El Gobierno movilizará 5.000 millones de euros, la mayoría reducciones fiscales, contra la crisis por la guerra de Oriente Medio
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido antes los medios para explicar el plan de respuesta económica destinado a mitigar los efectos derivados del conflicto en Oriente Medio, El paquete de respuesta incluye 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros, según señaló el propio jefe del Ejecutivo.
Sin ocultar su “enfado” por las consecuencias de una guerra que, como ha repetido varias veces, España no avala, ha insistido Sánchez en que el país está “mejor preparado” que otros para resistir que otras, gracias a su crecimiento económico, rigor fiscal y apuesta por la descarbonización y electrificación.
El presidente advirtió de que la tensión en Oriente Próximo ya está generando “un terremoto económico” que los ciudadanos perciben en el encarecimiento de los combustibles.
En este sentido, destacó que el precio del gas tan solo ha determinado el coste de la electricidad en un 15% del tiempo durante 2026, un dato que, según afirmó, demuestra el impacto positivo de la transición energética en curso.
El presidente reconoce que “nadie sabe cómo evolucionará la crisis”, señaló, advirtiendo de que su desarrollo podría desembocar en una crisis económica grave si no se actúa con rapidez y coordinación.
Sánchez ha apelado a la experiencia acumulada en la gestión de crisis anteriores y ha asegurado que el Gobierno está preparado para movilizar todos los recursos que sean necesarios para proteger a la población y el tejido productivo del impacto económico de esta guerra. Se trata, ha dicho, de “protegernos hoy y avanzar hacia un futuro mejor”.
Entre las iniciativas previstas, se incluye una reducción del 60% en los impuestos vinculados al consumo eléctrico, así como la suspensión del impuesto a la producción, actualmente fijado en el 0,5%.
Para aliviar directamente a los hogares, el Ejecutivo aplicará una rebaja del IVA del 21% al 10% en gas, leña, electricidad, gasóleo y gasolina, además de congelar los precios del butano y el propano.
A partir de diciembre de 2026, el Gobierno tiene previsto extender los descuentos extraordinarios del bono social, reforzar el bono térmico y mantener la prohibición de cortar suministros a los hogares más vulnerables. Estas medidas buscan amortiguar el golpe de la inflación energética sobre las economías domésticas.
La industria, especialmente la más expuesta al encarecimiento eléctrico, recibirá también apoyo específico. Se contempla una bonificación del 80% en los peajes eléctricos, lo que supondrá un ahorro estimado de 200 millones de euros.
Además, se aprobará una ayuda de 20 céntimos por litro para todos los trabajadores del transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca, equivalente —según el Ejecutivo— al coste adicional de la compra de fertilizantes.
Con el objetivo de frenar la escalada de precios en la cesta de la compra, el Gobierno introducirá por ley una mayor flexibilidad en los contratos de suministro energético, de modo que las pymes, trabajadores autónomos y empresas puedan adaptarlos sin asumir costes extra.
El paquete incorpora también medidas de transparencia y control, reforzando las capacidades de la CNMC para supervisar y sancionar a aquellas empresas que intenten aprovechar las ayudas públicas o incrementar injustamente sus márgenes.
El Ejecutivo subraya que “cada euro de esfuerzo que hacen los contribuyentes debe volver íntegro a ellos” y advierte contra la “codicia” de quienes pretendan obtener beneficios indebidos en plena crisis.
En total, el plan según las estimaciones oficiales, beneficiará de manera directa a 20 millones de hogares y a 3 millones de empresas.
Aunque el Gobierno reconoce que estas medidas no impedirán que los efectos económicos de una “guerra ilegal” lleguen a España, confía en que contribuirán a que su impacto sea “menos lesivo y algo más llevadero”.
Muchos más lacónico ha sido el presidente al anunciar las medidas en materia de vivienda. Apenas ha detallado que el segundo real decreto establece la congelación temporal de los precios del alquiler”, similar al de crisis previas.
Ha sido entonces cuando ha reconocido que el Gobierno de coalición no cuenta con “el apoyo de todos los grupos” para aprobar el segundo real decreto. “No existe aún mayoría parlamentaria para poder convalidar, pero no por ello va a renunciar a dar una respuesta a la emergencia habitacional” ha añadido, al tiempo que ha indicado en próximos días o semanas sigan negociando.
“Cuando el plan que hemos aprobado hoy, vigor tras justificación, España se convertirá con el mayor escudo social y económico”, ha afirmado Sánchez, quien ha reconocido que “ningún plan por ambicioso que sea puede neutralizar todas las miserias generadas por esta guerra”.
De hecho, ha vuelto a entonar el “no a la guerra”, llegando a detallar que el “plan menos oneroso” contra la crisis energética es el ceso de la escalada bélica, por lo que se ha felicitado de que la Unión Europea ayer afirmara que “esta no es nuestra guerra”.
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