convocada por el Gobierno para abordar la democratización de las empresas ha abierto un nuevo frente. Mientras la patronal califica el debate de “absurdo” y de “profunda carga ideológica”, los sindicatos defienden que se trata de desarrollar el mandato recogido en el Artículo 129.2 de la Constitución Española, que prevé la participación de las personas trabajadoras en la empresa

Las organizaciones empresariales han anunciado que no participarán en la mesa convocada por el Gobierno para abordar la llamada democratización de las empresas. A su juicio, la propuesta parte de una premisa errónea y supone una intromisión en el funcionamiento empresarial. Según sostienen, se trata de una iniciativa que introduce “una visión intervencionista de la empresa que cuestiona la libertad de empresa y el derecho de propiedad”. La patronal considera que la propuesta tiene “una profunda carga ideológica” y que plantea un modelo que “pone en riesgo la seguridad jurídica y el clima de confianza necesario para la inversión”.

La patronal también rechaza la idea de que las empresas carezcan de mecanismos democráticos. En este sentido, recuerdan que el sistema de relaciones laborales ya cuenta con instrumentos de participación de los trabajadores y las trabajadoras a través de la representación sindical y de la negociación colectiva. Además, defienden que este ámbito bipartito constituye el espacio adecuado para el diálogo entre empresas y trabajadores y advierten de que introducir cambios en la gobernanza empresarial podría alterar el equilibrio del actual sistema de relaciones laborales.

Garamendi: “No puede sentarse a una mesa de negociación que parte de una premisa absurda”

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha reforzado esta posición con declaraciones especialmente críticas hacia la iniciativa. “Se lanzan ideas para que la gente no invierta y, además, con temas y premisas totalmente absurdas. ¿Qué es eso de que en las empresas no hay democracia?”, ha señalado.

Garamendi ha insistido en que se trata de “debates absurdos que se ponen encima de la mesa para crear inestabilidad” y ha concluido que su organización “no puede sentarse a una mesa de negociación que parte de una premisa absurda”.

CCOO: “una mala noticia para el diálogo social”

Desde el sindicato CCOO consideran que la decisión de la patronal supone un retroceso en el diálogo social y en el proceso de modernización del modelo productivo y de las relaciones laborales.

“La posición de CEOE es una mala noticia para el diálogo social y una negación de pasar de un modelo obsoleto de empresa a la empresa del siglo XXI”, ha afirmado el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco.

UGT apela a un mandato constitucional pendiente

Por su parte, el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, ha evitado comentar directamente el comunicado de la patronal, pero ha puesto el foco en el significado de la mesa convocada.

Según ha señalado en conversación telefónica, “va siendo hora de que se cumpla el artículo de la Constitución que lleva 48 años sin desarrollo, ni cumplido”.

Luján se refiere al Artículo 129.2 de la Constitución Española, que establece que los poderes públicos deben promover formas de participación de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa. Precisamente esta cuestión es obviada en la posición comunicada por la patronal.

El dirigente sindical ha subrayado que este principio es plenamente compatible con la libertad de empresa, reconocida en el Artículo 38 de la Constitución Española, del mismo modo que lo son otras obligaciones legales como el salario mínimo, la prevención de riesgos laborales o la regulación de la contratación.

“La mejor manera de cumplir esto es a través del diálogo social”, ha señalado, añadiendo que quienes decidan no participar en ese espacio de negociación “deberían explicar las razones”.

Un debate presente en Europa

El dirigente de UGT también ha recordado que el derecho europeo reconoce marcos de participación laboral en las empresas. En este sentido ha mencionado el Artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que contempla el papel de la Unión en el desarrollo de políticas relacionadas con la información, consulta y representación de los trabajadores y las trabajadoras.

Asimismo, ha señalado que varios países de la Unión Europea ya incorporan mecanismos de cogestión empresarial en su legislación. Países como Alemania, Austria, Suecia o Dinamarca prevén la presencia de representantes de los trabajadores y las trabajadoras en los órganos de gobierno de las empresas. En el caso alemán, por ejemplo, grandes compañías como Volkswagen cuentan con representantes sindicales en sus consejos de supervisión.

“Es bueno cumplir la ley, fortalecer las empresas y la economía”, ha concluido.

“Hoja de ruta constitucional”

La mesa de diálogo social sobre democratización de las empresas ha sido convocada por el Ministerio de Trabajo con el objetivo de abrir un debate sobre la participación de los trabajadores en la gobernanza empresarial. Según ha podido saber este medio, la reunión está prevista para el jueves 12 de marzo a las 16:00 horas y ha sido convocada por el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.

La iniciativa se enmarca en el proceso abierto por el Ministerio tras la presentación del informe de la Comisión internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo, que plantea desarrollar el mandato constitucional recogido en el artículo 129.2 de la Constitución.

La socióloga belga Isabelle Ferreras, una de las impulsoras del informe internacional presentado al Ministerio, ha defendido que democratizar la empresa forma parte de una “hoja de ruta constitucional” para redefinir la relación entre trabajo, empresa y democracia.

En una entrevista reciente en Noticias Obreras, Ferreras subrayó que “la democratización de la empresa es un imperativo ético de justicia”, al tiempo que defendió que ampliar la participación de quienes trabajan en las decisiones empresariales puede contribuir a fortalecer tanto la democracia como la sostenibilidad económica de las empresas.

El informe plantea que avanzar en esta dirección permitiría reforzar la democracia económica, reducir las desigualdades y adaptar las empresas a los retos sociales y ecológicos actuales.

Fuentes del Ministerio de Trabajo no habían trasladado aún su valoración sobre el comunicado de la patronal en el momento de publicar esta información.

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