La histórica activista Paca Blanco amenazada de desahucio de una vivienda municipal
Un juzgado de primera instancia ha notificado a Paca Blanco, de 77 años, referente en movimientos ecologistas, antinucleares y de defensa de los derechos sociales, una orden de desahucio solicitada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid.
Reside desde hace más de diez años en una vivienda pública que fue adjudicada a su hijo y cuya regularización lleva tratando de obtener sin éxito desde que él marchó para vivir en Brasil. “Llevo aquí desde 2014. Estoy empadronada desde que llegué. Tengo todos los recibos. Siempre le he pedido a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) que me cobren”, ha relatado la activista a El País.
Blanco ha intentado subrogar en el contrato de alquiler y asumir la correspondiente renta social. Pese a los reiterados intentos, el Ayuntamiento le ha negado esa posibilidad. Este tipo de viviendas pueden transmitirse de padres a hijos, pero no de hijos a padres, insisten desde la empresa municipal.
Desde hace un año ingresa a nombre de su hijo en una cuenta bancaria cantidades variables de dinero en concepto de gastos y alquiler. “Unos meses 400 euros, otros 460, según calefacción y comunidad”, detalla. Actualmente, sus ingresos rondan los 1.200 euros gracia a la pensión de jubilación y otra de viudedad. En los 11 años transcurridos sin pagar el alquiler, la deuda contraída con la EMVS puede rondar los 50.000 euros.
El Ayuntamiento le habría propuesto solicitar una plaza en una residencia de personas mayores, opción que Paca no contempla, porque, dice, “todavía estoy dando guerra”.
Diversos movimientos por la vivienda, organizaciones ecologistas y plataformas anticapitalistas de todo el Estado han manifestado su respaldo a Blanco, reclamando “el reconocimiento del derecho de toda la clase trabajadora a una vivienda digna y un alquiler social adecuado a sus ingresos”.
Un caso paradigmático
Para estas organizaciones, el caso de Blanco es paradigmático del funcionamiento del mercado de la vivienda y de las carencias del parque público madrileño.
Los colectivos señalan que la cuestión habitacional “es uno de los principales campos de disputa política y social” en España, marcada por la financiarización de la vivienda, el aumento del uso especulativo y el impacto del turismo masivo. “La ley no protege a quienes realmente lo necesitan, y la vivienda social sigue siendo insuficiente”, denuncian.
Blanco es considerada una figura clave de las luchas ecologistas y sociales de las últimas décadas. Su biografía incluye episodios de fuerte vulneración de derechos: fue internada en su juventud en el Patronato de Protección a la Mujer, durante el franquismo, una institución donde miles de niñas y mujeres fueron recluidas sin proceso judicial y sometidas a malos tratos, a veces incluso a cargo de órdenes religiosas o cargos eclesiásticos.
Ya en la edad adulta, sufrió también la expulsión de una vivienda de su propiedad en El Gordo (Extremadura) mientras ejercía como coordinadora de Ecologistas en Acción en la región y lideraba la campaña contra el complejo de lujo Marina de Valdecañas, lo que desencadenó amenazas y agresiones de sectores reaccionarios.
“Otra vez las instituciones intentan doblegar a Paca, arrebatándole su hogar”, denuncian colectivos cercanos, que alertan del riesgo de que la activista sea empujada “a la calle o a un internamiento en una institución para mayores”.
Las organizaciones sociales que hoy la apoyan destacan su trayectoria y la sitúan como símbolo de la lucha por el acceso a la vivienda y la dignidad de las personas precarizadas. “Paca somos todas”, concluyen en sus comunicados.
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