Seguridad Social reúne a los agentes sociales para abordar la gestión de las bajas laborales
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado este lunes, 9 de febrero a las 11:30h, la mesa de diálogo social sobre incapacidad temporal (IT), más de seis meses después de la última reunión tripartita, con el objetivo de avanzar en una reforma que mejore la gestión de las bajas laborales.
La convocatoria llega tras la publicación del reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que advierte de una “deficiencia estructural” en el sistema de incapacidad temporal. Según el organismo que preside Cristina Herrero, el problema radica en la separación entre quien concede la baja —los médicos de atención primaria— y quien asume su coste —el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)—, una disfunción agravada por la descentralización sanitaria.
El estudio señala, además, un incremento cercano al 60 % en la incidencia de las bajas por contingencias comunes entre 2017 y 2024, junto a un aumento del 15 % en su duración media, lo que ha provocado que el gasto en incapacidad temporal se haya triplicado desde 2014.
Entre las medidas propuestas, la Autoridad Independiente plantea desarrollar un sistema de información plenamente integrado entre el INSS, los servicios autonómicos de salud, las mutuas y las empresas; reforzar la intervención temprana y especializada del INSS; mejorar la colaboración con la atención primaria mediante herramientas digitales de apoyo clínico; promover una mayor implicación de las grandes empresas en la salud laboral; y evaluar el impacto de las listas de espera del sistema sanitario.
En este marco, el departamento que dirige Elma Saiz plantea avanzar hacia un sistema de “alta progresiva” —denominación que sustituye al concepto inicial de “baja flexible”— para las situaciones de larga duración, siempre que exista acreditación médica de que la reincorporación gradual resulta beneficiosa para la persona trabajadora.
El Ejecutivo también ha puesto sobre la mesa ampliar el papel de las mutuas colaboradoras, de modo que puedan proponer altas médicas no solo en procesos de hasta 365 días, como ocurre actualmente, sino también en bajas que superen el año.
Estas propuestas se enmarcan en el compromiso asumido con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el último acuerdo sobre pensiones, que incluía la revisión del modelo de gestión de la incapacidad temporal.
Los sindicatos rechazan ligar la baja al absentismo
Las organizaciones sindicales CCOO y UGT cuestionan el enfoque del informe de AIReF y sostienen que el aumento de las bajas se explica sobre todo por factores relacionados con la salud y el sistema sanitario. Las organizaciones sindicales consideran “decepcionante” que el análisis “obvie los problemas de capacidad de respuesta del sistema sanitario público” y centre el debate en el control y el presunto uso indebido de la prestación.
Ambos sindicatos subrayan que el impacto persistente de la pandemia, el aumento de patologías de salud mental, el envejecimiento de la población laboral, la organización del trabajo y la insuficiente inversión sanitaria están detrás del crecimiento de la incapacidad temporal, junto a la infradeclaración de enfermedades profesionales y las condiciones laborales.
Además, rechazan que el informe proyecte “una sombra de duda” sobre un supuesto abuso generalizado y advierten del riesgo de estigmatizar a colectivos protegidos cuando se asocian estadísticamente las bajas a variables como ser mujer, tener empleo estable o trabajar en el sector público.
La salud de las personas trabajadoras, en el centro
CCOO y UGT sostienen que el crecimiento de la incapacidad temporal responde principalmente a causas sanitarias, laborales y demográficas. A su juicio, el deterioro de la capacidad de respuesta del sistema sanitario público, la persistencia de efectos de la pandemia, el aumento de los problemas de salud mental y el envejecimiento de la población trabajadora explican el incremento tanto del número como de la duración de los procesos.
Las organizaciones sindicales subrayan también el impacto de los cambios en la organización del trabajo —digitalización, gestión por algoritmos y plataformas— sobre la salud laboral, así como la infradeclaración de enfermedades profesionales, que limita la prevención y la identificación real de los daños de origen laboral. “Lo que no se conoce, ni se evita ni se previene”, advierten.
A su juicio, las políticas más eficaces para abordar el fenómeno deben centrarse en reforzar el sistema sanitario público, mejorar la prevención en salud laboral y garantizar condiciones de trabajo saludables, más que en medidas orientadas únicamente al control de la prestación.
Un debate sobre protección social y modelo de bienestar
Las dos organizaciones de trabajadoras y trabajadores comparten la necesidad de mejorar el control público de los procesos, pero rechazan que el informe sugiera un abuso generalizado de la prestación. Consideran que asociar estadísticamente el inicio de bajas a variables como ser mujer, tener empleo estable o trabajar en el sector público introduce sesgos y puede generar estigmatización de colectivos protegidos.
El contraste entre ambos enfoques revela una discusión de fondo sobre el sentido de la incapacidad temporal. Mientras la AIReF analiza la evolución desde la eficiencia del sistema y la sostenibilidad del gasto, los sindicatos recuerdan que se trata de un mecanismo esencial de protección social vinculado a la salud y a la sustitución de rentas cuando la persona trabajadora no puede desempeñar su actividad.
Desde esta perspectiva, sostienen que la evaluación de la prestación no debe centrarse en si el gasto aumenta o disminuye, sino en si garantiza el tiempo necesario de recuperación: “ni un día más ni un día menos”.
La patronal insiste en el coste del absentismo
Desde la CEOE, el enfoque es distinto. La patronal ha propuesto “eliminar o transformar” los complementos salariales que muchas empresas añaden a la prestación pública durante las bajas por contingencias comunes, al considerar que, cuando cubren casi la totalidad del salario, pueden “fomentar el absentismo”.
Las organizaciones empresariales sitúan el coste del absentismo en torno a 32.000 millones de euros anuales para empresas y Seguridad Social, y reclaman cambios en los convenios colectivos que mantienen estos complementos.
Apoya y cuida Noticias ObrerasTu aportación hace posible un periodismo comprometido con la dignidad del trabajo, la justicia social y la esperanza. Suma tu donación y ayúdanos a seguir construyendo, día a día, esta mirada
Redacción de Noticias Obreras.
