El plan de ayudas económicas por la guerra en Irán supera el trámite parlamentario con el rechazo de Vox
El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el real decreto-ley de ayudas fiscales para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán, con el único voto en contra de Vox, la abstención del Partido Popular y Podemos, y el respaldo del resto de grupos parlamentarios.
El texto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, ya estaba en vigor, como establece la legislación para este tipo de normas, pero debía ser ratificado en un plazo máximo de treinta días. Con esta convalidación, el paquete de medidas queda consolidado como la primera respuesta institucional ante el impacto económico del conflicto en Oriente Medio.
Un paquete de 5.000 millones con 80 medidas
El decreto contempla un conjunto de 80 medidas y moviliza 5.000 millones de euros con el objetivo de contener la subida de los precios y sostener la actividad económica. Entre las principales decisiones figura la rebaja del IVA del 21% al 10% en carburantes, electricidad, gas natural, briquetas y pellets, así como la congelación del precio máximo de la bombona de butano y el propano.
A estas medidas se suma la reducción de los impuestos que afectan al precio de la gasolina y el gasóleo hasta el mínimo permitido por la normativa europea. En el caso de la electricidad, además de la rebaja del IVA, se incluye la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al 0,5%, también en su nivel mínimo comunitario.
Apoyo a sectores afectados y control de precios
El decreto incorpora medidas específicas para los sectores más afectados por la escalada de precios, como el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca. Entre ellas destaca una ayuda de veinte céntimos por litro de gasóleo profesional, que será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes.
Asimismo, se contempla una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, con el objetivo de sostener la actividad de estos sectores y contener el impacto en los precios de los alimentos.
En paralelo, el plan refuerza los mecanismos de control público sobre los mercados energéticos. Se dota a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de mayores capacidades de supervisión y sanción, y se habilita al Consejo de Ministros para limitar los beneficios de las empresas de suministro de combustible si fuera necesario.
Además, se establece un mayor control sobre los márgenes empresariales en el sector energético, con el fin de evitar prácticas abusivas en un contexto de elevada tensión internacional.
Protección del empleo y condiciones a las empresas
El paquete incluye también medidas laborales orientadas a proteger el empleo. En concreto, se prohíbe a las empresas realizar despidos objetivos alegando causas económicas vinculadas a la guerra en Oriente Próximo, especialmente en el caso de aquellas compañías que reciban ayudas públicas en el marco de este plan.
Esta medida busca evitar que el impacto de la crisis recaiga directamente sobre las personas trabajadoras y reforzar los mecanismos de estabilidad laboral en un contexto de incertidumbre económica.
Impulso al autoconsumo y transición energética
El decreto incorpora un bloque de medidas de carácter estructural orientadas a acelerar la transición energética. Entre ellas figuran deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para la instalación de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos, bombas de calor y sistemas de climatización eficiente.
Asimismo, se establecen deducciones del 15% en el IRPF para la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, con el objetivo de fomentar una movilidad más sostenible y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
La decisión del Congreso de tramitar el decreto como proyecto de ley abre la puerta a que los grupos parlamentarios introduzcan enmiendas y ajustes en el contenido de las medidas. Un proceso que permitirá debatir en mayor profundidad el alcance del plan y su adecuación a las necesidades sociales y económicas derivadas del conflicto.
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Redacción de Noticias Obreras.
