La Iglesia en el mundo del trabajo celebra la iniciativa de avanzar hacia la democratización de la empresa
La presentación del informe de la Comisión internacional de expertos y expertas sobre la democracia en el trabajo y la propuesta de aplicar el artículo 129.2 de la Constitución para garantizar la participación de quienes trabajan es bien vista tanto para la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) como para el departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal, al abrir vías para aplicar la Doctrina Social de Iglesia.
Tanto la presidente de la HOAC, Paloma Becerra, como el director del Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española, Antonio J Aranda, coinciden en destacar el valor del informe de la Comisión internacional de expertos y expertas de alto nivel, que propone aplicar el artículo 129.2 de la Constitución para garantizar “voz” y “propiedad” a quienes trabajan. Para Becerra, este informe abre un cauce institucional “muy significativo”, sobre todo, al situar el proceso en la mesa de diálogo social, “con el respaldo de los dos grandes sindicatos”.
En la misma línea, Aranda afirma que el documento y el compromiso del Ministerio constituyen “una iniciativa muy interesante”, celebrando que se avance hacia una ley que regule la democratización empresarial. El director de la pastoral del trabajo recuerda el magisterio de la Iglesia en esta cuestión, desde Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II a Benedicto XVI, quienes defienden una mayor participación de los trabajadores y las trabajadoras en la gestión y los beneficios de la empresa.
Expresamente, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia indica que “la relación entre trabajo y capital se realiza también mediante la participación de los trabajadores en la propiedad, en su gestión y en sus frutos. Esta es una exigencia frecuentemente olvidada, que es necesario, por tanto, valorar mejor: debe procurarse que toda persona, basándose en su propio trabajo, tenga pleno título a considerarse, al mismo tiempo, ‘copropietario’ de esa especie de gran taller de trabajo en el que se compromete con todos” (CDSI, 281).
Becerra, por su parte, sitúa este fundamento en una visión más antropológica y estructural. Destaca que la empresa no puede entenderse como un objeto de propiedad, sino como una “realidad de relación” donde las personas, y no el capital, deben ocupar el centro. Recuerda que el impulsor de la HOAC, Guillermo Rovirosa, en su libro ¿De quién es la Empresa?, ya consideraba a la empresa como ‘realidad de relación’, comunidad de relaciones”, por lo que aboga por recuperar esta novedosa intuición.
La presidenta este movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos subraya también que la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) sostiene desde hace tiempo el derecho de participación de los trabajadores: “En la DSI, desde hace años se recoge la idea del derecho de la participación del trabajo, de los trabajadores en la empresa. Una empresa es un bien inseparable de la fuerza del trabajo que está representada por las personas, por la labor que desempeñan en la misma y que no pueden considerarse como objetos a poseer”.
Aranda retoma las palabras del obispo de Ciudad Real y responsable de la Pastoral del Trabajo, Abilio Martínez, para remarcar que este proceso ya está en marcha: “Un reto para el mundo del trabajo, tanto para los empleadores como para los empleados, es el de establecer cauces de diálogo que faciliten una mayor participación de los trabajadores en la empresa, algo que ya se está haciendo en algunas de ellas”.
“No es una utopía”
El director de la pastoral del trabajo añade que existen múltiples experiencias reales que desmontan la idea de que se trata de un modelo irrealizable. “No hablamos de utopías; hablamos de experiencias que ya están en marcha y que hay que extender, algunas de ellas recogidas en convenios o por la normativa laboral”, apostilla.
Cita las cooperativas de Mondragón, ULMA Group, Eroski o sociedades públicas como Navantia, ENSA, HUNOSA o TRAGSA. En Europa, Volkswagen, Siemens, ThyssenKrupp, Allianz SE, BASF SE, MAN Diesel SE, Total Energies o el caso histórico de Gaz de France, “ejemplos claros de que la cogestión y el reparto de beneficios con los trabajadores no es una utopía, sino experiencias positivas que ponen en valor a trabajadores y trabajadoras.”
De ahí su esperanza en que la reforma en curso derive en avances concretos. “Desde la Pastoral del Trabajo vivimos con ilusión esta iniciativa que quiere regular el Gobierno de España. Esperamos que la mesa de diálogo social sea capaz de concretar vías para que la participación de trabajadores y trabajadoras sea mayor en las empresas y con ello se dé un paso más en el reconocimiento de su dignidad, en un trabajo digno”.
Becerra reconoce que pueden surgir dudas sobre el interés ciudadano en este debate, pero defiende con claridad su pertinencia. Sin embargo, afirma que tiene sentido, “tanto o más que nunca”, dado que vivimos “en un mundo globalizado, acelerado, inmerso en lo que el papa Francisco llama procesos de rapidación, con un precariado cada vez más amplio como rostro del mundo del trabajo, con un trabajo cuyo rostro se modifica a velocidades de vértigo y en dirección a una mayor deshumanización, a una mayor despersonalización… que produce empobrecidos y descartados del sistema”.
Un deber de justicia
Becerra insiste en que la participación es una exigencia ética y un deber social: “La participación de los trabajadores dentro de la empresa es un reto para el mundo del trabajo tanto para los empleadores como para los empleados y un deber de justicia para estos últimos. El trabajo humaniza a quien lo realiza y a la sociedad en la que se desarrolla”.
Asimismo, sitúa la democratización de la empresa en una comprensión integral del ser humano y del trabajo: “Detrás de la reivindicación de la democratización de la empresa hay una consideración del ser humano, de cómo ha de ser la sociedad en la que este ser humano pueda desarrollar plenamente sus capacidades en orden a vivir la comunión, como destino y horizonte vital de todo ser humano. Y por supuesto, cómo gestionamos la participación en la empresa también habla de cómo se concibe el trabajo, como un trabajo digno que cuida la vida o como una mera mercancía”.
Y advierte de las consecuencias de la falta de participación. “La falta de participación agrava los problemas que sufren los trabajadores, como la pobreza laboral, la concentración de la propiedad, el uso opaco de la inteligencia artificial, la deslocalización empresarial, el menor cuidado del medio ambiente…”, añade.
Finalmente, la presidenta del movimiento especializado de Acción Católica sintetiza el alcance transformador de democratizar la empresa. “Democratizar la empresa, situando en el centro a la persona y al bien común, ayuda a repartir mejor la riqueza, a anclar en capital a los territorios en concreto y a contribuir a un trabajo digno, que dignifica y transforma el medio para el bien común”.
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