El capital global está mercantilizando los derechos humanos y destruyendo las bases de la vida
Capitalistas unidos por la codicia acaparan viviendas, adquieren hospitales, residencias de mayores, universidades o tierras de cultivo sin otro afán que el de extraer el máximo beneficio. Tumban gobiernos y precarizan el empleo sin ningún remordimiento.
Un informe elaborado por el Observatori de Derechos Sociales y Justicia Ecológica DESCA confirma la emergencia de estas nuevas alianzas de rentistas sin fronteras y su impacto en la vulneración de derechos fundamentales y la destrucción del entorno natural.
Junto a las grandes empresas transnacionales, cuyas primeras manifestaciones históricas datan del siglo XVII, los fondos de inversión se han convertido en agentes principales de la mercantilización de la vida y la desregulación normativa que deja indefensa a las personas, comunidades y Estados.
En las últimas décadas, la compraventa colectiva de activos financieros se ha disparado muy por encima de las inversiones en la economía productiva, otorgando a los fondos de inversión un dominio clave sobre áreas tan sensibles como la vivienda, la alimentación, el acceso a la tierra o incluso los servicios sociales básicos.
La investigación titulada “El capital no discrimina: los fondos de inversión en la vivienda, la alimentación y el trabajo” documenta el papel de las finanzas globales en el desmantelamiento de los derechos humanos.
El valor de todos los activos gestionados financieramente en el mundo sigue creciendo a un ritmo acelerado. En 2023 el volumen global de activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés) alcanzó los 128,9 billones de dólares, una cifra equivalente al 121% del PIB mundial de ese año.
Dentro de ese universo, los activos alternativos —categoría que integra inversiones en bienes reales como infraestructuras y vivienda— sumaron 19,9 billones de dólares en 2023. Las previsiones apuntan a que esta tendencia continuará al alza: según PwC, para 2028 el total de activos gestionados alcanzará los 171 billones de dólares, mientras que los alternativos crecerán hasta 28,5 billones.
En paralelo, el valor de los activos específicamente invertidos en infraestructuras básicas —incluyendo redes energéticas, transporte, agua y equipamientos sociales como hospitales, universidades o residencias— también se ha disparado. Datos del Global Infrastructure Hub indican que entre 2010 y 2021 el volumen de inversión en este sector se cuadruplicó, pasando de 34.000 millones de dólares a 129.000 millones.
El economista Brett Christophers, que busca una medición más precisa que la basada únicamente en los activos gestionados eleva aún más la dimensión del fenómeno. Sus cálculos estiman que los gestores de activos controlan infraestructuras y vivienda por un valor total de 4 billones de dólares, de los cuales 3 billones corresponden a infraestructuras y 1 billón a vivienda.
El análisis elaborado por Marta Ribera Carbó, Miguel Ruiz, Irene Escorihuela Blasco y Sofia Alorda Fernández denuncia que fondos de pensiones, aseguradoras, gestoras de activos, bancos, multinacionales y grandes patrimonios individuales aprovechan “vacíos legales y la falta de regulación internacional” para armar complejos esquemas financieros que les permiten extraer riqueza de activos reales sin contribuir a su desarrollo.
La financiarización, una vuelta de tuerca más
Estas estructuras de inversión siguen la estela de compañías tristemente conocidas por su pasado colonial como United Fruit Company en América Latina, Royal DutchShell en Nigeria o Chevron en Ecuador, aplicando nuevas formas de imperialismo.
Las grandes corporaciones han profundizado sus tradicionales prácticas depredadoras tanto en el norte como en el sur y alumbrado nuevas formas de explotación.
“Los mercados financieros han asumido gran parte del control del entramado empresarial global”, un fenómeno conocido como financiariazación, gracias a la cual “las infraestructuras necesarias para garantizar los derechos humanos se han convertido en un producto para la inversión financiera”.
Los autores del estudio explican que la financiarización “sólo puede funcionar a través de la compra y venta en los mercados financieros de bienes que han sido previamente mercantilizados”, lo que ocurrido incluso con aquellas infraestructuras necesarias para el sostenimiento de la vida.
Esa sí como la vivienda, las infraestructuras de agua, energía o transporte, las tierras agrícolas pasan a considerarse principalmente como bienes de inversión en lugar de bienes que cumplen una función social.
Los 300 inversores institucionales más grandes del mundo gestionaban activos por un valor de mercado de 22,6 billones de dólares, el 21% del PIB mundial. Se trata de fondos de pensiones, soberanos y aseguradoras, que reúnen también a consumidores corrientes que esperan intereses por sus depósitos.
La literatura científica apunta a la responsabilidad de los fondos de pensiones de Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA) en Estados Unidos, el National Pensiones Service en Corea del Sur, o el Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS) en Canadá, junto con las aseguradoras con alta capacidad de inversión Allianz o AXA, como responsables en parte de la privatización de los sistemas públicos de protección social.
La liberalización de las pensiones que favoreció la constitución del fondo Superannuation Trust of Australia ha jugado un papel importante en la financiarización de las infraestructuras en el país austral.
La aparición de firmas especializadas en la gestión de activos, a los que se les confía el capital de los fondos colectivos, ha acelerado el proceso. En el sector de la vivienda resultan familiares nombres como Blackstone, BlackRock, Vanguard, Brookfield, KKR o MacQuire, que llegan a actuar como una banca paralela o en la sombra, al utilizar refugios fiscales para escapar del control público.
La banca comercial, los fondos patrimoniales inmobiliarios, las empresas de capital de riesgo o incluso empresas no financieras que dedicada cada vez un parte mayor para de sus balances a estos instrumentos financieros que convierten en beneficios particulares las necesidades más básicas.
Los fondos buitres aplican prácticas cada vez más agresivas para aumentar los retornos monetarios, estableciendo un patrón que imitan, a menudo sin saberlo, pequeños ahorradores y rentistas modestos.
El extenso informe sintetiza años de investigación y denuncias de comunidades afectadas, plantea reformas de carácter transversal, sectorial y normativo con el objetivo común de “desmercantilizar la vida” y recuperar el control democrático sobre sectores estratégicos.
Acción política y control democrático
Para revertir esta tendencia, los autores de la investigación proponen reforzar la provisión directa, pública y universal de servicios esenciales, blindando presupuestos suficientes y excluyendo al capital de inversión de sectores vinculados a derechos humanos.
Limitar la inversión únicamente en áreas concretas —advierten— solo desplaza las prácticas especulativas a otros ámbitos, por lo que reclaman medidas globales contra el capital financiero que opera en estos sectores.
El documento también llama a fortalecer la banca pública como herramienta estratégica para canalizar ahorro y recursos hacia sectores productivos y sociales. Esta propuesta se fundamenta en la idea de que muchas administraciones carecen de liquidez para afrontar infraestructuras esenciales, por lo que deberían poder acceder a préstamos públicos con condiciones favorables.
En este sentido, se insiste en mantener o recuperar la gestión pública de las pensiones, dado que la privatización ha sido uno de los principales vectores de expansión del capital financiero global hacia infraestructuras que garantizan derechos fundamentales. La gestión pública —apuntan— no es un antídoto automático contra las vulneraciones, pero sí permite mayor transparencia, participación social y la incorporación de cláusulas ambientales y sociales en los proyectos financiados.
Medidas antiespeculativas por sectores
Ante el impacto inmediato de los fondos de inversión en territorio, el informe destaca la necesidad de medidas urgentes que desincentiven la especulación. Estas políticas, ya impulsadas por diversos gobiernos locales y movimientos sociales, incluyen límites a la inversión extranjera en sectores estratégicos y mecanismos más estrictos de transparencia sobre la relación entre responsables públicos y representantes corporativos.
Asimismo, propone prohibir la participación directa de actores económicos cuando exista conflicto de intereses en procesos regulatorios clave.
Otro eje central es la demanda de marcos legales vinculantes que obliguen a las empresas transnacionales —incluido el sector financiero— a respetar los derechos humanos. El informe defiende que estos tratados deben prevalecer sobre los acuerdos de comercio e inversión y pide la eliminación de los mecanismos de controversias entre inversores y Estados, que permiten a empresas demandar a estados ante tribunales arbitrales privados.
También reclaman mecanismos efectivos para ejecutar sentencias contra empresas con operaciones transnacionales y que estas decisiones tengan consecuencias en su acceso a la contratación pública. Como ejemplo, citan la futura Ley del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, actualmente en tramitación parlamentaria.
El documento reclama reforzar herramientas fiscales como la Tasa Tobin o el impuesto mínimo global a multinacionales, así como avanzar en gravámenes sobre grandes fortunas y en impuestos adicionales cuando la adquisición de bienes tenga fines especulativos. También proponen crear sistemas públicos internacionales para rastrear entramados empresariales y beneficiarios finales, en línea con iniciativas de Naciones Unidas.
Democratización y fortalecimiento de modelos público‑comunitarios
Finalmente, las organizaciones llaman a ampliar los espacios de decisión democrática en torno a la economía territorial. Abogan por fortalecer proyectos público‑comunitarios, garantizar la participación vinculante de comunidades afectadas y reconocer su derecho a vetar macroproyectos que puedan generar impactos irreversibles.
La democratización económica —aseguran— no solo previene vulneraciones, sino que reduce la concentración de poder y, con ello, la capacidad de los discursos extremistas de capitalizar el descontento social.
Redactor jefe de Noticias Obreras
