El Gobierno movilizará 5.000 millones de euros, la mayoría reducciones fiscales, contra la crisis por la guerra de Oriente Medio
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido antes los medios para explicar el plan destinado a mitigar los efectos derivados del conflicto en Oriente Medio, El paquete incluye 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros, según señaló el propio jefe del Ejecutivo.
Sin ocultar su “enfado” por las consecuencias de una guerra que, como ha repetido varias veces, “España no avala”, ha insistido Sánchez en que el país está “mejor preparado” que otros para resistir, gracias al crecimiento económico, el rigor fiscal y la apuesta por la descarbonización y electrificación.
“Estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos”, planteó.
Con todo, destacó que el precio del gas en España tan solo ha determinado el coste de la electricidad en un 15% del tiempo durante 2026, un dato que, según afirmó, demuestra el impacto positivo de la transición energética en curso.
El presidente reconoció que “nadie sabe cómo evolucionará la crisis”, señaló, advirtiendo de que su desarrollo podría desembocar en una crisis económica grave. De paso, no dudo en criticar a la oposición y a quienes alientan la contiendan bélica, en concreto, a “responsables políticos que se ponen de perfil y no dicen claro su rechazo a esta guerra”.
“Tienen que saber explicar que ya 5.000 millones de euros es lo que vamos a tener que poner todos los españoles con nuestros impuestos en distintas medidas para proteger al tejido productivo y a las personas más vulnerables”, lanzó.
Sánchez ha apelado a la experiencia acumulada en la gestión de crisis anteriores y ha asegurado que el Gobierno está preparado para movilizar todos los recursos que sean necesarios para proteger a la población y el tejido productivo del impacto económico de esta guerra. Se trata, ha dicho, de “protegernos hoy y avanzar hacia un futuro mejor”.
Para ello, el Gobierno de coalición han diseñado lo que el propio presidente ha calificado, no sin grandilocuencia, como “el mayor escudo social de toda Europa”.
Las iniciativas previstas implican una reducción del 60% en los impuestos vinculados al consumo eléctrico, comenzando por la bajada del IVA en la factura eléctrica del 21% al 10% de IVA, la reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE).
El IVA de los combustibles también se rebaja hasta el 10%, como el del gas natural, ‘pellets’ y leña y se congela el precio máximo de venta de butano y propano.
Este primer decreto amplía hasta diciembre de 2026 todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, mientras que refuerza el bono social térmico y se mantienen la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares vulnerables.
Igualmente, se aplicará una bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para las industrias “expuestas al shock energético” y se recupera la ayuda para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores de 20 céntimos por litro de combustible, que abonará la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra.
Las industrias “expuestas al shock energético” podrán acogerse a una bonificación del 80% en los peajes eléctricos.
Hacienda impulsará deducciones de hasta el 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos enchufables o de pila de combustible, al tiempo que en 2026, las empresas podrán amortizar en el Impuesto de Sociedades las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética. Además, se recuperan las deducciones en el IRPF del 20%, 40% y hasta el 60% para contribuyentes que acometan obras de rehabilitación en viviendas o edificios con el fin de reducir la demanda de calefacción o refrigeración.
En el ámbito municipal, el Gobierno prevé que el IBI pueda bonificarse hasta un 50% para aquellos propietarios que hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico procedentes de la energía solar o de la energía ambiente.
El paquete incorpora también medidas de transparencia y control, reforzando las capacidades de la CNMC para supervisar y sancionar a aquellas empresas que intenten aprovechar las ayudas públicas o incrementar injustamente sus márgenes.
El Ejecutivo subraya que “cada euro de esfuerzo que hacen los contribuyentes debe volver íntegro a ellos” y advierte contra la “codicia” de quienes pretendan obtener beneficios indebidos en plena crisis.
En total, el plan según las estimaciones oficiales, beneficiará de manera directa a 20 millones de hogares y a 3 millones de empresas.
Aunque el Gobierno reconoce que estas medidas no impedirán que los efectos económicos de una “guerra ilegal” lleguen a España, confía en que contribuirán a que su impacto sea “menos lesivo y algo más llevadero”.
Mucho más lacónico ha sido el presidente al anunciar las medidas en materia de vivienda. Apenas ha detallado que el segundo real decreto aprobado en el Consejo de Ministros establece la congelación temporal de los precios del alquiler, similar al de crisis previas.
Ha sido entonces cuando ha reconocido que el Gobierno de coalición no cuenta con “el apoyo de todos los grupos” para aprobar estas medidas.
“No existe aún mayoría parlamentaria para poder convalidar, pero no por ello [el Gobierno] va a renunciar a dar una respuesta a la emergencia habitacional” ha añadido, al tiempo que ha indicado en próximos días o semanas seguirán negociando.
La coalición que forma el Gobierno ha necesitado una dura negociación no exenta de tensiones internas en la coalición, para incorporar una de las principales reivindicaciones del socio minoritario: la prórroga de 600.000 contratos de alquiler que deben renovarse en los próximos meses.
Sumar llevaba meses reclamando esta prórroga al considerar que, sin ella, miles de inquilinos se enfrentarían a incrementos “desorbitados” en plena crisis inflacionaria derivada de la guerra. Se trata de contratos firmados a comienzos de 2021, cuando los precios del alquiler aún estaban contenidos por los efectos de la pandemia.
Sin embargo, ambas fuerzas políticas asumen que las políticas sobre vivienda no superarán el trámite parlamentario por la probable alineación de Junts con Vox y PP. No obstante, Sumar valora que se aplicará durante los próximos 30 días, hasta su votación en el Congreso. Aunque el decreto pueda decaer, obliga a PP y Junts retratarse públicamente.
“Cuando el plan que hemos aprobado hoy entre en vigor, España se convertirá con el mayor escudo social y económico”, ha afirmado Sánchez, quien ha reconocido que “ningún plan por ambicioso que sea puede neutralizar todas las miserias generadas por esta guerra”.
De hecho, ha vuelto a entonar el “no a la guerra”, llegando a detallar que el “plan menos oneroso” contra la crisis energética es el cese de la escalada bélica, por lo que se ha felicitado de que la Unión Europea ayer afirmara que “esta no es nuestra guerra”.
Apoya y cuida Noticias ObrerasTu aportación hace posible un periodismo comprometido con la dignidad del trabajo, la justicia social y la esperanza. Puedes colaborar también a través de Bizum al 13744. Cualquier aportación, por pequeña que sea, suma y nos ayuda a seguir construyendo, día a día, esta mirada compartida al servicio del bien común
Redactor jefe de Noticias Obreras
