Diez años sin Berta Cáceres: exigen verdad, justicia y reparación ante la persistente impunidad
Diez años después del asesinato de defensora del territorio Berta Cáceres, un total de 170 organizaciones ecologistas, pacifistas y de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han reivindicado su memoria bajo el lema “Justicia para Berta es justicia para el mundo”.
Las entidades convocantes –entre ellas Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Fundación Abogacía Española, IM-Defensoras, Movimiento por la Paz y ICID– organizaron actos en varias ciudades del Estado español con el objetivo de exigir verdad, justicia y reparación, además de crear “un espacio para honrar su memoria y reivindicar su legado de lucha por la tierra, los ríos y los derechos de los pueblos indígenas”.
En el día exacto que marca una década del crimen de la lideresa lenca se celebraron concentraciones en Bilbao y Madrid, mientras que en Oviedo tuvo lugar una ofrenda floral. A lo largo de la semana se desarrollarán más actos en Sevilla, Puerto Real, Chiclana, Barcelona, Zaragoza y Palma de Mallorca, como parte de una agenda descentralizada de homenaje.
En Madrid, las organizaciones de la Red de Defensoras de Derechos Humanos se concentraron frente a la Embajada de Honduras para denunciar “la persistente impunidad y la falta de responsabilidades contra los autores intelectuales, políticos y empresariales que hicieron posible el asesinato, pese a las condenas dictadas contra algunos responsables materiales”.
Durante la protesta entregaron una carta dirigida al embajador hondureño, firmada por las 170 organizaciones, en la que exigen “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para la familia de Berta Cáceres y el COPINH”, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
Las plataformas advierten de que “diez años después, las estructuras de poder que persiguieron y silenciaron a Berta Cáceres siguen en gran parte impunes”, y reclaman que se investigue y sancione a todos los responsables. También expresaron su solidaridad con la familia de la lideresa, con el COPINH –la organización que Cáceres lideraba– y con el pueblo lenca, denunciando además la “violencia sistemática” que afecta a comunidades y defensores del territorio en Honduras y en toda América Latina.
En este contexto, recordaron que entre 2012 y 2024 más de 2.250 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en la región, según la organización Global Witness.
Las entidades señalaron que el asesinato de Cáceres “es el resultado de una operación criminal organizada, planificada y ejecutada”, y alertaron de que los intereses económicos que impulsaron su muerte siguen vigentes: “Su legado muestra cómo los intereses capitalistas, locales y transnacionales se imponen por encima de la defensa de los recursos naturales”.
Advirtieron, además, de que estas dinámicas continúan amenazando a quienes hoy sostienen luchas socioambientales frente a proyectos extractivos.
Nueva ofensiva contra la familia
La conmemoración coincidió también con la denuncia pública del Consejo Cívico, que el pasado 26 de febrero alertó de una nueva ofensiva contra la organización y la familia de Cáceres.
Según el comunicado, miembros de la familia Atala, vinculada al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, han lanzado campañas de difamación y ataques digitales contra el COPINH desde que en diciembre de 2023 se emitiera una orden de captura contra Daniel Atala Midence, gerente financiero del proyecto, actualmente prófugo.
El análisis técnico de la organización identifica a Carolina Atala Midence como promotora de estos ataques, incluso desde su perfil en X, donde, según la organización popular, se incita al odio y la estigmatización.
El COPINH vincula esta campaña con “acciones de manipulación mediática” destinadas a ocultar las conexiones de la familia Atala con el crimen, como reveló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Asimismo, responsabiliza directamente a los miembros de esta familia de cualquier agresión contra la organización o contra los hijos e hijas de Cáceres, a la vez que exige al Estado hondureño una investigación rigurosa.
El comunicado recuerda también el atentado con arma de fuego ocurrido en noviembre de 2025 en el Centro Utopía, en La Esperanza, un hecho aún sin esclarecer, y subraya que los hostigamientos no son aislados.
Documentaciones de redes de derechos humanos, como IM-Defensoras, registran un largo historial de vigilancia, violencia policial, filtraciones de datos, dilaciones judiciales, amenazas y ataques contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras desde el asesinato de su lideresa.
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