Un estudio de Greenpeace señala que mantener abierta Almaraz hasta 2030 encarecería la electricidad y frenaría la inversión renovable
Francisco del Pozo Campos, responsable de gas fósil en Greenpeace España, advierte de que la prolongación de la actividad de la central nuclear de Almaraz más allá de las fechas previstas supondría “un coste económico elevado y un freno a la transición energética”.
Así lo sostiene en el análisis que acompaña al informe Cierre nuclear y transición energética: el caso de Almaraz, elaborado por los investigadores Eloy Sanz (Universidad Rey Juan Carlos) y Víctor García (Universitat Politècnica de Catalunya) por encargo de la organización ecologista.
Según Del Pozo, los datos del estudio “confirman que mantener operativa la planta cacereña tres años adicionales costaría a los consumidores unos 3.831 millones de euros en sobrecostes eléctricos y frenaría inversiones por 26.129 millones en energías renovables”.
El responsable de Greenpeace interpreta que esta situación refleja que “la tecnología nuclear ya no se adapta al nuevo modelo energético, más descentralizado y basado en fuentes limpias”.
El informe analiza un escenario en el que Almaraz no cierre el reactor I en 2027 ni el II en 2028, sino que ambos continúen funcionando hasta 2030. Los autores concluyen que esa extensión obligaría a mantener producción nuclear rígida en un sistema caracterizado por la creciente participación de la generación renovable.
Del Pozo explica que, según los investigadores, este hecho provoca el llamado “efecto tapón”, en el que la producción nuclear impide la entrada de más energía eólica y solar y obliga al operador del sistema a desconectar instalaciones renovables en periodos de alta producción. Un análisis de Aurora Energy citado en el estudio apunta que el cierre de Almaraz reduciría los vertidos renovables en Cáceres y Badajoz en torno a un 30%.
El documento también compara las emisiones asociadas a distintos escenarios de operación. Aunque la energía nuclear no emite CO₂ en la fase de generación, Del Pozo señala que el informe estima un aumento de emisiones indirectas derivadas de un mayor uso de centrales de gas fósil si se retrasa la entrada de nuevas instalaciones renovables. Según el estudio, ese incremento equivaldría a las emisiones de todos los hogares de Extremadura durante seis años.
Durante la presentación del informe participaron expertos como Eva Saldaña (Greenpeace), Héctor de Lama (UNEF), Natalia Fabra (CEMFI), Marcial González (Universidad Carlos III) y el propio Eloy Sanz, quienes coincidieron en la necesidad de acelerar la transición energética.
Los autores subrayan que las energías renovables podrían sustituir “sin dificultad” el 96,4% de la electricidad generada por Almaraz.
Del Pozo sostiene que la discusión sobre la extensión de vida de la central se produce “en un contexto en el que la energía nuclear ha perdido peso en todo el mundo”, recordando que la mayoría de reactores en construcción actualmente se concentran en Asia.
A su juicio, el caso de Almaraz “es un ejemplo de cómo el mantenimiento de grandes infraestructuras del pasado puede retrasar la transformación del sistema eléctrico hacia un modelo más competitivo, limpio y diversificado”.
El responsable de Greenpeace concluye que el informe “justifica mantener el calendario de cierre previsto” y anima al Gobierno a “apostar sin ambigüedades por un sistema plenamente renovable y por una transición ordenada que evite costes adicionales para la ciudadanía”.
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