CCOO carga contra el reglamento migratorio avalado por conservadores y ultras en el Parlamento Europeo
El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado con contundencia el “giro ultra” que, a su juicio, está tomando la política migratoria de la Unión Europea, después de que el Parlamento Europeo aprobara el Reglamento de Retornos con los votos del Partido Popular Europeo y de la extrema derecha
El Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Retornos, una de las piezas clave del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. La medida salió adelante gracias al apoyo del Partido Popular Europeo (PPE) y de los grupos de extrema derecha, pese al rechazo de socialistas, liberales, verdes y La Izquierda, que alertan de que el texto vulnera derechos fundamentales.
La votación abre la fase final de negociación entre Parlamento y Consejo, con el objetivo de cerrar un texto común antes de junio, cuando el Pacto migratorio entrará plenamente en vigor.
La aprobación ha estado rodeada de acusaciones entre los grupos proeuropeos, especialmente tras conocerse que el PPE mantuvo conversaciones con partidos situados a su derecha, incluido Alternativa por Alemania (AfD). La revelación de un grupo de coordinación vía WhatsApp provocó malestar incluso en Berlín.
Para la eurodiputada socialdemócrata Birgit Sippel, la votación supone “la ruptura de un nuevo tabú”, ya que “el cortafuegos a la derecha no solo se está desmoronando, sino que ya se ha derrumbado”.
Organizaciones como PICUM (siglas en inglés de Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados) advierten que el reglamento “normaliza el abuso que hemos visto con ICE en Estados Unidos”.
El texto valida la creación de centros de deportación en países fuera de la UE, denominados “hubs de retorno”, a los que podrán ser enviadas incluso familias con menores, aunque no los menores no acompañados. Estos centros podrán ubicarse en países sin vínculo alguno con las personas deportadas.
El reglamento también obliga a las personas con orden de salida a cooperar activamente con las autoridades, elimina motivos humanitarios —como enfermedades graves o lazos familiares— para aplazar deportaciones, además de permitir detenciones de hasta 24 meses para quienes no cooperen o puedan fugarse y abrir la puerta a prohibiciones de entrada de por vida.
Avance de la agenda de extrema derecha
CCOO considera que la UE está construyendo “un marco europeo en el que se prioriza la vigilancia policial y las deportaciones masivas, frente a la integración laboral de las personas migrantes y el respeto a los derechos humanos”.
Así mismo, afea que se destinen “recursos ingentes a sistemas de vigilancia, que pueden llegar a vulnerar derechos fundamentales”, mientras se olvidan los medios destinados a la convivencia y la integración.
Esta deriva en las políticas migratorias suponen, en su opinión, un abandono de los valores fundacionales de la UE y la aceptación de la agenda marcada el nacionalpopulismo.
“Resulta muy preocupante que el Partido Popular Europeo se alinee con las posiciones radicales de la extrema derecha europea”, dejando de lado las vías regulares para la inmigración, el asilo seguro y también de forma alarmante la inclusión e integración de trabajadoras y trabajadores.
CCOO alerta de que el reglamento ampara “redadas y perfilamiento racial en espacios públicos y privados”, permite la detención de menores y abre la puerta a “centros de detención en el extranjero”, externalizando la gestión migratoria a países donde los derechos humanos no están garantizados.
Además, el sindicato rechaza cualquier intento de obligar al personal de servicios públicos a “delatar a las personas en situación administrativa irregular”, una medida que considera incompatible con la ética profesional.
La organización reclama que el cribado previo a la entrada “no reduzca las salvaguardias legales ni el principio de no devolución”, y reclama mecanismos públicos de salvamento marítimo, así como el fin de las persecuciones a los agentes humanitarios.
Por último, el sindicato reivindica un sistema de reparto de responsabilidades real entre los Estados, no la “solidaridad selectiva que permite pagar para no acoger”.
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