Trabajo propone un incentivo fiscal condicionado para facilitar el acuerdo del SMI
El Ministerio de Trabajo ha planteado a sindicatos y patronal la creación de un incentivo fiscal para las empresas más afectadas por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), siempre que estas mantengan el empleo y eleven los sueldos más bajos de sus plantillas.
La subida del salario mínimo el SMI, un 3,1% en 2026 hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF, será afectiva con efector retroactivo desde el 1 de enero pasado, una vez sea aprobado por el Consejo de Ministros, independientemente de si los agentes sociales respaldan o no la nueva propuesta de Trabajo.
Tras casi tres horas de reunión con los agentes sociales, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que la compensación no será un “regalo urbi et orbi”, sino una medida dirigida únicamente a las empresas con mayor número de trabajadores en el tramo del salario mínimo.
Aunque evitó detallar el diseño final por “respeto” a los trabajos que está realizando Hacienda, ha informado que una de las posibilidades es introducir una deducción fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.
Pérez Rey insistió en que el objetivo es que el incentivo actúe como “estímulo para dejar de tener plantillas ancladas en la escala salarial más baja”, subrayando que la compensación estará supeditada a que las empresas reduzcan en los próximos ejercicios su exposición global al SMI.
También ha recalcado que desde Trabajo y Hacienda llevan “todo el fin de semana” trabajando para lograr un acuerdo con patronal y sindicatos de cara a la próxima reunión del jueves.
El secretario de Estado ha defendido la subida del SMI como un paso decisivo para que España deje de ser “un país de bajos salarios”, recordando que existe un diferencial de más de “20 puntos” con respecto a la media europea. “Subir los salarios es una necesidad imperiosa en España”, remarcó.
Desde el lado sindical, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) tendrán que someter la propuesta al veredicto de sus respectivas direcciones, si bien han señalado lagunas en la propuesta. En particular, sobre cómo garantizar que una eventual deducción fiscal repercuta realmente en los salarios.
El responsable de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, advirtió de la necesidad de clarificar jurídicamente el mecanismo para evitar que las empresas mejoren márgenes sin trasladar la subida a los trabajadores. Con todo, ha afirmado que “si la iniciativa sirve para atraer a las empresas, lo estudiaremos porque tendría un valor político”.
Por parte de UGT, Patricia Ruiz, ha expresado su deseo de que esta nueva iniciativa “no puede ser otra excusa para que la patronal dilate el acuerdo sobre la aplicación del salario mínimo”.
Desde la CEOE, la directora del departamento de Empleo, Protección Social y Diversidad, Rosa Santos, ha criticado que la oferta ha sido solo verbal “y sin ningún tipo de concreción”, lo que impide valorarla. Santos se ha quejado de que lo requisitos para beneficiarse de la ayuda y los ha considerado directamente “inasumibles” por las empresas. Recordó además que la organización plantea una subida del SMI del 1,5%, aunque está abierta a estudiar alternativas que “mejoren las circunstancias globales de las empresas”.
Aun así, las patronales CEOE y Cepyme, evaluarán la propuesta tan pronto como reciban los detalles aún pendientes de concretar por parte del Gobierno.
Los ministerios de Trabajo y de Hacienda han acordado actualizar la deducción que ya aplicó el pasado año de forma que ninguno de los beneficiarios que por sus circunstancias personales superen el mínimo exento tenga que tributar, aunque hasta el momento no se han dado a conocer los detalles.
La mesa del diálogo social volverá a reunirse el jueves, con la expectativa del Gobierno de lograr un acuerdo que incluya a las organizaciones sindicales y patronales para “convertir la política salarial en un asunto de Estado”, tal como expresó Pérez Rey.
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