Casi 200 entidades sociales piden frenar la aplicación provisional del acuerdo UE‑Mercosur
Un total de 170 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y campesinas han remitido una carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, para exigir que se detenga la aplicación provisional del acuerdo UE‑Mercosur.
Las entidades reclaman que no se active antes de que el Parlamento Europeo se pronuncie y de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita su dictamen sobre las cuestiones jurídicas planteadas.
En el documento, las organizaciones de varios Estados miembros de América del Sur, así como de ámbito internacional, recuerdan que el tratado lleva años enfrentando una “fuerte contestación social” por sus impactos previstos en ambos lados del Atlántico, desde la agricultura familiar y los derechos laborales hasta los servicios públicos, la seguridad alimentaria y la deforestación acelerada en América Latina.
“Aplicarlo provisionalmente sin esperar al Parlamento Europeo y sin conocer la opinión del Tribunal es un desprecio frontal a los procedimientos democráticos europeos”, denuncia la campaña.
Según las organizaciones, la Comisión busca blindar los capítulos comerciales, mientras evita abordar el debate político de fondo y “minimiza la oposición social creciente” en varios países de la UE.
Las entidades recuerdan además que la tramitación del acuerdo ya ha estado marcada por “decisiones polémicas”, como la exclusión de los parlamentos nacionales del proceso de ratificación o la aprobación en el Consejo de la UE sin unanimidad, algo inédito en tratados de este alcance. “Estamos ante un precedente extremadamente peligroso: convertir la política comercial en un ámbito inmune al control democrático real”, advierten.
Impactos sociales, económicos y climáticos
Entre las organizaciones firmantes —entre ellas Attac, Ecologistas en Acción o Setem— se subraya que el acuerdo consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas comerciales largas y altamente emisoras.
Un modelo que, sostienen, es incompatible con los compromisos climáticos europeos y que aumentaría la presión competitiva sobre sectores agrarios y ganaderos europeos ya golpeados por la volatilidad de precios y la creciente concentración corporativa.
En América Latina, alertan de que el acuerdo incentivaría la expansión de monocultivos y ganadería industrial vinculados históricamente a procesos de deforestación y a conflictos socioambientales.
“Mientras la ciudadanía exige una transición ecológica justa, soberanía alimentaria y protección del empleo, la Comisión insiste en un tratado anclado en la lógica del libre comercio sin límites”, sostienen.
La campaña Stop UE-Mercosur reclama revertir la aplicación provisional del tratado, respetar el voto del Parlamento Europeo y esperar al pronunciamiento del TJUE. Asimismo, exige la apertura de un debate público real sobre los impactos sociales, laborales y climáticos del acuerdo, así como sobre el rumbo general de la política comercial europea.
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