Uber Eats dejará de usar falsos autónomos para evitar las sanciones de la “ley rider”
Uber Eats ha anunciado que dejará de operar con repartidores autónomos en España para trabajar exclusivamente con plantillas asalariadas a través de flotas subcontratadas.
La compañía de reparto impulsada por Google, que sigue siendo su socio estratégico, ha dado este paso, ante la presión sindical, la actuación de la Inspección de Trabajo y la ley rider de 2022, completada por la directiva europea de 2024.
“Es un paso en la buena dirección”, declara el coordinador de Plataformas Digitales en UGT, Fernando García, quien recuerda que “los sindicatos y los riders llevamos diez años luchando para que se nos reconozca como trabajadores de pleno derecho”.
Dese su punto de vista, “la decisión empresarial supone la culminación del cambio de modelo impulsado de la Ley Rider que ha reforzado lo que era ilegal incluso antes, contratar a falsos autónomos para trabajar a las órdenes directas de la empresa”.
Just Eat y Glovo, cuya cúpula se enfrenta a un proceso penal, ya habían renunciado a la utilización del trabajo por cuenta propia para distribuir los pedidos. Ahora lo hace Uber Eats que mantenía un modelo mixto: autónomos y flota de empresas subcontratadas.
La impresión de García es que la plataforma “ha esperado a ver cómo evolucionaba el sector” para tomar una decisión. “Con la ley rider, Uber despidió a muchos autónomos y comenzó a utilizar las flotas de repartidores, aunque luego volvió a contratarlos al ver que sus competidores seguían igual”.
Con todo, todavía quedan muchos flecos por aclarar. Se desconoce “el número de trabajadores que van a pasar a las flotas y el plazo de tiempo para ejecutar el anuncio”, insiste García.
“No sabemos si van a despedir a los autónomos a través de un despido colectivo que tendrán que negociar con la representación de los trabajadores, si harán contratos desde cero o respetarán la antigüedad, ni qué convenio se va a aplicar”, detalla.
La compañía asegura que el cambio busca “cerrar litigios pendientes y colaborar con sindicatos y Gobierno para un proceso justo”.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había advertido que, de no corregirse el modelo, se abriría una vía penal contra los responsables de la empresa, como ocurrió con Glovo en 2024. “Ninguna empresa está por encima de la ley”, reiteró entonces.
“Van a aflorar más de 50.000 puestos de trabajo que se van a laboralizar con un impacto por los procesos administrativos de más de 100 millones de euros y este es el camino. Ahora, las grandes empresas de delivery en España estarían cumpliendo con esta ley”, ha asegurado.
La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) ha querido resaltar la labor de este organismo y recuerda que la aplicación efectiva de la norma “depende de la capacidad fiscalizadora de la Inspección, absolutamente necesaria para corregir abusos y fraudes laborales”.
Mucho por hacer todavía
A partir de ahora, las personas repartidoras tendrán que ser contratadas como asalariados directos o a través de las flotas colaboradoras para poder usar la aplicación de Uber Eats, si bien sigue existiendo un mercado negro de cuentas que se alquilan o ceden, que parece escapar a cualquier control.
Con todo, el esfuerzo sindical no ha terminado, ni mucho menos, entre otras cosas porque la directiva europea todavía no ha sido incorporada al ordenamiento jurídico de España, pero también porque ahora hay que dilucidar “si la subcontratación de trabajadores al servicio de una empresa matriz es cesión ilegal de trabajadores o si se cumple o no la protección de datos”.
En todo caso, el responsable de plataformas digitales de UGT adelanta que “si las empresas quieren hacer las cosas bien, cumplir la ley y mejorar las condiciones de trabajo, serán bienvenidas a la negociación de los convenios colectivos correspondientes”.
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