La inflación repunta en marzo hasta el 3,3% por efecto de la guerra de Oriente Medio

Se esperaba con interés el dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) para mediar las consecuencias en los precios del ataque a Irán. Efectivamente, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la inflación en España volvió a repuntar con fuerza en marzo, hasta el 3,3% interanual, su nivel más alto desde junio de 2024.
El incremento, el mayor desde junio de 2022, está directamente relacionado con el encarecimiento de los carburantes. La subida del precio de los combustibles y lubricantes para vehículos ha sido determinante en la aceleración de los precios, junto al aumento de los combustibles para calefacción, mientras que la caída de la electricidad fue menor que la registrada un año antes.
El grupo especial de productos energéticos —gasolina, gasóleo, gas, combustibles líquidos y electricidad— registró en marzo un alza interanual del 7,5%.
La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, precisamente los componentes más volátiles, se mantuvo en el 2,7%, la misma tasa que en febrero.
Los alimentos sin elaboración aumentaron un 4,8% interanual, manteniendo la presión sobre el gasto de los hogares en productos básicos.
En comparación mensual, el IPC aumentó un 1% respecto a febrero, la mayor subida desde junio de 2022, cuando los precios se dispararon tras el inicio de la guerra en Ucrania.
Reacciones sindicales
Desde CCOO, explican que estamos en la fase inicial de los efectos económicos de la crisis bélica y llaman a no repetir los errores de la crisis de Ucrania, cuando las medidas en principio destinadas a reducir el coste para las familias acabaron beneficiando a algunos sectores que incrementaron sus beneficios, “imputando a precios los costes y apropiándose de las ayudas fiscales”.
Su secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas, Javier Pacheco, ha insistido en que “son las familias las que padecen en primer orden las consecuencias del conflicto”, por lo que “es fundamental darles respuesta a sus necesidades básicas, transporte gratuito, limitación de los precios de la vivienda y ayudas directas y fiscales a las personas que cobran menos de 23.000 euros”.
En los primeros días de aplicación de las medidas contra la inflación, ya “se evidencia que las empresas no repercuten esta ayuda plenamente a los precios”, ha denunciado Pachecho, quien cree que parte del esfuerzo presupuestario y la bajada impositiva “está financiando los márgenes empresariales por la falta de control efectivo de los precios”.
UGT insiste en la necesidad de avanzar hacia medidas más focalizadas y eficaces, especialmente mediante ayudas directas dirigidas a los colectivos más vulnerables, así como en mantener un proceso continuo de diálogo y evaluación.
También reclama, ante la reciente subida del Euríbor, que ha llegado a situarse en el 2,9%, el valor más alto en el último año y medio, “articular medidas de protección social y financiera para mitigar el impacto sobre las familias hipotecadas más afectadas”.
Este sindicato llama a garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo en la negociación colectiva, mediante la inclusión de “cláusulas de garantía salarial”.
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