El líder los empresarios se mofa de la propuesta de democratizar la empresa
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado duramente la propuesta del Ministerio de Trabajo de democratizar las empresas, aunque no renuncia, al menos, de momento, a acudir a la mesa del diálogo social que debería abrirse dentro de unos días. Sus palabras, poco elegantes, no hacen presagiar grandes avances en este sentido.
“Nos viene la ley del intervencionismo en estado mágico y máximo, que llaman la ley de la democracia en la empresa”, trató de explicarse en el encuentro organizado por la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valencia, en el Hotel Palace. Aunque reconoció ante su auditorio la dificultad de que esta ley sea aprobada y puesta en práctica, añadió que “solo el anuncio provoca ya la desconfianza”.
El argumento para defender su oposición a esta iniciativa, en cambio, resultó novedoso: “la empresa es democrática con sus accionistas, que son los que se juegan el dinero”. Aunque tal afirmación pueda sonar razonable, en realidad, ni siquiera la teoría más ultraliberal la avala. El referente del neoliberalismo, Milton Friedman, se hubiera escandalizado de que un dirigente empresarial conjugara en la misma frase “empresa” y “democracia”.
Consideraba que el único fin legítimo de una empresa es maximizar los beneficios económicos para los accionistas. Aborrecía hasta el concepto de responsabilidad social corporativa, por considerarlo como, utilizando la palabra para él maldita, “socialismo”.
Lo cierto es que los manuales de gestión empresarial al uso recomiendan y defienden la organización jerárquica de la empresa y el establecimiento de relaciones de autoridad claras. Hay ríos de tinta escritos en contra de introducir la deliberación democrática, que se entiende, desde el punto de vista de la gerencia, como ineficaz e inoperante, para asegurar los fines de las empresas.
No quita que a veces la ideología neoliberal pueda aconsejar fomentar el trabajo en equipo, impregnar a la plantilla de los valores corporativos o alinear el entusiasmo, el conocimiento y el saber hacer de las personas trabajadoras con las metas corporativas.
La propiedad de la empresa
El modelo de empresa dominante se concibe así como una institución orientada principalmente a la maximización del beneficio en general y muy particularmente a la creación de valor para los accionistas, incluso en contra de la viabilidad del proyecto empresarial y hasta del bien común.
Todo ello es el resultado de un gran esfuerzo intelectual para cerrar la clásica disputa por el control de los medios de producción. En las juntas de propietarios, el voto está ponderado en función del control del capital, lo contrario de “una persona, un voto”, al entenderse que quien más dinero arriesga más interesado está en tomar las decisiones adecuadas.
En todo caso, la filosofía económica triunfante entiende el mercado como un vago y muy lejano eco de la democracia que consagra la expresión “un dolor, un voto”. La demanda agregada viene a ser un indicio de la soberanía de los clientes y consumidores, la expresión de las preferencias económicas de la sociedad.
Desde la teoría neoclásica, que aspira a limitar la acción del Estado al mínimo, el único control o límite legítimo a las empresas procede del mercado, que a través de la ley de hierro de la oferta y la demanda, lograría disciplinar a las empresas mediante su exposición a la competencia, el riesgo reputacional y, sobre todo, el logro del beneficio.
Tirar de ironía para sortear el debate
Según cuentan las crónicas, el líder del empresariado español ironizó, como acostumbra últimamente, sobre las propuestas del comité encargado por el Ministerio en un tono del agrado de su público.
“Id preparando, tranquilos, el 10% vais a repartirlo, los sindicatos que nos van a dirigir la empresa van a tener el 50% del Consejo (de Administración) y otras tantas cosas que parece que se plantean”, pronunció entre risas y aplausos de sus colegas.
Sin embargo, son muchos los países europeos donde existen leyes como las que propone el Ministerio de Trabajo para nuestro país con el fin de avanzar en la participación de los trabajadores en la dirección de la empresa y hasta en su accionariado. Lo que no parece que dé origen a bromas y chanzas continuas entre el empresariado europeo.
Existen otras corrientes teóricas que tratan de ampliar la capacidad de influencia a otros grupos de interés, empezando por sus trabajadores y terminando por los consumidores y las comunidades afectadas por el comportamiento empresarial.
Para muchos críticos del capitalismo, incluido el pensamiento social cristiano, el derecho de propiedad nunca es absoluto, sino que debe subordinarse al bien común. Es más, la desigualdad que supone la acumulación del dinero y el poder que con él puede comprarse se ha identificado como el principal riesgo para la democracia.
Las teorías de inspiración republicana y los planteamientos comunitaristas consideran que la empresa, al ser una institución que afecta a la vida de las personas, a los recursos naturales y al entorno, con una gran capacidad para condicionar la libertad y las oportunidades de la ciudadanía, debe recoger más opiniones que la de sus exclusivos propietarios.
En este sentido, la democracia en la empresa amplía la libertad real de los trabajadores, pero no sólo. Potencia que la acción empresarial se oriente más eficazmente hacia el beneficio social.
Contra la tiranía del dinero
El poder omnímodo del capital, está más que comprobado, arruina cualquier sociedad. Tan es así que las sociedades democráticas se han dotado de mecanismos, leyes y marcos regulatorios para defender al propio mercado de la concentración de la riqueza, de monopolios y oligopolios, y también de intereses ajenos o corporativistas.
La salud de la democracia exige contrapoderes y espacios de concurrencia de intereses diversos, también en sociedades de libre mercado que bajo su lógica tiende a la concentración. El grande se come siempre al pequeño.
Por supuesto, la buena gestión diaria de las empresas no requiere la consulta constante. Nadie ha propuesto tal cosa. De lo que se trata es de que en la estrategia empresarial cuenten otras voces que no sean las del reducido grupo de personas que buscan ganar cuanto más, mejor, en el menor tiempo posible, a costo de todo lo demás.
Si los capitalistas arriesgan su dinero, los trabajadores se juegan su salud, ponen en riesgo su integridad personal y sacrifican su tiempo. Parece lógico que tengan algo que decir sobre la marcha de las empresas.
La propuesta del Ministerio, en ningún caso, supone la nacionalización o estatalización de las empresas. Simplemente trata de abrir espacio a la parte trabajadora. Garamendi lo sabe, aunque prefiera practicar la locuacidad del aplauso fácil de sus homólogos, de parte de ellos, al menos, los más próximos, suponemos.
La propuesta actual sólo es un primer paso en la buena dirección que, en cambio, por lo que se ve, escandaliza a los empresarios representados por las grandes organizaciones empresariales del país.
La iniciativa económica y la opinión ciudadana
Nada se ha dicho aún de permitir que la ciudadanía influya directamente, y no solo a través de su consumo, en la dirección de las empresas, lo que sería también muy razonable, como se señala desde otros muchos ámbitos.
Si la población se ve afectada por las decisiones y comportamientos empresariales, parece lógico que tenga algo que decir sobre cuáles son las prioridades económicas a la hora de satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad.
Según este planteamiento, tendría que tener capacidad para diferenciar qué fines son o no legítimos, y por tanto, qué iniciativas económicas merecen la aprobación social y cuáles su rechazo.
Garamendi, en la declaración pública que comentamos, adelantó ya que su organización acudirá a la mesa del diálogo social cuando se convoque, con “la mano tendida”, lo que al menos habla de su buena predisposición al diálogo.
“Cuando nos convoquen, veremos lo que haremos”, concluyó, para luego repasar las últimas preocupaciones de la patronal: el absentismo laboral, la ineficacia de lo público, la desde su punto de vista falta de moderación de la política y la mala prensa que arrastra la figura del empresario…
Efectivamente, no sale bien parada la imagen pública de los accionistas y directivos. Puede que no ayude la descontextualización de sus palabras y la inquina que pueda guardarle algún profesional de la comunicación, como tampoco el tono, el estilo y hasta los argumentos que utiliza, tal vez por falta de asesoramiento adecuado o por cierto apresuramiento a la hora de defender los intereses de los empresarios y accionistas.
Es de desear que, algún día, el presidente de la CEOE se tome en serio el debate público y acuda a un foro adecuado para presentar con rigor los planteamientos que defiende. Abrirse a dialogar con la intención de llegar a acuerdos que recojan las preferencias de todas las partes, y no solo de quienes tienen el poder del dinero, sería todavía mejor.
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