CCOO exige el “control público” de las mutuas para evitar “conflicto de intereses” en el tratamiento de las bajas laborales
El sindicato CCOO sube la apuesta en el debate sobre la reducción del absentismo laboral. Reclama la “nacionalización” de las mutuas de accidentes laborales, como requisito para que puedan intervenir en el control de incapacidades temporales.
Dado que “se financian exclusivamente con cotizaciones de la Seguridad Social” y que se “dedican exclusivamente a atender prestaciones sanitarias o económicas de la Seguridad Social”, las mutuas deben convertirse en entidades públicas, ha señalado el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.
Según ha manifestado, “no tiene sentido que tengan naturaleza jurídica privada”, por lo que ha pedido la “publicicación” de las mutuas, de modo que “su junta directiva y su gerencia sean designadas desde el ámbito de la Seguridad Social” y cuenten con “mecanismos de participación y seguimiento que corresponden a organizaciones empresariales, sindicales y de la ciudadanía”.
Solo entonces, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales podrán intervenir para reforzar el control público de las bajas laborales, sin que exista “conflicto de intereses”.
Sin ocultar el aumento del coste de las prestaciones por incapacidad temporal (IT), desde la óptica sindical hacen hincapié en las demoras de la atención sanitaria y la falta de prevención de los riesgos laborales.
La “nacionalización” o “estatalización”, términos que no ha utilizado Bravo, es la respuesta sindical a la “fórmula mágica” que constantemente sale a relucir entre buena parte de los empresarios y comentaristas económicos al hablar del absentismo laboral, como es dotar de competencias para dar altas y bajas a las mutuas.
Los representantes sindicales no ocultan su desagrado por el tratamiento mediático sobre la incapacidad temporal de la población trabajadora y las reiteradas peticiones empresariales para contener su gasto e impacto en su actividad.
Cualquier cambio del sistema actual, en opinión del responsable sindical de salud debe ser “recuperar la salud de la persona trabajaras” “lo mejor y lo antes posible”, sin ahorrar ni gasta de más”, durante el tiempo que sea necesario.
Así lo han defendido, tanto el secretario de Políticas Públicas como el de Seguridad Laboral y Medio Ambiente, Marino Sanz, en la rueda de prensa celebrada para presentar la campaña “Ni un día menos. El derecho a la salud y recuperación de las personas trabajadoras”.
El informe que han presentado hoy matiza, y mucho, los mensajes sin mucho rigor que genera esta polémica. También carga contra el estudio elaborado por la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, que solo atiende al coste económico de las bajas, sin preocuparse de la salud de las personas trabajadoras.
La evolución de la incapacidad temporal responde a los ciclos económicos y las condiciones de trabajo, defiende el sindicato. “A más empleo y más seguridad”, mayor coste de este tipo de prestación pública. Y al revés, “más paro, inseguridad y precariedad” provocan que las personas trabajadoras no acudan al médico.
Trabajar enfermo
“El problema es que quien no tiene estabilidad, ni seguridad, y sí mayor temor a perder el empleo, suele a ir a trabajar en peores condiciones, generando un riesgo para él y los demás”, ha advertido Bravo.
Es más, ha señalado, el aumento del gasto en prestaciones por incapacidad temporal responde en gran medida a la mejora de la tasa ocupación de la población de más edad, el incremento de la base salarial y los cambios en las relaciones laborales, ha explicado.
La combinación del incremento de cotizaciones, de bases, y por tanto de ingresos de la Seguridad social, y de protección protegida explica el 47,5% del incremento del gasto en IT.
Por su parte, el envejecimiento de la población, la edad media más elevada de la población protegida explica un 18,5% el aumento de los costes, mientras que el 34% tiene otras causas.
Propuestas sindicales
Entre las propuestas sindicales, destacan la necesidad de reforzar la atención primaria y los servicios especializados, cuya falta de recursos y demoras asistenciales repercuten directamente en la duración de las bajas.
A ello se suma la urgencia de fortalecer los servicios de salud mental, un ámbito que ha ganado peso en la incidencia de las incapacidades temporales y que requiere una respuesta más sólida ante el aumento de patologías psicológicas.
También reclama el sindicato la mejorar los instrumentos de diagnóstico precoz del origen laboral de las enfermedades, lo que permitiría activar de forma más rápida los circuitos asistenciales adecuados y evitar dilaciones derivadas de la falta de determinación inicial de la contingencia.
Otra de las reclamaciones es la prevención de riesgos laborales, con especial atención a las patologías osteomusculares, que concentran buena parte de las bajas de más de 15 días.
Por último, el informe apunta a la necesidad de garantizar mayor transparencia en la gestión y actualizar los tiempos óptimos de duración de las incapacidades temporales, que no se revisan desde 2017.
Contar con datos más completos, actualizados y homogéneos facilitaría la evaluación rigurosa de la evolución de la IT y permitiría orientar mejor las políticas públicas destinadas a mejorar la protección de la salud laboral, ha afirmado Mariano Sanz.
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Redactor jefe de Noticias Obreras
