El salario justo, medida de dignidad
Hablar del salario mínimo es hablar, en el fondo, de dignidad. De la dignidad concreta de millones de personas trabajadoras que cada día sostienen la vida con su esfuerzo y que, sin embargo, continúan en el límite de lo suficiente. La reciente subida del salario mínimo interprofesional es, sin duda, una buena noticia, pero no puede ocultar una realidad persistente: sigue siendo insuficiente para garantizar una vida digna en la sociedad del siglo XXI.
Con 1.221 euros mensuales resulta muy difícil cubrir los gastos básicos de una persona trabajadora y, más aún, los de una familia. Vivienda, alimentación, transporte, suministros… la vida cotidiana muestra con claridad que el salario mínimo continúa lejos de lo que debería ser un salario verdaderamente justo. Aun así, conviene reconocer el paso dado. Que el salario suba significa, al menos, no perder en exceso el poder adquisitivo alcanzado en los últimos años. Hay motivos para valorarlo, pero también para seguir reivindicando. Porque el salario, no lo olvidemos, es el instrumento principal para practicar la justicia en las relaciones laborales.
En este debate suele aparecer un argumento recurrente: que subir los salarios pone en riesgo la viabilidad de las empresas. Sin embargo, cuando se observa la realidad concreta, esta afirmación resulta difícil de sostener. La mejora para quienes perciben el salario mínimo será de unos 37 euros mensuales. ¿Puede considerarse una carga inasumible en una economía empresarial donde los márgenes han superado el 10%? Además, hablamos del suelo salarial, de los salarios más bajos, de quienes viven en mayor situación de precariedad. El salario mínimo no es un privilegio, sino un mecanismo de protección. Su función es precisamente impedir que el trabajo se convierta en un factor de pobreza.
Pero la cuestión del trabajo digno no se agota en el salario. Desde la experiencia de quienes vivimos y acompañamos el mundo del trabajo, sabemos que la dignidad en el trabajo se construye también combatiendo la precariedad, la siniestralidad laboral y las desigualdades que atraviesan la vida de las personas trabajadoras. No basta con medidas puntuales; se necesita una orientación política clara que sitúe el trabajo decente en el centro.
Esto exige políticas públicas que protejan a las personas más vulnerables, que promuevan un modelo económico sostenible y que reconozcan el valor social de los cuidados. Exige, en definitiva, poner a la persona en el centro de la economía. Cuando el trabajo pierde su sentido humano, deja de ser camino de realización personal y se convierte en un factor de exclusión. Y una sociedad que normaliza esa exclusión se debilita moralmente.
La tradición social cristiana ha insistido siempre en que el trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino una dimensión esencial de la vida humana. Por eso, la defensa del trabajo decente no es una cuestión ideológica, sino profundamente humana y ética. Nos jugamos en ella el tipo de sociedad que queremos construir: una sociedad que cuida o una sociedad que descarta.
En este tiempo de incertidumbre, conviene recordar las palabras del papa Francisco al inicio del Jubileo 2025: “una esperanza activa, que no se resigna ni abandona, sino que se organiza, denuncia y construye alternativas”. Esa esperanza activa pasa hoy por seguir avanzando hacia salarios justos, condiciones laborales dignas y políticas que sitúen el trabajo al servicio de la vida. Porque cuando el trabajo dignifica, la sociedad entera se humaniza. Y cuando el salario es justo, la justicia deja de ser una palabra y empieza a hacerse realidad.
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Presidenta general de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
