Aprobada la Ley Integral de Impulso de la Economía Social con un amplio respaldo del sector
El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la Ley Integral de Impulso de la Economía Social (LIIES), una norma que cuenta con el aval de las principales organizaciones que lo integran. Estas reformas buscan actualizar el ecosistema jurídico de un ámbito económico que ya supone el 11,1% del PIB y comprender un entramado de 127.532 empresas, de las que dependen 2,25 millones de empleos directos e indirectos.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, agradeció durante el debate parlamentario el apoyo de los grupos que “han entendido la importancia de la Economía Social”, subrayando que la aprobación de la ley “quizás no hace tanto ruido como otras, pero dice mucho sobre el país que queremos construir”.
La LIIES introduce cambios en cuatro leyes clave (la Ley de Cooperativas, la Ley de Empresas de Inserción, la Ley de Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas) y presenta avances significativos para fórmulas innovadoras como la vivienda cooperativa en cesión de uso, las comunidades energéticas y el comercio justo.
Por primera vez, determinadas cooperativas de vivienda en cesión de uso serán reconocidas como especialmente protegidas, siempre que mantengan la propiedad colectiva, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos.
La reforma también actualiza la Ley de Cooperativas de 1999, digitalizando los procedimientos internos, ampliando los derechos digitales de las personas socias y reforzando el principio de igualdad mediante nuevas obligaciones de planes de igualdad y presencia equilibrada.
Otro avance relevante es el endurecimiento de los criterios de descalificación administrativa para combatir el intrusismo y evitar que entidades ajenas utilicen la apariencia cooperativa sin respetar sus principios.
En el ámbito de la inserción laboral, la ley modifica la Ley 44/2007 para actualizar la definición de colectivos en situación de vulnerabilidad y evitar su estigmatización. También adapta los itinerarios de inserción a la lógica de la contratación indefinida tras la reforma laboral.
Asimismo, la reforma de la Ley 5/2011 clarifica el catálogo de entidades del sector y eleva el porcentaje de contratación pública reservada a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.
Apoyos parlamentarios: mayoría de investidura y rechazo de PP y Vox
La tramitación parlamentaria de la LIIES confirmó el respaldo de la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, que contó también con el apoyo de Junts, mientras que PP y Vox votaron en contra.
En el Senado, los populares utilizaron su mayoría absoluta para intentar introducir más de cuarenta enmiendas con el argumento de “mejorar” el texto.
Este jueves, el Congreso votó las modificaciones procedentes de la Cámara Alta y la mayoría de ellas fueron rechazadas, aunque se aprobaron algunos ajustes menores, como cambios terminológicos y la posibilidad de que las cooperativas de servicios puedan realizar actividades con terceros no socios hasta un 50% de su actividad total.
El debate contó con la presencia de una nutrida representación de entidades de la economía social, del tercer sector de acción social y de la discapacidad.
Respaldo de la Economía Social
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) celebró la aprobación de la norma. Su presidente, Juan Antonio Pedreño, afirmó que “hoy es un día de celebración y para estar contentos” y subrayó que la ley “refuerza la Economía Social española y el reconocimiento de su papel estratégico”.
Pedreño agradeció también “a todo el arco parlamentario el reconocimiento hacia nuestras empresas y entidades” y destacó “el esfuerzo y compromiso de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de su equipo”.
CEPES consideró especialmente relevante el avance en la lucha contra el intrusismo, el refuerzo de la identidad jurídica de las empresas de inserción y de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS), así como las medidas de modernización para las cooperativas, como la celebración de asambleas telemáticas y la reducción de cargas administrativas.
No obstante, Pedreño advirtió que “hay cuestiones que afectan a las cooperativas que no han podido resolverse” y anunció que la patronal comenzará “desde hoy mismo” a trabajar con los grupos parlamentarios y el ministerio para abordarlas.
También defendió trasladar al conjunto del Estado ciertos avances autonómicos para “evitar asimetrías” y garantizar igualdad de herramientas competitivas. CEPES concluyó que la aprobación de la ley consolida a España como “referente europeo en Economía Social”.
Un paso dentro del proceso de transformación
La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) también celebró la aprobación de la ley, destacando “nuestra participación activa en este proceso” y su contribución “al diálogo y a la construcción colectiva de una norma que refleja gran parte de las demandas de la Economía Social”.
La organización subrayó avances en sectores estratégicos de este modelo de economía, como la vivienda cooperativa en cesión de uso, que “facilita el acceso a una vivienda digna desde fórmulas no especulativas”; las comunidades energéticas, que permiten “democratizar el acceso y la gestión de la energía”; el comercio justo, que impulsa “relaciones comerciales más equitativas”; y las empresas de inserción, esenciales para “la inclusión sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión”.
El Consejo Confederal de REAS destacó que la norma supone “un reconocimiento al trabajo colectivo de miles de iniciativas que demuestran que otra economía es posible” y “un paso importante para impulsar prácticas más democráticas, inclusivas y sostenibles”, recogiendo “la experiencia viva de este modelo económico”.
La red consideró especialmente relevante el reconocimiento estatal de la vivienda cooperativa en cesión de uso, que “sitúa el modelo como herramienta legítima para garantizar el derecho a la vivienda” y establece una regulación que “marca una frontera nítida” frente a modelos especulativos.
También celebró que el comercio justo quede definido por principios de “equidad, sostenibilidad y transparencia”. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) también avala la nueva ley que impulsa este modelo como una fórmula innovadora y estratégica para una transición socioecológica justa. A través de su artículo 8, insta a las administraciones a promoverlo en sus políticas.
Además, la Ley describe a las entidades de Comercio Justo como organizaciones orientadas a la equidad, la sostenibilidad ambiental y la transparencia en el comercio global, garantizando condiciones laborales dignas y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente.
Con esta regulación, España sigue la senda iniciada por Francia en 2014, donde el reconocimiento legal del Comercio Justo contribuyó a un notable desarrollo del sector.
REAS valoró positivamente el blindaje de las empresas de inserción, cuyas nuevas exigencias “evitan la entrada de estructuras con ánimo de lucro que puedan desvirtuar su finalidad social”, así como la incorporación exclusiva de los CEEIS al perímetro de la Economía Social.
Aunque la valoración global es favorable, advirtió que la ley representa solo “un paso más dentro de un proceso más amplio de transformación económica y social” y reclamó garantizar recursos, avanzar en el reconocimiento específico de la ESS y fortalecer la participación del sector en las políticas públicas.
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