Sindicatos y Trabajo sellan el acuerdo para actualizar la Ley de Prevención de Riesgos con la ausencia de la patronal
CCOO y UGT han firmado el acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para actualizar y modernizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sin embargo, la ausencia de las organizaciones empresariales, que abandonaron meses atrás la mesa de diálogo social después de casi dos años de negociación, ha deslucido la firma.
En el acto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que la actualización de la ley lanza un “SOS colectivo”, apelando a la urgencia de proteger la salud y la vida de las personas trabajadoras frente a riesgos que hoy se han multiplicado y transformado.
“Intentamos evitar que se llegue a causar el daño”, ha defendido Díaz, quien ha destacado que “de todo lo hecho en el diálogo social, esto es lo más importante”. La ley de Prevención de Riesgos Laborales lleva vigente 30 años, en los que apenas ha sido modificada.
“Nadie debe morir ni enfermar en su puesto de trabajo”
La prevención de los riesgos laborales derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, el cambio climático y la incorporación de las nuevas tecnologías, junto con la incorporación de la perspectiva de género y la atención a la salud mental, persigue reducir las muertes y enfermedades causadas por el trabajo.
Como la ministra ha recordado, la siniestralidad en el empleo sigue causando unas 700 muertes al año. “Nadie debe morir ni enfermar en su puesto de trabajo”, ha defendido, al tiempo que ha abogado por impedir “normalizar la sobrecarga y la ansiedad en el puesto de trabajo”.
La prevención de riesgos laborales es una política de Estado y no de partido, ha insistido Díaz, quien ha puesto especial énfasis en aclarar que algunos de los contenidos del texto proceden de aportaciones formuladas por las organizaciones empresariales, tiene su marchamo, por lo que ha afeado su ausencia. “No se entiende que no estén aquí”, ha lamentado. Aun así, ha querido hacer un nuevo llamamiento a que respalden los cambios contemplados.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, insistió en que esta modernización era imprescindible para abordar realidades que siguen ocultas, como el grave infraregistro de las enfermedades profesionales, especialmente del cáncer laboral, cuyo alcance calificó de gigantesco y oculto.
“Se necesitan medidas valientes. Urge la necesidad de crear registros de empresas donde se manejen productos cancerígenos y de los trabajadores y trabajadoras expuestos a los mismos”, afirmó.
Sordo advirtió también sobre los riesgos emergentes derivados de los nuevos modelos productivos, como aquellos vinculados al trabajo en plataformas digitales, en los que un algoritmo determina la organización del trabajo sin posibilidad de interlocución. Muy descriptivamente, ha explicado que en estos casos, “tenemos de jefe un algoritmo anónimo con el que no se puede interactuar”.
Subrayó que la reforma debe servir para integrar de forma efectiva los riesgos psicosociales, el impacto de la hiperconectividad y la falta de desconexión digital, así como los efectos del cambio climático en las condiciones de trabajo.
“Todas las empresas deben tener estas casuísticas incorporadas a sus evaluaciones de riesgo, con especial énfasis en los riesgos psicosociales”, destacó y recalcó, además, la importancia de incorporar la perspectiva de género y de edad en la gestión preventiva, para garantizar la adaptación del trabajo a la evolución de las actitudes psicofisiológicas de las personas trabajadoras en las distintas etapas de su vida.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, calificó de “inexplicable” la ausencia de la patronal en un acuerdo que consideró fundamental para erradicar una de las principales lacras laborales del país.
Nuevos riesgos
También subrayó que la reforma dota a la prevención de una mirada más amplia y actualizada, capaz de responder a los retos de la digitalización, la transición climática y el deterioro de la salud mental asociado a las condiciones laborales.
Finalmente, apeló a los grupos parlamentarios a que actúen con responsabilidad para que la nueva ley avance sin bloqueos en su trámite legislativo, lo que se antoja un imposible, vistos los antecedentes.
Tortuoso camino legislativo
La falta de apoyo de la patronal suele servir de argumento a los grupos parlamentarios del PP y de Junts para negarse a apoyar las iniciativas de carácter laboral del Gobierno, aunque cuenten con el visto bueno de los dos principales sindicatos.
El Ministerio de Trabajo prevé recurrir a la vía legal utilizada últimamente para sacar adelante alguna de sus propuestas: separar de la reforma normativa todas aquellas modificaciones que puedan aprobarse mediante reales decretos de carácter reglamentario, que no requieren la validación de las Cortes.
Una parte sustancial de las medidas pactadas con los sindicatos podría salir adelante únicamente con el aval del Consejo de Ministros. Entre ellas, la mejora de la coordinación entre empresas para evitar que quienes trabajan encadenando subcontrataciones queden desprotegidos y los nuevos criterios para que las empresas asuman como propios los sistemas de vigilancia y prevención de la salud de sus trabajadores.
Además, se contempla la posibilidad de crear la figura del delegado territorial de prevención para llegar a aquellas empresas sin representación legal de los trabajadores, aunque esta materia tendrá que ser aprobada en el Congreso.
El Ministerio de Trabajo impulsará ahora el texto como anteproyecto de ley, lo que conllevará cambios en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Estatuto de los Trabajadores.
Apoya y cuida Noticias ObrerasTu aportación hace posible un periodismo comprometido con la dignidad del trabajo, la justicia social y la esperanza. Suma tu donación y ayúdanos a seguir construyendo, día a día, esta mirada
Redactor jefe de Noticias Obreras
