La vivienda de protección pública excluye a las familias de ingresos bajos
La reciente adjudicación de viviendas protegidas a varios altos cargos del Ayuntamiento de Alicante, con salarios cercanos a los 70.000 euros anuales, ha vuelto a situar en el centro del debate los criterios de acceso a la vivienda pública y el sentido social de estas política. La magnitud del escándalo es todavía en este caso al tratarse de la única promoción de vivienda de protección oficial construida en la ciudad en los últimos 25 años.
Lo curioso es que, para quienes perciben sueldos tan altos, el acceso a la vivienda protegida se produce sin necesidad de recurrir a irregularidades. Las familias con mayores dificultades económicas, en cambio, hace tiempo que quedaron fuera de las políticas de vivienda accesible.
Los límites máximos de ingresos para optar a una vivienda de protección oficial superan los 78.000 euros en Madrid y los 80.000 en Castilla-La Mancha y Cataluña, permitiendo que rentas muy por encima de la media accedan legalmente a viviendas concebidas, en teoría, para paliar los problemas de acceso al hogar, según informa el centro de periodismo de vigilancia CIVIO.
Mientras estos umbrales se estiran cada vez más, la realidad económica de buena parte del país queda muy lejos de ellos. Según el INE, en 2023 el 42% de los hogares españoles no llegó a ingresar 2.000 euros mensuales, y el 28% no alcanzó los 1.500.
En este contexto, muchos demandantes tienen dificultades incluso para reunir los ingresos mínimos que imponen varias autonomías para acceder a una vivienda protegida, lo que deja fuera a una parte relevante de la población que más necesita soluciones habitacionales asequibles.
El Plan Vive de la Comunidad de Madrid ejemplifica esta deriva. Este programa, que ha supuesto la construcción de más de 3.100 viviendas protegidas desde su puesta en marcha, fija ingresos mínimos que, en algunos casos, superan los 2.000 euros mensuales. Pero el problema no reside únicamente en los requisitos de acceso, sino también en los precios de los alquileres.
Alquiler nada “social”
La vivienda adjudicada a José María Checa, en Getafe, de menos de 40 metros cuadrados, cuesta cerca de 600 euros al mes, lo que supone unos 15 euros por metro cuadrado, un precio que, según el propio inquilino, iguala o incluso supera al de los pocos pisos de libre mercado disponibles en la zona.
El coste final se incrementa aún más por la obligación de alquilar garaje y trastero —unos 150 euros adicionales—, a lo que se añaden los gastos de comunidad, que pueden alcanzar el 18% de la renta, y el pago del IBI, situando algunas viviendas protegidas en torno a los 1.000 euros mensuales.
Este encarecimiento responde, en parte, a la modificación normativa aprobada por el Gobierno madrileño a principios de 2024, que elevó el precio máximo de la vivienda protegida entre un 26% y un 56%, según la zona.
El fenómeno no se limita a Madrid. En Islas Baleares las VPO alcanzan los 13,19 euros por metro cuadrado, en Castilla-La Mancha los 11,42, y en la Comunidad Valenciana los 11. Con salarios mínimos y medios muy inferiores a los de otros países europeos, estos precios duplican la renta media de la vivienda protegida en Francia y sitúan a España por encima incluso de ciudades como Berlín, donde el alquiler social oscila entre 6,50 y 11,50 euros por metro cuadrado.
Además de los precios, los criterios de acceso también funcionan como un filtro excluyente. En el primer lote del Plan Vive, 16.691 solicitudes fueron denegadas por no cumplir los ingresos mínimos.
Otras comunidades también imponen requisitos elevados: Cantabria exige rentas de entre 1.750 y 2.333 euros mensuales para determinadas promociones financiadas con fondos europeos, y la Generalitat Valenciana limita el acceso a algunas viviendas a quienes acrediten más de 2.000 euros mensuales. Incluso en Cataluña se han establecido mínimos de 1.500 euros para viviendas destinadas a jóvenes.
Mientras tanto, los límites máximos de ingresos también se estiran. En Madrid, una persona sola puede optar a ciertas VPO con más de 6.500 euros mensuales, y en Baleares los topes alcanzan los 6.500 euros mensuales para parejas o familias con dos ingresos.
Subvención a las clases medias-altas
En Castilla-La Mancha existen incluso promociones de iniciativa público-privada sin límite de ingresos, lo que, según algunos expertos, convierte a estas viviendas en un mecanismo para facilitar el acceso a la vivienda a sectores de clase media‑alta más que en un instrumento de redistribución.
Expertos como Alejandro Inurrieta consideran que estos modelos “subvencionan a familias con ingresos medios o altos”, alejándose por completo del concepto de alquiler social, que debería situarse –dice– en torno a los 400 euros mensuales, atendiendo a salarios como el SMI o el salario más frecuente en España.
El vicepresidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, José María Escolástico, coincide en que la laxitud de los límites máximos dificulta la rotación en los parques públicos y perpetúa la ocupación de estas viviendas por hogares que ya no necesitan protección.
La creciente distancia entre los requisitos económicos y las necesidades reales de la población queda reflejada en los datos de demanda: el registro de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid acumulaba en 2023 más de 35.300 familias en lista de espera, con ingresos medios de apenas 715 euros mensuales.
A nivel nacional, hay al menos 720.000 solicitantes inscritos en las listas de vivienda protegida, la mayoría con ingresos inferiores a 16.800 euros anuales. Sin embargo, los criterios vigentes, heredados en parte de la normativa estatal de los años noventa, continúan estableciendo límites de ingresos muy superiores al salario medio.
Todo ello se produce en un país que cuenta con solo 1,3 viviendas de alquiler social por cada 100 habitantes, muy lejos del 20% o 30% que ofrecen países como Austria o los Países Bajos.
Con precios que se aproximan al mercado libre, umbrales de ingresos pensados para rentas medias y una oferta insuficiente, la vivienda protegida en España está cada vez más lejos de cumplir su función social esencial: garantizar un hogar digno y asequible para quienes más dificultades tienen para acceder a él.
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