Una hoja de ruta constitucional para redefinir la relación entre trabajo, empresa y democracia
La presidenta de la Comisión internacional de expertos sobre la democracia en el trabajo presenta el informe, encargado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que reclama aplicar el artículo 129.2 de la Constitución para garantizar la “voz” y la “propiedad” de quienes trabajan, y propone vincular fiscalidad y ayudas públicas al grado de participación laboral en las empresas.
La presidenta de la Comisión internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo, Isabelle Ferreras, defendió este lunes que España debe “completar la transición democrática democratizando las empresas”, al presentar un informe de casi 500 páginas que sitúa la participación y el acceso a la propiedad como ejes para reforzar la democracia política, combatir la desigualdad y afrontar la crisis ecológica.
Ferreras abrió su comparecencia ante la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el equipo del Ministerio subrayando el carácter constitucional de la propuesta. “El acceso a la voz y el acceso a la propiedad no es un ideal ni un lujo. Es un mandato constitucional que se ha transformado en una necesidad económica y sistémica”, afirmó al cierre de su intervención.
Un mandato constitucional pendiente
La presidenta de la Comisión centró su exposición en el artículo 129.2 de la Constitución española, que establece que los poderes públicos “promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa” y “establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
A partir de ese contexto, sostuvo que la gobernanza corporativa en España “no solo está desactualizada, sino que está impulsando las crisis actuales en lugar de reforzar la democracia política y ayudar a salvar el planeta”. En su análisis, las dos promesas constitucionales, la “voz” en la toma de decisiones y la “propiedad” en el capital productivo, siguen sin desplegarse de forma efectiva en la legislación.
El diagnóstico del informe indica que aunque España cuenta con un sistema dual de representación laboral (comités de empresa y representación sindical), “los derechos de participación son muy limitados y nunca permiten la participación en las decisiones estratégicas”.
A la cola de Europa en participación
La socióloga situó el caso español en comparación con el entorno europeo. “Dos tercios de los países de la Unión Europea han reconocido legalmente el derecho de los trabajadores a estar representados en los consejos de administración”, señaló, mientras que España, en este ámbito, “se sitúa a la cola del tren europeo”.
En el plano de la propiedad, la Comisión constató una fuerte concentración del capital: el decil más rico de la población posee más del 75% de las acciones y activos del país, lo que, en palabras de Ferreras, convierte el acceso a la propiedad “en una quimera para la inmensa mayoría de la ciudadanía”.
A esta realidad se suma una “crisis de sucesión” en el tejido empresarial, ya que un tercio de los propietarios de empresas se jubilará en la próxima década. “Abrir el acceso a la propiedad a los trabajadores no solo es constitucionalmente justificado, sino urgente para la resiliencia del tejido económico español”, advirtió.
Nueve desafíos para la democracia en el trabajo
El informe identifica nueve crisis que, a juicio de la Comisión, se ven agravadas por el déficit estructural de democracia laboral. Entre ellas, la falta de competitividad e innovación, la gobernanza de la inteligencia artificial, la informalidad del trabajo, la pobreza y la desigualdad, el debilitamiento de la sociedad civil y la propia crisis de la democracia política.
Ferreras defendió que “la democratización del lugar de trabajo genera condiciones favorables para la democracia política” y vinculó la participación empresarial con la transición ecológica, al reclamar la salida de un “modelo corporativo extractivista” en un país donde, recordó, “tres cuartas partes del territorio son tierras áridas, propensas a la desertificación”.
Fiscalidad e incentivos ligados a la participación
En la parte propositiva, la Comisión planteó un cambio de paradigma al reconocer a quienes trabajan como “inversores de trabajo”. “Si los accionistas invierten capital, los trabajadores invierten su vida, su salud y su futuro”, afirmó Ferreras, subrayando el carácter político de las decisiones empresariales.
Entre las herramientas concretas, el informe propone la creación de un índice de desarrollo democrático corporativo, que mediría en cada empresa el grado de acceso a la “voz” y a la “propiedad”. Esa calificación se vincularía a la fiscalidad y al acceso a ayudas públicas, contratación y contratación pública, mediante un sistema de incentivos y desincentivos.
En materia de participación, la Comisión propone reservar puestos en los consejos de administración: un tercio en empresas de entre 50 y 1.000 trabajadores, y paridad en las de más de 1.000, siguiendo los modelos de Suecia y Alemania. También plantea otorgar a los comités de empresa un derecho de veto o consentimiento sobre sistemas de inteligencia artificial que “vigilen, gestionen, automaticen o gobiernen el trabajo”.
Fondos ciudadanos, economía social y perspectivas
En el ámbito de la propiedad, Ferreras defendió la fijación de umbrales mínimos de participación accionarial para las personas trabajadoras (al menos un 2% y hasta un 10% en grandes corporaciones), así como la creación de fondos ciudadanos, preferentemente regionales, gobernados por trabajadores, para intervenir en empresas en crisis de sucesión y evitar su liquidación o venta a fondos de inversión “depredadores”.
La presidenta de la Comisión puso en valor el papel de la economía social y cooperativa como ejemplo de aplicación del mandato constitucional. “La gobernanza participativa permite perseguir múltiples objetivos y producir resultados que abordan directamente retos que las empresas tradicionales tratan como meras externalidades”, afirmó.
La profesora cerró su intervención con una mirada a medio y largo plazo. “En un horizonte de diez o quince años, la economía española puede progresar de forma duradera en el cumplimiento de estas promesas, volviéndose más fuerte, resiliente y sostenible”, sostuvo.
Apoya y cuida Noticias ObrerasTu aportación hace posible un periodismo comprometido con la dignidad del trabajo, la justicia social y la esperanza. Suma tu donación y ayúdanos a seguir construyendo, día a día, esta mirada
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
