El PSOE y Sumar salvan el plan anticrisis del Gobierno con dos decretos que pasarán por el Congreso
Tras una mañana frenética, el Consejo de Ministros extraordinario ha finalizado con un acuerdo entre los socios de la coalición gubernamental, PSOE y Sumar que ha provocado dos reales decretos diferenciados con el plan anticrisis, uno con medidas en materia de vivienda y otro con las iniciativas relativas a la energía.
La sesión, que sufrió un retraso de más de dos horas en su inicio debido a las exigencias de la formación liderada por Yolanda Díaz, concluyó con la firma de ambos textos que buscan dar respuesta a la actual coyuntura económica.
El primer decreto, centrado en el ámbito energético, incorpora medidas directas de alivio para los consumidores, entre ellas una rebaja del 10% en el impuesto sobre los combustibles, la reducción de varios tributos vinculados a la electricidad y la ampliación del número de hogares que podrán acogerse al bono social eléctrico.
El Gobierno defiende que este bloque pretende contener el impacto de la subida de precios en los sectores más vulnerables y proteger la capacidad adquisitiva de la población durante los próximos meses.
El segundo decreto, dedicado a vivienda y supervisión de beneficios corporativos, recoge las iniciativas que Sumar había situado como línea roja en el proceso negociador.
Además de las medidas dirigidas al mercado inmobiliario —en un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales vectores de desigualdad—, el texto incorpora un nuevo mecanismo de vigilancia de márgenes empresariales, con el objetivo de detectar y frenar posibles incrementos de beneficios considerados “injustificados”.
Una herramienta que cobra especial relevancia ante la volatilidad generada por la actual guerra de Irán y su impacto sobre los mercados.
Según fuentes de la coalición, la aprobación de ambos decretos en paralelo ha sido la “llave” que ha permitido salvar el último escollo político y avanzar hacia una respuesta institucional que consideran urgente.
“La situación inflacionista y la inestabilidad global exigen actuar con responsabilidad y celeridad”, insisten desde el Ejecutivo, convencido de que estas medidas permitirán ganar tiempo mientras se buscan soluciones más estructurales.
Europa marca límites y los partidos cruzan vetos
Pedro Sánchez regreso de Bruselas con indicaciones de la Comisión Europea para no desviarse del control del déficit. La UE, centrada en preservar la estabilidad presupuestaria, mantiene reticencias a medidas generalizadas de gasto como subsidios masivos a carburantes o ampliaciones amplias del escudo social.
PP, Junts y PNV reclaman rebajas fiscales, mientras que Sumar y otros aliados de la izquierda exigen reforzar el escudo social y retomar medidas rechazadas anteriormente por el Congreso.
Moncloa ha mantenido una ronda exprés de contactos con agentes sociales, sectores productivos y partidos, en busca de un equilibrio que evite repetir el fracaso de anteriores decretos.
El Gobierno no quería exponerse a una derrota parlamentaria en mitad de un contexto bélico y de fuerte presión económica.
El movimiento por la vivienda vienen alertando de un “escenario crítico” por fin del escudo social que no fue prorrogado por el Congreso el pasado mes de febrero con los votos en contra de PP, Vox y Junts, con miles de desahucios pendientes y subida de precios energéticos por Irán.
La Plataforma Ni un Desahucio Más, que agrupa a sindicatos, ecologistas y asociaciones de consumidores, exigen la recuperación inmediata del escudo social para prohibir desahucios sin alternativas habitacionales y compensaciones a pequeños propietarios, además del cese de los cortes de luz, gas y agua, así como la prórroga de los descuentos del bono social energético durante 2026.
Las organizaciones sindicales, en materia laboral, exigen prohibir despidos en empresas receptoras de ayudas públicas y reforzar la protección en sectores especialmente afectados, como transporte y producción.
También piden medidas focalizadas —como ayudas directas y apoyo específico al transporte— y un espacio estable de diálogo social, con transparencia y justificación económica de las intervenciones públicas, para garantizar la eficacia y evaluación continua de las medidas.
La guerra en Irán ha reactivado temores sobre el suministro energético global y su impacto inflacionario. El bloqueo parcial del estrecho de Ormuz ha disparado el precio del Brent por encima de los 100 dólares, pese a la mayor liberación de reservas estratégicas de la historia por parte de la Agencia Internacional de la Energía.
Redacción de Noticias Obreras.
