El Consejo de Ministros prepara el indulto para “las seis de La Suiza”
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el indulto a las seis personas sindicalistas condenadas por el conflicto laboral con la pastelería “La Suiza”, en Gijón, según confirmaron fuentes del Ministerio de Trabajo. La medida, solicitada por el Gobierno asturiano en junio de 2025, llega tras años de movilización social y sindical en defensa de las trabajadoras, conocidas ya como las 6 de La Suiza.
Trabajo sostiene que las conductas por las que fueron condenadas se enmarcan “en un contexto estrictamente laboral”, relacionadas con “el ejercicio de la libertad sindical” y “sin ánimo de cometer delitos”.
En un comunicado remitido a los medios, el departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, subraya que “el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido en todo momento la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en un estado democrático como España”.
La propia Díaz mantuvo en julio de 2025 una reunión con las seis condenadas en Asturias, en la que se comprometió a impulsar desde el Ejecutivo la concesión del indulto. “Hacer sindicalismo no es delito. Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito”, afirmó entonces la vicepresidenta, que reiteró su intención de solicitar la medida de gracia al Gobierno.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, apoyan la decisión del Consejo de Ministros, recordando que “nunca debió producirse la condena”. Ambos líderes sindicales, a través de mensajes en su cuenta de X, subrayan que la defensa de los derechos de los trabajadores “nunca debe ser motivo de condena”.
“Celebramos el indulto, pero hay que recordar que nunca debió producirse esa condena. La acción sindical, la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores nunca debe ser motivo de condena. Es la base de la democracia”, ha expuesto Álvarez.
Por su lado, Unai Sordo ha recordado que, desde las organizaciones sindicales, ya habían manifestado su rechazo a la decisión judicial de enviar a presión a las sindicalistas condenadas por las protestas efectuadas en torno al cierre de la pastelería La Suiza en Gijón.
Una década de juicios y multas
El indulto será efectivo una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, un trámite que pondrá fin a casi una década de recorrido judicial y administrativo. Durante este tiempo, las trabajadoras han tenido que afrontar una sentencia firme del Tribunal Supremo que supuso su ingreso en prisión, aunque algunas accedieron posteriormente al tercer grado.
El caso se remonta a una denuncia por acoso sexual presentada por una ex trabajadora de la pastelería, que fue finalmente archivada por falta de pruebas. En torno a aquel conflicto laboral se articuló la actuación sindical de CNT, centrada —según defienden las condenadas— en labores de negociación y en concentraciones realizadas frente al establecimiento.
El Supremo, sin embargo, avaló la sentencia que consideró delictivas varias acciones vinculadas a la campaña sindical: la convocatoria en redes sociales de protestas ante la pastelería, el reparto de pasquines críticos dirigidos al dueño y la difusión de un vídeo en el que se denunciaban supuestos abusos laborales y sexuales.
El caso provocó una amplia respuesta social en Gijón, con manifestaciones multitudinarias y una inusual unidad sindical en defensa de la absolución primero y del indulto después. Durante años, las plataformas de apoyo han denunciado la desproporción de las condenas y han reivindicado el papel del sindicalismo en la protección de derechos laborales.
Una de las sindicalistas, Jara Cristina, expresaba así su sentir tras la confirmación del indulto: “La rabia y la solidaridad pueden más que las condenas de un poder judicial que huele a naftalina”, afirmó.
Aunque la ley mordaza, todavía vigente, no se aplicó directamente en el caso de las seis de La Suiza, generó un clima hostil que favorece la criminalización de las protestas sociales. Ese ambiente punitivo también ha limitado libertades como la reunión, la manifestación y la acción sindical, al permitir sancionar sin control judicial previo y con multas de hasta 600.000 euros.
Esta arquitectura legal se consolida como un intento de restringir derechos fundamentales y criminalizar la protesta en contextos de conflicto social o laboral. En tales circunstancias, no resultó extraño que un conflicto laboral como el de La Suiza derivara en condenas penales.
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