Sánchez anuncia en Dubái un paquete de medidas para frenar los abusos de las grandes plataformas digitales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en Dubái, durante su intervención en el World Governments Summit, un paquete legislativo para reforzar el control sobre las grandes plataformas digitales y “proteger a menores y ciudadanos de un entorno digital que se ha convertido en un Estado fallido”.
El plan incluye prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, sancionar penalmente a los directivos de plataformas que no retiren contenidos ilegales, tipificar la manipulación algorítmica y crear una “huella de odio” para medir el impacto de la polarización en redes.
Sánchez afirmó que las redes sociales “se han convertido en un lugar donde se ignoran las leyes, se toleran los delitos y la desinformación vale más que la verdad”, y avanzó que su Gobierno actuará “con determinación” sin dejarse intimidar por el poder económico de las grandes tecnológicas. Las medidas se presentarán la próxima semana y muchas exigirán la aprobación de leyes orgánicas, un camino legislativo lento y complejo.
Un contexto internacional de creciente regulación
La iniciativa de España no es la única. La Presidencia de la Comisión Europea también ha destacado la urgencia de actuar. Ursula von der Leyen alertó de que, en 15 años, los niños de entre 9 y 15 años han duplicado el tiempo frente a pantallas, expuestos a algoritmos “diseñados para enganchar y generar beneficios para multimillonarios tecnológicos”.
La Comisión Europea mantiene expedientes abiertos a TikTok, Instagram o Facebook por brechas en la protección de menores, y ha iniciado procedimientos formales contra Pornhub, XNXX y otras webs pornográficas por permitir acceso de menores a sus contenidos. Además, investiga a TikTok por posibles características adictivas que podrían implicar sanciones de hasta el 6% de su facturación global.
Australia aprobó esta semana una ley pionera, que todavía debe ser validada por el Congreso, con el fin de prohibir el acceso de menores de 16 años a redes como Instagram, TikTok o X, con multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos a las plataformas que incumplan. Francia, Portugal, Reino Unido o Grecia avanzan también en este terreno.
Responsabilidad penal
Una de las medidas más disruptivas del paquete español es la creación de responsabilidad penal para los directivos de las plataformas que no retiren contenidos ilícitos como pornografía infantil, discursos de odio o desinformación dañina. La novedad es que los CEO podrían responder personalmente cuando el incumplimiento ocurra en el territorio español.
Expertos como Paloma Llaneza, abogada especializada en regulación digital, destacan que esta vía puede ser simbólicamente potente aunque difícil de aplicar: solo tendría efecto cuando los directivos viajen a España. Aun así, cambiaría los incentivos. “No es lo mismo una sanción civil que enfrentarse a responsabilidad penal con el propio patrimonio”, señala, recordando el precedente del fundador de Telegram, Pavel Durov, investigado por Francia.
Sánchez anunció que España tipificará como delito la manipulación de algoritmos, especialmente cuando amplifiquen contenidos ilegales o desinformación para maximizar beneficios. El presidente insistió en que “se acabó ocultarse bajo el código” y negar el papel activo de los sistemas de recomendación.
Sin embargo, el Gobierno no ha detallado qué conductas concretas serían punibles, ni cómo se demostraría la intención detrás de un algoritmo. Más aún cuando todavía no existe cobertura legal para acceder a las fórmulas utilizadas por las plataformas para jerarquizar y viralizar contenidos.
Es un terreno técnico y jurídico nuevo que plantea enormes desafíos: distinguir entre ajustes legítimos y manipulación dolosa, garantizar auditorías fiables, o evitar que la regulación choque con la libertad de información y el secreto empresarial.
Una medida reclamada por el PP
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha salido a reivindicar la paternidad de la iniciativa al recordar que ya propuso prohibir el acceso de los menores de 14 años a las redes sociales y limitar el uso entre los 14 y 16 años al consentimiento paterno.
Actualmente, la Ley de Protección de Datos impide el acceso a menores de 14 años salvo autorización de sus padres, marco que el proyecto de Ley de entornos digitales mantiene para los menores de 16. El PP acusa al PSOE de bloquear la tramitación de la ley en el Congreso y reclama que incorpore sus propuestas.
Medir la polarización para sancionar
Otra de las iniciativas estrella es la creación de una “huella de odio y polarización”, una herramienta destinada a cuantificar cómo las plataformas amplifican discursos de odio, contenido tóxico y dinámicas excluyentes. Será la base para futuras sanciones económicas, legales y éticas.
La idea responde a una carencia estructural: aunque la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA) europea exige evaluar riesgos sistémicos, no existe una métrica pública y comparativa que permita determinar la responsabilidad de cada plataforma. La herramienta española busca cubrir ese vacío, pero no se han ofrecido detalles sobre sus métricas ni arquitectura técnica, abriendo debates esenciales sobre acceso a datos, auditorías independientes y criterios objetivos de medición.
Entre el apoyo y la cautela
Llaneza considera imprescindible que la verificación de edad se realice con tecnologías que no comprometan la privacidad, apostando por soluciones basadas en la Identidad Digital Europea (EUDI Wallet) y en sistemas de Zero Knowledge Proof (pruebas de conocimiento nulo) permitan verificar la edad sin revelar la identidad del usuario.
El catedrático de Psicología Experimental de la Universidad de Granada José César Perales alerta de que fijar los 16 años como umbral es “arbitrario” y descansa sobre evidencia científica “débil” respecto al impacto de las redes en la salud mental adolescente. “Los efectos, de existir, son modestos”, señala, y advierte del riesgo de excluir de forma injustificada a colectivos que encuentran apoyo en comunidades digitales, como jóvenes LGTBIQ+ o personas con discapacidad.
Para Josep Maria Suelves, investigador en salud pública de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), limitar el acceso puede tener valor, pero solo si se acompaña de controles eficaces y de reformas profundas en el diseño de las plataformas. “Como con el tabaco, reducir el atractivo puede ser más efectivo que prohibir el acceso”.
Save the Children: prohibir no basta
Save the Children valora positivamente el paso hacia la verificación de edad, pero advierte que prohibir por edad puede crear una falsa sensación de seguridad. Su directora de incidencia, Catalina Perazzo, insiste en que las prohibiciones no garantizan por sí mismas mayor protección y pueden excluir a menores de espacios digitales seguros y pensados para ellos. Reclama que la futura ley aborde de frente los discursos de odio, misoginia y violencia de género que la IA generativa está amplificando.
El propietario de Twitter, renombrada tras su adquisición como X, Elon Musk, quien ya había cargado contra el presidente del Gobierno de España a cuenta de la regularización extraordinaria de migrantes no tardó en publicar un mensaje en su red social: “El sucio Sánchez es un tirano y traidor para el pueblo de España”.
Sin embargo, hay una mayoría abrumadora de europeos que considera urgente actuar para proteger a la infancia frente a los riesgos en línea, desde el impacto de las redes sociales en la salud mental hasta el ciberacoso o la exposición a contenidos inapropiados. Según el Eurobarómetro de 2025, más del 90 % de la población europea cree que es urgente tomar medidas para proteger a los niños en internet, sobre todo por el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental (93 %), el ciberacoso (92 %) y la necesidad de encontrar formas efectivas de restringir el acceso a contenidos inapropiados para su edad (92 %).
El uso intensivo y casi constante de internet entre adolescentes, unido a que uno de cada cuatro menores exhibe patrones compatibles con una adicción al móvil, confirma que no se trata de un fenómeno anecdótico, sino de un problema de salud pública en crecimiento.
Redactor jefe de Noticias Obreras
