Trabajo acuerda con los sindicatos subir el SMI hasta los 1.221 euros al mes con el rechazo de la patronal

Trabajo acuerda con los sindicatos subir el SMI hasta los 1.221 euros al mes con el rechazo de la patronal
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT alcanzaron anoche un acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La medida, que se llevará próximamente al Consejo de Ministros, suma 37 euros más al mes respecto a la cuantía vigente en 2025 (1.184 euros) y 518 euros más al año, y se aplicará sin tributación en el IRPF para quienes perciben esta renta mínima.

El anuncio lo realizó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión de la mesa de diálogo social, que concluyó sin el respaldo de CEOE y Cepyme. “No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel”, afirmó, subrayando que se exploraron “propuestas y contrapropuestas” para sumar a las organizaciones empresariales.

La subida del SMI vuelve a pactarse con los sindicatos y sin las patronales por sexto año consecutivo. La última vez que CEOE y Cepyme apoyaron un incremento fue en 2020, cuando el salario mínimo pasó de 900 a 950 euros mensuales.

El aumento beneficiará a cerca de 2,5 millones de personas, según las estimaciones del Ministerio de Trabajo. En términos anuales, el SMI se sitúa en 17.094 euros brutos para quienes trabajan a jornada completa.

Reforma de la absorción y compensación de complementos

En el acuerdo con CCOO y UGT, el Ministerio adquiere el compromiso de reformar las reglas de absorción y compensación para evitar que los complementos salariales se diluyan con la subida del salario mínimo.

“Vamos a llevar a cabo una reforma de las reglas de absorción y compensación, para que estos 37 euros vayan directos al bolsillo de las personas trabajadoras y no se queden por el camino”, explicó Pérez Rey. El secretario de Estado puso el foco en quienes desempeñan tareas en condiciones de peligrosidad o requieren una especial atención, para que sus pluses “no queden diluidos por la subida del salario mínimo interprofesional”.

La modificación se articulará mediante el Real Decreto de transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, sin necesidad de rango de ley. “Tenemos fundamentos jurídicos sólidos para hacerlo por esta vía”, defendió, adelantando que el texto también incorporará cambios en el funcionamiento de la Comisión de Expertos del SMI.

Hacienda y el incentivo fiscal, fuera de la mesa

La negociación no abordó la propuesta del Ministerio de Hacienda de introducir un incentivo fiscal –una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades que había criticado los sindicatos– para empresas que impulsen contrataciones con salarios por encima del SMI.

Pérez Rey reconoció que Trabajo prefería indexar el SMI a los contratos públicos y justificó que la iniciativa de Hacienda no se sometiera a debate: “Ha sido tachada de ‘trilera e intervencionista’ por la patronal… hemos decidido no someter la propuesta a la mesa por considerar que era una pérdida de tiempo”.

El secretario de Estado lamentó el clima de la negociación y apeló a recuperar el terreno del acuerdo en negociación colectiva: “Hemos hecho todo lo posible por meter a la patronal en la senda del diálogo social… y ni aun así ha sido posible. A mí esta situación me apena mucho”.

La patronal habla de “trampa” y “falta de respeto”

En un comunicado conjunto, CEOE y Cepyme aseguraron que “nunca había habido una falta de respeto y un desprecio tan claro al diálogo social” como el vivido en estos días. Calificaron el acuerdo entre Trabajo y sindicatos de “una trampa” y denunciaron que la no compensación y absorción de complementos “se salta el Estatuto de los Trabajadores y quiebra la negociación colectiva”, lo que, a su juicio, provocará un incremento “exponencial de los costes” que “asfixiará a gran número de empresas”.

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Las organizaciones empresariales también alegaron que no recibieron “ninguna propuesta en firme” en la mesa y apuntaron a una “descoordinación y conflicto entre ministerios sin precedentes”.

Poder adquisitivo y directiva europea

Desde CCOO, el sindicato defendió el impacto positivo de la subida en el consumo, el empleo y la economía, y subrayó que el acuerdo permite avanzar en la adaptación de la directiva europea sobre salarios mínimos y en una solución para limitar los efectos de la compensación y absorción, alcanzando una percepción neta del 60% del salario medio neto.

Según las estimaciones del sindicato a partir de la Encuesta de Población Activa, la medida alcanzará al 9,3% de la población asalariada a jornada completa (1,47 millones de personas), además de 250.000 trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial, hasta un total de 1,71 millones de beneficiarios.

“Estamos muy conformes con poder cerrar hoy la reunión y no estamos de acuerdo en seguir con un proceso dilatorio de la mesa de negociaciones”, afirmó Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas, quien recordó que se trata de salarios de “subsistencia”. “Lo que está encima de la mesa es garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras que menos ganan en este país”, añadió, lamentando que se pongan trabas a un incremento del 3,1% cuando en los convenios colectivos se han pactado subidas medias del 3,52%.

Pacheco insistió en la importancia de blindar los complementos: “Es fundamental para nosotros”, y cerró con una apelación a la responsabilidad sindical: “Por nuestra responsabilidad con lo que representamos, 22 millones de trabajadores y trabajadoras, hoy tenía que acabar la negociación”.

Contratos públicos y ley de desindexación

Por su parte, UGT reivindicó una reforma de la ley de desindexación para que las subidas del SMI se trasladen a los contratos públicos. Luján instó a la CEOE a sumarse a la “pelea” por esta modificación, con el objetivo de que la mejora del salario mínimo tenga un reflejo directo en las licitaciones y servicios financiados por las administraciones.

Los sindicatos elevarán el preacuerdo a sus respectivos órganos de decisión para su validación y posterior firma, que todavía no tiene fecha. Una vez ratificado, el Gobierno llevará la subida del SMI al Consejo de Ministros para su aprobación formal.

La fotografía que deja este acuerdo acentúa la brecha entre las tres partes del diálogo social. Las posiciones enfrentadas y el tono del proceso de negociación mantienen alejados tanto los espacios tripartitos (Gobierno, sindicatos y patronales) como los ámbitos bipartitos entre organizaciones sindicales y empresariales, en un momento clave marcado por la próxima renovación del AENC. Un escenario que, a día de hoy, dificulta cualquier horizonte de acuerdo.

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