La crisis ecosocial en España agrava las brechas y deteriora el entorno rural
El Segundo Informe Ecosocial sobre la Calidad de Vida en España, elaborado por FUHEM, señala que la crisis ecosocial se traduce en nuestro país en una seria amenaza a las bases naturales y sociales esenciales para la vida, agravando las brechas de un territorio muy fracturado.
Dos años después del primer análisis, el nuevo estudio actualiza los principales indicadores de bienestar y confirma que, pese a ciertos avances coyunturales, las dinámicas profundas que deterioran la vida de la población española continúan.
El deterioro se manifiesta de manera simultánea en pilares clave: vivienda inaccesible, alimentación industrializada que fomenta la obesidad y contaminación, movilidad ineficiente y ecosistemas al límite.
España ha superado umbrales seguros en cambio climático, uso del agua y nitrógeno, con el 39% de aguas contaminadas por nitratos y un 30% de estaciones superando los límites de pesticidas, lo que impulsa enfermedades ligadas a la mala nutrición, como el sobrepeso que afecta al 39% de la población.
El informe dedica especial atención al sistema alimentario, convertido en un vector de desigualdades, riesgos sanitarios y degradación ambiental, estrechamente interrelacionado con el sistema agroalimentario español.
Empleo precario que no combate la pobreza
Aunque se han registrado algunos avances, especialmente en el ámbito laboral, la tensión sobre la población trabajadora sigue mermando sus posibilidades de futuro. España alcanzó a finales de 2025 un récord de 22,46 millones de ocupados y logró reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en casi dos décadas.
Sin embargo, el informe advierte de que la mera existencia de empleo no garantiza escapar de la pobreza. El mantenimiento de jornadas largas, que superan las 37 horas semanales de media, el peso de los turnos vespertinos —España encabeza la UE en porcentaje de personas que trabajan entre las seis y las ocho de la tarde— y la persistencia de salarios bajos comprometen el bienestar cotidiano.
El funcionamiento del mercado laboral depende cada vez más de la población migrante, que ya supone más del 21% de las personas ocupadas, mientras cerca de 840.000 personas continúan en situación administrativa irregular, lo que, para los autores, constituye una “falla democrática” de enorme calado social.
La desigualdad económica también se intensifica. El 10% más rico concentra ya el 54% del patrimonio nacional, una proporción significativamente mayor que la registrada hace apenas dos décadas, y la riqueza acumulada por los grandes patrimonios creció en 2025 más de un 20%.
En paralelo, 12,6 millones de personas —más de una cuarta parte de la población— viven en riesgo de pobreza o exclusión, una situación que golpea con especial dureza a mujeres, jóvenes y familias con menores a cargo. La pobreza persistente afecta a 6,7 millones de habitantes y la infantil supera el 20%, revelando una precariedad cronificada.
Una crisis estructural que intensifica brechas
El informe identifica la vivienda como el principal foco de vulnerabilidad social. El encarecimiento acumulado del 65% en los precios de compra durante la última década, frente a un aumento salarial que no llega al 25%, ha convertido el acceso a una vivienda digna en un problema estructural.
Los alquileres, que se han duplicado desde 2014, ahogan especialmente a la población joven, que debe destinar más del 90% de su salario para alquilar en solitario, y a los hogares con rentas bajas, que emplean más del 70% de sus ingresos en este concepto.
El hacinamiento residencial se ha duplicado en seis años y afecta ya a casi una de cada diez personas. A esta presión, se le añade la pobreza energética, unos 7,8 millones de habitantes no pueden calentar adecuadamente su casa en invierno.
La movilidad reproduce desigualdades y deteriora la salud. El automóvil continúa siendo el medio dominante y genera pérdidas de tiempo significativas: en ciudades como Madrid o Barcelona se calculan entre 98 y 109 horas anuales en atascos de tráfico.
Los desplazamientos diarios superan con frecuencia la hora en las áreas metropolitanas, lo que reduce el tiempo disponible para el descanso, la vida familiar y los cuidados.
En 2023 se registraron cerca de 100.000 accidentes de tráfico, con más de 1.800 fallecidos, una cifra que revela la fragilidad del sistema de movilidad actual.
El entorno rural en peligro
La industrialización agrícola está reduciendo el empleo rural y ha eliminado la mitad de las explotaciones familiares y envejecido al campo, mientras los flujos de nitrógeno y fósforo contaminan aguas y atmósfera.
Esto no solo erosiona la resiliencia comunitaria, sino que profundiza la exclusión social en un país que cae al puesto 22 en el ranking europeo de Desarrollo Sostenible, debido al retroceso en la alimentación , la conservación de la biodiversidad y la prevención del cambio climático.
En el sector agroalimentario, una minoría de grandes empresas acapara el 37% de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria, dejando atrás a pequeños productores y favoreciendo un sistema que desecha medio millón de toneladas de hortalizas al año.
Como consecuencia, la sociedad se configura de forma menos autónoma, con relaciones menos significativas y comunidades vulnerables ante la transformación ecológica.
Una transición drástica
El documento recuerda que la crisis ecosocial constituye, en palabras de Karen Armstrong, “la principal amenaza existencial”, y subraya que evitar un deterioro mayor exige transformar el actual modo de vida fundado por un modelo productivo y de consumo que califica de “insostenible e injusto”.
Aunque global en su origen, esta crisis adquiere expresiones particulares en cada país; por ello, los autores insisten en la necesidad de conocer la realidad española para orientar políticas capaces de mejorar la calidad de vida sin agravar la presión sobre los sistemas naturales.
De ahí la urgencia de una transición drástica que priorice la producción ecológica —que ya cubre el 12,3% de la superficie agraria útil— y las políticas que racionalicen el metabolismo social y deje de lado el extractivismo y el consumismo.
El informe realiza una llamada a replantear colectivamente el modo de vida dominante, para fomentar sistemas de aprovisionamiento agroecológico, políticas públicas guiadas por el derecho a la alimentación, espacios de gobernanza participativa y modelos de investigación y educación transformadores. Para ello, hacen falta, señalan los autores, voluntad política, movilización social y un cambio cultural profundo.
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Redactor jefe de Noticias Obreras
