La coordinadora por el derecho al padrón saca músculo y anuncia nuevas acciones
La Coordinadora Estatal Padrón por Derecho reafirmó su compromiso de seguir presionando a los ayuntamientos para que cumplan con su obligación legal de empadronar a todas las personas que viven en sus municipios, independientemente de su situación administrativa o de si disponen o no de un domicilio formal.
Así lo manifestaron en una asamblea abierta celebrada en el Ateneo de La Maliciosa (Madrid), que reunió a un centenar de personas y a colectivos de múltiples territorios de la plataforma, a la que se siguen sumando entidades.
El encuentro sirvió para exponer el recorrido del movimiento, profundizar en sus propuestas y tejer nuevas alianzas ante una realidad que consideran “sistemática y profundamente discriminatoria”.
“Somos una red estatal de colectivos que, frente a la exclusión cotidiana del derecho al padrón y lo que esto supone de discriminación y de negación de derechos fundamentales, especialmente para las personas migrantes, pero no solo, nos organizamos para visibilizar esta exclusión y denunciarla como una forma de racismo institucional perversa”, explicó Pepa Torres, de la Red Interlavapiés.
Torres recordó que el padrón es un “metaderecho”, la puerta imprescindible para acceder a la sanidad, la educación, la regularización administrativa o la vivienda. Una puerta que, denunció, continúa cerrándose en municipios de todo signo político pese a las campañas públicas, las reuniones con responsables institucionales y la creciente presión social.
Aunque el padrón no será el requisito principal para demostrar la permanencia en España en el marco de la futura regularización extraordinaria, continúa siendo un elemento central para el acceso a derechos básicos.
Por ello, la asamblea puso el foco en las consecuencias prácticas de su denegación, especialmente entre territorios donde el racismo institucional, la precariedad económica y la irregularidad documental se retroalimentan.
Lucrarse con la desesperación
La red denuncia además la existencia de un mercado negro que cobra a personas migrantes hasta 500 euros a cambio de un empadronamiento y que se lucra de las trabas contrarias a la ley que los extranjeros enfrentan para conseguir un documento que les da acceso a servicios y prestaciones básicas.
En algunas ocasiones establecen cuotas de renovación, con amenaza de dar de baja a la persona, en una forma, alertan, de extorsión.
“Las tarifas por un empadronamiento ilícito varían según la ciudad, la urgencia y lo que se ofrezca a cambio”, explica este informe, que pone como ejemplos casos en Comunidad Valenciana, Madrid o Cataluña. Es, denuncian, “un círculo vicioso de necesidad y oportunismo”.
Galicia: pagar por existir
Desde Galicia, Sole, trabajadora del hogar y de los cuidados, denunció que para muchas mujeres migrantes el padrón se convierte en un instrumento de chantaje y explotación.
“Estamos atravesadas por muchas violencias porque este padrón nos invisibiliza; sin él no somos existentes como personas”, afirmó. Explicó que en Galicia se exige un contrato de alquiler para empadronarse, algo inalcanzable para quien llega recién migrada. Muchas trabajadoras internas dependen entonces de sus empleadores para registrarse, quienes “nos hacen el favor de empadronarnos y por ese padrón les vamos pagando 50 euros al mes”.
“Sin padrón no hay tarjeta sanitaria, ni papeles. O pagamos por ese padrón o no existimos”, insistió. Esta dependencia —añadió— deja a muchas mujeres en situación de violencia de género sin posibilidad de denunciar: “Si soy inexistente, ¿dónde voy? ¿Cómo voy a denunciar a quien me hace el favor de darme el padrón?”
Valencia: la DANA evidenció un sistema excluyente
Desde Valencia, Jhonny Vallés, coordinador de la Unidad Móvil de Atención a Personas Migrantes y miembro del movimiento Regularización Ya, relató cómo la DANA de 2024 expuso de nuevo el peso del padrón como barrera estructural.
“Nos encontramos con municipios que, después de muchas conversaciones y reuniones, tuvieron la buena voluntad de emitir un informe de residencia efectivo, pero solo si previamente la persona había acudido a servicios sociales”, explicó.
Pero numerosos migrantes no acuden a servicios sociales “porque estamos cubriéndonos la espalda, evitando alimentar los bulos de que copamos estos recursos”.
El resultado fue devastador: “El empadronamiento fue excluyente para miles de personas. Aunque 35.000 pudieron acogerse a la regularización tras la DANA, muchas quedaron fuera por no estar empadronadas o por estar empadronadas en zonas no afectadas.”
Vallés subrayó además el trabajo insistente que realizan día a día: visitas continuas a los ayuntamientos, hojas de reclamación, formación a profesionales y “pico y pala” para vencer la desinformación institucional. “Hemos visto que muchos trabajadores públicos no son conscientes de que un padrón abre puertas a educación, empleo, vivienda; que negar un padrón es negar derechos fundamentales.”
Cañada Real de Madrid: empadronamiento y poco más
Desde la Cañada Real, Houda, presidenta de la Asociación Cultural Tabadol, expresó con contundencia el carácter insuficiente del padrón: una puerta que se abre, pero que no protege.
“El padrón sí es la puerta de entrada a los derechos, pero no garantiza absolutamente nada”, afirmó. Lleva 30 años viviendo en la Cañada Real, donde hay familias empadronadas “desde hace más de 60 años”.
Sin embargo, están siendo expulsadas de sus viviendas bajo distintos pretextos: “Nos están echando bajo el lema de que no es una zona urbanística, o de que pertenece a la Comunidad de Madrid, o bajo estigmas de delincuencia y narcotráfico.”
Según denunció, el barrio es hoy “un territorio tan jugoso para la especulación que parece que a quienes vivimos allí nos quieren fuera para que Madrid siga creciendo y jugando con el negocio de la vivienda”.
Huelva: trabajar sin derechos
Desde los campos onubenses, Abodouyé Sanogo, de la Asociación Valiense, describió un escenario de vulneración extrema para las personas africanas que llegan a trabajar en los frutos rojos.
“La gente migrante llega sin papeles, sin empadronamiento, sin nada. ¿A dónde van a ir? No tienen a nadie aquí. Tienen que ir donde hay chabolas, cerca del campo, para poder acercarse al trabajo”, relató.
Desde esos asentamientos, denunció, los ayuntamientos no permiten empadronar. A pesar de ello, los empresarios agrícolas sí contratan a trabajadores recién llegados.
“Sin papeles te cogen para trabajar; no preguntan por el padrón”, explicó.
Pero cuando estas personas abren una cuenta bancaria para cobrar sus salarios, llega el bloqueo: “Te abren la cuenta, trabajas dos o tres meses y luego el banco te pide el padrón. El dinero se queda bloqueado y no puedes sacarlo.”
La regularización tampoco es posible sin ese documento: “Para renovar papeles, para buscar papeles, todo te pide empadronamiento. ¿Cómo conseguirlo si no te puedes empadronar?”
“Todo el mundo tiene derecho a empadronarse”, concluyó.
Propuestas: un observatorio estatal y unidades especializadas
La Coordinadora Estatal Padrón por Derecho subrayó la urgencia de que la administración central asuma su responsabilidad. Entre sus propuestas destacan la creación de un observatorio estatal que garantice el cumplimiento homogéneo del derecho al padrón en todos los municipios, la emisión de instrucciones claras y vinculantes desde el Gobierno central para que los ayuntamientos cumplan la ley, al margen del color político y la simplificación y humanización de los procedimientos, teniendo en cuenta barreras lingüísticas, digitales y de recursos.
Además, reclaman eliminar las trabas ilegales impuestas por algunos municipios y crear unidades especializadas y formar al personal municipal, para evitar que “la ventanilla del empadronamiento sea la ventanilla del no”.
Desde la coordinadora se anunció su intención de hacerse presente en uno de los territorios donde el incumplimiento del derecho al padrón es más flagrante: Huelva, epicentro de la producción de frutos rojos y destino anual de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes que sostienen el sector agrícola.
Las entidades que trabajan en la provincia —especialmente aquellas vinculadas a las comunidades africanas y a los asentamientos de temporeros— trasladaron que esta vulneración no es un episodio aislado, sino un sistema consolidado de exclusión del que los ayuntamientos son plenamente conscientes.
Pese a depender laboral y económicamente de mano de obra migrante, muchos consistorios siguen negándose a empadronar a quienes viven en chabolas o asentamientos informales, a pesar de que la ley obliga a registrar a todas las personas residentes en el municipio.
Por ello, la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho anunció su intención de celebrar un encuentro monográfico en Huelva en los próximos meses, con el objetivo de visibilizar esta situación, generar alianzas locales y exigir a los ayuntamientos agrícolas que cumplan sus obligaciones.
“Si hablamos de racismo institucional, en Huelva vemos su expresión más cruda: personas que trabajan, que sostienen la economía local, que pagan impuestos indirectos y que aun así son tratadas como si no existieran”, señalaron desde la organización.
La propuesta, muy bien recibida por las entidades de base presentes en la asamblea, busca situar el foco político en los municipios que viven del fruto rojo, tanto en la costa como en el interior, y que año tras año rehúsan registrar a miles de jornaleros y jornaleras que residen permanentemente en sus términos municipales durante las campañas agrícolas.
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