¿Puede ayudar la ciencia a reforzar la democracia?

La democracia puede ser más fuerte, justa y resistente si usa de manera más efectiva la ciencia, pero no para sustituir a la política, sino para darle más fundamento, más capacidad de aprender de la experiencia y menos margen a la demagogia y a la mentira.

Vivimos en una época a la que algunos califican de «policrisis». Esa mezcla y acumulación de problemas como las emergencias climáticas, las desigualdades persistentes, las tensiones geopolíticas y los acelerados cambios tecnológicos que atraviesan la vida cotidiana.

Un escenario en el que, al mismo tiempo, crece la desconfianza hacia la política porque demasiadas promesas no se cumplen y demasiados problemas se cronifican. Lo paradójico de todo ello es que nunca habíamos tenido tanto conocimiento científico, ni tanta capacidad tecnológica para entender riesgos, anticipar escenarios o evaluar políticas públicas y, a la vez, nunca había sido tan visible la sensación de descontrol.

Sabemos mucho sobre lo que nos pasa, pero nos cuesta traducir ese saber en decisiones que mejoren la vida de la gente.

Ahí aparece la brecha entre saber y hacer, esa distancia entre lo que indican las evidencias, los análisis científicos y lo que efectivamente se acaba decidiendo e implementando.

La ciencia ayuda a caracterizar mejor los problemas, a medir su magnitud, a comparar experiencias y a anticipar las consecuencias de distintas opciones: desde el cambio climático hasta la segregación escolar, desde la salud pública hasta el déficit de vivienda.

El conocimiento disponible permite saber qué políticas funcionan mejor y cuáles no. Pero las decisiones públicas no son neutrales, siempre reparten costes y beneficios, generan ganadores y perdedores, expresan valores y prioridades; por eso la ciencia no puede decidir sola, porque la democracia no es el gobierno de los sabios, sino el gobierno de todos, y en ese gobierno cuentan tanto los datos como la deliberación, los desacuerdos y la construcción de mayorías.

Cerrar la brecha entre saber y hacer obliga a cambiar tanto la forma de hacer política como la forma de hacer ciencia. Del lado científico, por importante y significativo que sea el publicar en revistas especializadas y de prestigio, hace falta salir del laboratorio, implicarse en la definición de problemas, traducir los resultados a un lenguaje comprensible y dialogar con actores sociales y responsables públicos dispuestos a escuchar.

Pero, asimismo, del lado de la política, no basta con manejar bien los tiempos mediáticos o las encuestas, hay que aceptar que conviene definir mejor qué se quiere cambiar, hay que apoyarse en diagnósticos sólidos, atreverse a probar soluciones a pequeña escala, evaluarlas y rectificar si no funcionan, aunque eso suponga asumir costes en el corto plazo.

La tecnología digital y la inteligencia artificial amplían hasta límites insospechados la capacidad de recoger datos en tiempo real, modelizar comportamientos, simular escenarios, personalizar intervenciones; herramientas como los gemelos digitales urbanos o los sistemas de análisis masivo pueden ayudar a diseñar políticas más precisas, que combinen universalidad y atención a la diferencia.

Pero precisamente por eso, si se deja que «el algoritmo decida» sin control democrático, se corre el riesgo de consolidar sesgos, profundizar desigualdades y convertir decisiones políticas en cajas negras de difícil comprensión e impugnación. La gobernanza de la inteligencia artificial se convierte así en un asunto político de primer orden: quién controla los datos, qué límites se ponen a las aplicaciones de alto riesgo, cómo se garantiza la transparencia, quién responde cuando un sistema automatizado niega una ayuda, una plaza escolar o un diagnóstico.

Frente a una esfera pública saturada de bulos, conspiraciones y campañas de desinformación, la ciencia puede contribuir a recuperar la idea de verdad como aspiración compartida, no como dogma. La democracia no necesita una verdad única, pero sí un mínimo suelo común de hechos contrastables sobre los que discutir qué hacer; cuando todo vale lo mismo, cuando un estudio riguroso pesa lo mismo que un vídeo viral sin base alguna, se deshace la posibilidad misma de conversación democrática. De ahí la importancia de fortalecer la verificación de hechos, desarrollar pensamiento crítico, y también diseñar herramientas de inteligencia artificial orientadas a identificar fuentes fiables y detectar señales de manipulación, sin caer en censuras que ahoguen el pluralismo.

Al final, mejorar la democracia
utilizando la ciencia es, sobre todo,
relacionar mejor hechos y valores

Poner la ciencia al servicio de la democracia implica también mover la frontera entre expertos y ciudadanía. En campos como el ambiental se ha visto el potencial de la ciencia ciudadana: personas que miden la calidad del aire de su barrio, agricultores que registran cambios en su entorno, colectivos que participan en el seguimiento de políticas; cuando la recogida y el análisis de datos se abren a quienes viven los problemas en primera persona, aumenta la confianza en los resultados y se enriquecen los diagnósticos. Esa democratización del conocimiento no elimina la necesidad de rigor, pero sí obliga a reconocer que también hay saberes situados, experiencias y perspectivas que deben entrar en la conversación si se quiere diseñar políticas legítimas y efectivas.

La cuestión de los expertos encaja aquí de forma delicada: se necesitan conocimientos especializados para distinguir evidencias sólidas de ocurrencias, pero la autoridad experta no puede convertirse en una coartada tecnocrática para cerrar debates.

Al final, mejorar la democracia utilizando la ciencia es, sobre todo, relacionar mejor hechos y valores. No se trata de reducir los conflictos políticos a ecuaciones técnicas, sino de que quienes defendemos la democracia podamos hacerlo con mejores argumentos, con evidencias más sólidas y con una mayor capacidad de mostrar resultados en términos de reducción de desigualdades, protección del planeta y ampliación efectiva de derechos.

Para eso se necesita un sistema científico que mida su impacto no solo en citas académicas, sino también en impacto, en cambios sociales, y un sistema político que se atreva a aceptar la incertidumbre, a hacerse preguntas incómodas y a confrontar sus intuiciones con los datos disponibles.

En tiempos en que se ofrece autoritarismo envuelto en promesas de eficacia, la combinación de ciencia y democracia no es un lujo, sino probablemente la condición para que la democracia siga siendo creíble como forma de organizar la vida en común. •

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Joan Subirats Humet

Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor del libro La brecha entre saber y hacer. Democracias más fuertes con políticas más efectivas