Alerta ante fraudes en la antesala de la regularización extraordinaria

Alerta ante fraudes en la antesala de la regularización extraordinaria
FOTO | Europa Press
La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno aún no está en vigor y no puede tramitarse, advierte CCOO en Valencia, que alerta de estafas dirigidas a personas migrantes

La regularización extraordinaria de personas trabajadoras migrantes aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes 27 de febrero ha sido recibida con una valoración positiva generalizada por organizaciones sociales, sindicales y eclesiales.

La medida se interpreta como un paso relevante para reconocer dignidad, derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social ya existente: personas que viven y trabajan en España desde hace años en situación administrativa irregular.

Sin embargo, pese a su aprobación política, el proceso todavía no está en vigor, ya que su aplicación efectiva depende de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y de las instrucciones oficiales que concreten su tramitación. El texto se encuentra en fase de audiencia pública hasta el 6 de febrero, para su consulta y la presentación de aportaciones.

Este contexto, es clave para entender la situación que se está produciendo en estos momentos. Así lo advierte Isabel Barrajón, responsable de Migraciones de Comisiones Obreras del País Valencià (CCOO PV), quien ha lanzado una voz de alarma ante los abusos que comienzan a detectarse.

Barrajón recuerda que el proceso “aún no ha comenzado” y que la regularización “no estará vigente hasta que esté publicada en el BOE”, por lo que, a día de hoy, no se puede tramitar ninguna solicitud, pese a la expectativa generada entre la población migrante.

La vulnerabilidad como terreno para el abuso

Esa expectativa está siendo utilizada por personas y supuestos gestores que intentan lucrarse. Desde el sindicato han constatado “con mucha preocupación” que hay quienes están intentando aprovechar “la vulnerabilidad y la ilusión de la gente”, llegando a pedir “cantidades de dinero desorbitadas” con la falsa promesa de reservar una plaza o agilizar expedientes.

Barrajón es tajante al señalar que “esto es sencillamente una estafa”, ya que “nadie tiene acceso prioritario a un proceso que legalmente aún no existe”.

En efecto, ante la necesidad y la debilidad humana siempre hay quienes buscan aprovecharse, construyendo procesos de abuso a partir de la incertidumbre, el miedo y la esperanza legítima de estabilidad.

La regularización, concebida para ampliar derechos de ciudadanía y reducir la explotación, corre así el riesgo de generar en esta fase previa un espacio de negocio fraudulento que instrumentaliza la fragilidad jurídica y social de las personas migrantes.

Qué falta por concretar

Este contexto se explica también porque aún faltan por definir aspectos esenciales del procedimiento. Todavía se necesitan los detalles sobre los canales de presentación de la solicitud (sede electrónica u oficinas presenciales), la documentación exacta que habrá que aportar, las posibles tasas administrativas, así como los plazos de resolución.

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Todos estos elementos se conocerán cuando se complete la tramitación del real decreto y se publiquen las instrucciones oficiales de aplicación. Hasta entonces, el proceso está aprobado políticamente, pero no definido operativamente, lo que es aprovechado para la desinformación y los abusos.

Este escenario se produce, además, en un contexto ya advertido por el propio sindicato. La futura aplicación de la regularización recaerá sobre unas oficinas de Extranjería que trabajan en condiciones límite, con una plantilla “exhausta, desbordada y sin medios”, lo que previsiblemente aumentará la presión en la atención, las consultas y la tramitación de expedientes.

Seguridad e información

La organización de trabajadoras y trabajadores insiste en la necesidad de prudencia y en la importancia de acudir únicamente a canales fiables. Barrajón advierte expresamente de que no se entregue dinero ni documentación original a desconocidos y subraya que la información oficial llegará “a través de los canales del Ministerio y desde organizaciones de confianza”.

En este sentido, el sindicato garantiza que ofrecerá acompañamiento “de forma gratuita y profesional en cuanto el proceso sea oficial”. Además está desarrollando ya un proceso de asambleas informativas para “ofrecer una información veraz a todas aquellas personas que requieran tramitar su autorización de residencia y trabajo en España”, con el objetivo de prevenir engaños y reforzar la protección de derechos desde este momento previo.

Preparación sin tramitación

Mientras no exista procedimiento oficial, sí es posible realizar una preparación básica. Según explica Barrajón, se puede ir recopilando documentación que permita demostrar la estancia en territorio español y, con cautela, solicitar el certificado de antecedentes penales, teniendo en cuenta que estos documentos “caducan a los tres meses”. Más allá de eso, insiste, todavía “nos falta certeza e información definitiva de cómo finalmente va a ser la tramitación”.

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