Organizaciones sociales alertan de exigencias irregulares en los procesos de regularización por arraigo en Comunidad Valenciana
La Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Migrants, plataforma que agrupa a organizaciones sociales de Valencia, ha denunciado irregularidades en la aplicación de la normativa de extranjería en la Comunitat Valenciana, especialmente en los procedimientos de regularización por arraigo sociolaboral y socioformativo
En una nota de prensa, la Mesa sostiene que se está exigiendo a las personas en situación administrativa irregular el cumplimiento de requisitos que no figuran en la propia Ley de Extranjería.
A su juicio, esta práctica podría vulnerar el principio de jerarquía normativa recogido en la Constitución, al imponer una norma de rango inferior condiciones más estrictas que las establecidas por la ley estatal.
“Un requisito que no es obligatorio por ley”
Según recuerda la plataforma, la Ley de Extranjería establece que el informe de inclusión social elaborado por las oficinas Pangea, dependientes del Gobierno valenciano, no es vinculante ni obligatorio para la obtención de la documentación que permite residir y trabajar en el Estado español.
Esto implica, subrayan, que dicho informe no debería convertirse en un requisito indispensable para acceder a los procesos de regularización.
Sin embargo, la Mesa denuncia que la Generalitat, a través de estas oficinas, está condicionando la emisión de dichos informes a la realización previa de formación reglada o a la asistencia a una “escuela de acogida”. Esta exigencia, señalan, deja fuera otros posibles itinerarios de integración social que no pasan necesariamente por esos dispositivos.
La plataforma también alerta sobre la existencia de “estructuras aleatorias” en la emisión de los informes, lo que, en su opinión, deriva en una aplicación arbitraria de la ley y convierte estos documentos en una condición sine qua non para la obtención de los denominados “papeles”.
La portavoz de la Mesa, Yessica Díaz Soto, plantea en el comunicado una pregunta que resume el núcleo de la denuncia: “¿Por qué no se valoran otros certificados de cursos y talleres realizados en ONG, así como otras pruebas de integración, como pertenecer a una asociación o ser usuario de biblioteca pública?”.
Petición de revisión del procedimiento
Las entidades que integran la Mesa, entre ellas la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Valencia, consideran que estas prácticas son “injustas y contrarias a la ley” y reclaman una revisión de la aplicación del arraigo sociolaboral y socioformativo en la Comunitat Valenciana.
El objetivo, afirman, es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y asegurar que la inclusión social de las personas migrantes en situación irregular se valore “de manera justa y equitativa”.
Redacción de Noticias Obreras.
