¿Cómo es el escudo social ante la crisis de Oriente Medio?

El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas para hacer frente al impacto económico y social de la guerra en Oriente Medio.

Este “escudo social” se ha publicado este sábado en el BOE mediante dos normas: el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que recoge el Plan Integral de Respuesta, y el Real Decreto-ley 8/2026, centrado en el alquiler de vivienda.

Ambos textos responden a una misma lógica: proteger a la población, especialmente a los hogares más vulnerables,  y sostener la actividad económica ante el encarecimiento de la energía y los combustibles.

El propio decreto justifica estas medidas por las “consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra de Irán” y su carácter “urgente y extraordinario”. Las estimaciones del Gobierno es movilizar 5.000 millones de euros para este paquete de medidas.

A continuación, las principales medidas:

Energía: más descuentos y protección frente a cortes

Se refuerza la protección directa de los hogares con menos recursos frente a la subida de la energía.

• El bono social eléctrico se mantiene durante 2026: 42,5% de descuento para consumidores vulnerables 57,5% para vulnerables severos.
• Se obliga a regularizar facturas si no se aplicaron correctamente los descuentos desde febrero.
• El bono social térmico eleva su ayuda mínima a 50 euros.
• Se prohíben los cortes de luz, gas y agua a hogares vulnerables hasta finales de 2026.

Impuestos: energía y combustibles más baratos

Se intenta frenar la subida de precios reduciendo la carga fiscal.

• El IVA de la electricidad baja del 21% al 10% para la mayoría de hogares.
• También se aplica el 10% al gas, biomasa, leña y carburantes hasta junio de 2026.
• El Impuesto Eléctrico se reduce al 0,5% (mínimo legal).
• Se rebaja el Impuesto sobre Hidrocarburos en varios combustibles.

Transporte: ayudas directas al combustible

Se evita que el encarecimiento del transporte repercuta en toda la economía.

• Ayuda de 0,20 €/litro de gasóleo para transportistas profesionales.
• Subvenciones para autónomos que no acceden a la devolución del impuesto.
• Línea de avales de hasta 2.000 millones de euros para financiar combustible.
• Apoyo al transporte marítimo (30 millones adicionales).

Empresas e industria: menos costes energéticos

Se busca que las empresas mantengan actividad y empleo.

• Reducción del 80% en peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
• Posibilidad de adaptar contratos de electricidad y gas sin penalizaciones.
• Impulso a proyectos estratégicos de inversión.

Campo y pesca: apoyo ante el aumento de costes

Se intenta sostener la producción alimentaria y el medio rural.

• Ayudas por el encarecimiento del gasóleo agrario.
• Apoyo por la subida de fertilizantes.
• Medidas para el sector pesquero (energía y tasas).

Empleo: límites a los despidos

Se prioriza mantener el empleo frente a ajustes empresariales.

• Las empresas que reciban ayudas no podrán despedir por causas ligadas a la crisis hasta junio de 2026.
• Si lo hacen, deberán devolver las ayudas.

Movilidad al trabajo: planes obligatorios y sostenibles

Las ayudas públicas se vinculan a cambios en la organización del trabajo y a una movilidad más sostenible.

• Se adelanta 12 meses la obligación para empresas y entidades públicas de elaborar planes de movilidad al trabajo.
• Estos planes deberán incluir medidas como: transporte colectivo, movilidad activa, reducción de emisiones, movilidad compartida, teletrabajo
• Las empresas que reciban ayudas públicas y no cumplan esta obligación deberán devolverlas.

Renovables y autoconsumo: menos dependencia energética

Se intenta reducir la dependencia de energía exterior a medio plazo.

• Impulso al autoconsumo colectivo (hasta 5 km de distancia).
• Apoyo a comunidades energéticas.
• Creación de zonas de aceleración para renovables.

 Vivienda: freno a la subida del alquiler

El segundo decreto introduce medidas específica que se evita que la inflación energética se traslade al precio del alquiler:

• Prórroga de contratos de alquiler hasta 2 años adicionales.
• Límite del 2% en la subida anual del alquiler hasta 2027.

El escudo social combina cuatro objetivos: Aliviar el impacto inmediato (energía e impuestos); sostener la economía (empresas, transporte, campo); proteger a las personas (empleo y alquiler); reducir la dependencia energética (movilidad y renovables)

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