El movimiento sindical europeo reclama el cumplimiento escrupuloso de la directiva sobre salarios mínimos
El movimiento sindical europeo exigen la aplicación de la directiva europea de salarios mínimos y anuncian que la reciente sentencia europea no es el final sino el principio de la movilización por su implementación en todos los Estados miembros.
La conferencia organizada por el Instituto Sindical Europeo (ETUI) y celebrada bajo el lema “La lucha después de la victoria: hacer realidad la igualdad salarial y el salario mínimo”, al amparo del instrumento de seguimiento creado por la Confederación Europea de Sindicatos Wage‑Up, sirvió para reclaman la extensión de la negociación colectiva y el cumplimiento de los derechos sociales, ante los riesgos de regresión que atraviesa Europa.
Las secretarias confederales de la CES, Tea Jarc e Isabelle Schömann, encargadas de la presentación y moderación, situaron el debate en un contexto político marcado por presiones empresariales y por intentos explícitos de frenar el avance normativo en materia salarial y de igualdad. Ambas advirtieron de que la aprobación legislativa “solo fue el primer paso” y que la verdadera disputa se libra ahora en la implementación efectiva de las directivas.
Uno de los debates centrales fue el recurso presentado por Dinamarca, inicialmente apoyado por Suecia, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la Directiva de Salarios Mínimos Adecuados. Los gobiernos recurrentes cuestionaban si la UE tenía competencias para intervenir en materia salarial.
La sentencia, tal como recordaron los ponentes, fue “inequívoca”: la Unión sí puede fijar un marco que promueva salarios mínimos adecuados y refuerce la negociación colectiva, siempre respetando los modelos nacionales. El fallo confirmó la validez jurídica de la Directiva, reforzando la dimensión social del proyecto europeo y desactivando el principal argumento de quienes pedían su revisión.
Sin embargo, durante el proceso judicial, varios Estados miembros utilizaron el recurso como justificación para retrasar la transposición. A día de hoy, recordaron los expertos del ETUI, persisten incumplimientos de plazos y siguen sin presentarse numerosos planes de acción obligatorios para fortalecer la negociación colectiva. La conclusión de la conferencia fue clara: “La sentencia no cierra el debate; lo abre. Ahora empieza la exigencia de cumplimiento”.
La transposición no puede diluir derechos
La Confederación Europea de Sindicatos defendió con firmeza que las directivas europeas deben transponerse como un suelo mínimo obligatorio. “No pueden servir para reabrir debates ya cerrados ni para vaciar normas aprobadas democráticamente”, subrayaron sus representantes. La CES insistió en que la Comisión Europea debe garantizar el cumplimiento y evitar que la presión empresarial culmine en recortes normativos bajo el argumento de una supuesta “simplificación” regulatoria o del denominado procedimiento ómnibus.
El análisis presentado en Wage‑Up evidenció fuertes divergencias entre Estados miembros y sirvió para identificar tres problemas principales, la escasa cobertura sindical de los pactos salariales que apenas llegan al 10% de la población asalariada, la voluntad de los Gobiernos de limitarse al estricto cumplimiento formal de la directivas sobre salarios y los retrasos intencionados en la puesta en marcha de los planes de acción para reforzar la negociación colectiva.
Sin embargo, las organizaciones sindicales entienden el diálogo social como “un elemento estructural del modelo social europeo”, al tiempo que alertaron de que que “sin negociación colectiva fuerte no hay salarios adecuados”.
Transparencia salarial: igualdad real frente a presiones de competitividad
La Directiva de Transparencia Salarial debe transponerse antes de junio, pero su despliegue político está encontrando resistencias. El mensaje de Wage‑Up fue rotundo: “La transparencia no es burocracia, es igualdad real”. Sin medidas vinculantes, reiteraron las eurodiputadas, no será posible reducir la brecha salarial de género.
La socialista Evelina Regner denunció que reabrir normas ya aprobadas supone “una erosión institucional inaceptable” y vinculó la resistencia a la transparencia con “una cuestión de poder y control, no de técnica”.
Desde la izquierda, Özlen Demirel alertó del riesgo de retrocesos si cambian las mayorías políticas. Jana Toom (Renew) señaló la tendencia a sustituir legislación por simples recomendaciones, lo que consideró un “camino hacia la desregulación social”.
Por su parte, Benedetta Scuderi (Greens) relacionó la independencia económica de las mujeres con la lucha contra la violencia de género y criticó la proliferación de estrategias “sin presupuesto ni normativa”.
La falsa dicotomía falsa entre competitividad y derechos
El debate dejó un consenso transversal: la competitividad económica no es incompatible con los derechos sociales. Al contrario, la negociación colectiva, los salarios adecuados y la protección social constituyen un factor de cohesión y estabilidad para el crecimiento europeo.
Los participantes lanzaron una advertencia compartida: aunque el TJUE ha confirmado la competencia social europea y las directivas están en vigor, el riesgo ahora es su debilitamiento durante la aplicación nacional.
La vigilancia sindical, el control parlamentario y la movilización social serán decisivos para garantizar que se amplía la cobertura de los convenios, se refuerza la negociación colectiva, se reduce la brecha salarial y se protege la independencia económica de las mujeres.
La delegación de USO (representada por María Recuero, secretaria general de USOC y miembro del Comité de Mujeres de la CES, y por Carmen Alejandra Ortiz, secretaria confederal de Internacional y Desarrollo Sostenible) reafirmó su compromiso con “una Europa social fuerte, basada en derechos vinculantes, igualdad real y negociación colectiva como pilar del modelo europeo”.
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