La regularización de migrantes es celebrada por entidades sociales, sindicales y también eclesiales
(Actualización) El anuncio del Gobierno de aprobar una regularización extraordinaria de personas migrantes residentes en España ha cosechado un respaldo amplio en entidades sociales y sindicales, pero también eclesiales.
Fernando Redondo Pavón, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), valora “muy favorablemente” la decisión del Gobierno de impulsar un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes residentes en España.
Redondo destaca que la medida responde a una reivindicación “por la que llevamos años trabajando”, tanto desde la Iglesia como desde numerosas organizaciones sociales que han apoyado la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por la campaña Esenciales.
“Muchas de las propuestas que parece que saldrán en esta iniciativa del Gobierno son propuestas que nosotros mismos hemos planteado en encuentros con entidades civiles y con partidos políticos”, subraya.
Para el director del Departamento de Migraciones, la regularización representa “un acto de justicia social y de reconocimiento” hacia las más de 500.000 personas que ya viven y trabajan en España, contribuyendo al desarrollo del país pese a permanecer en situación irregular.
“Es hora de reconocerles sus derechos y que puedan trabajar con toda dignidad”, añade. “Como entidades de Iglesia hemos luchado y seguiremos luchando por ello”.
Por su parte, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española consideran la regularización extraordinaria un acto de justicia social y un reconocimiento necesario hacia las personas migrantes que llevan años contribuyendo al desarrollo del país pese a continuar en situación irregular.
Para esta plataforma, que en su momento prestó su apoyo a la iniciativa legislativa popular que impulso la fundación Por Causa a través de su campaña Esenciales, la medida es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, ya que ofrece una salida a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias.
Aunque reconoce que el reglamento aprobado en 2024 supuso un “avance” importante para la garantía de derechos y la dignidad de las personas migrantes, subrayan que continúa dejando fuera a muchos colectivos vulnerables.
En concreto, a personas incapaces de demostrar los dos años de permanencia por pérdida de documentos en contextos de precariedad, personas indocumentadas que enfrentan trámites muy rígidos, personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad o enfermedad crónica, o quienes no pueden presentar un contrato previo debido a la lentitud administrativa.
También quedan excluidas solicitantes de protección internacional denegada, atrapados en largos periodos de irregularidad, y familias con menores que, aun cumpliendo los requisitos, tampoco pueden lograr su regularización.
Las entidades eclesiales recuerdan que la ILP logró sumar más de 900 organizaciones y recoger más de 600.000 firmas, reflejo de una profunda preocupación social por la relación directa entre irregularidad administrativa y exclusión.
Según el IX Informe FOESSA, cerca de nueve millones de personas migrantes viven en el país y el 68% de quienes están en situación irregular se encuentran en exclusión social. Cáritas agrega que casi la mitad de las personas que acompañó en 2024, unas 550.000, carecían de documentación regular, una cifra que no ha dejado de aumentar desde 2019.
La red subraya que la medida cuenta con una amplia legitimidad social, recordando que la toma en consideración de la ILP obtuvo un fuerte respaldo parlamentario el 9 de abril de 2024.
En su valoración conjunta afirman que ha llegado el momento de dar un “paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva”, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión.
Regularización Ya
Regularización Ya, una de las plataformas que impulsó la ILP, celebra la medida como el resultado de un trabajo sostenido de más de seis años, a través de numerosas reuniones, análisis y propuestas desde 2020 para lograr una regulación que reconociera la situación de quienes viven en España en condiciones de irregularidad,
Desde el movimiento, se valora como un avance que se permitan pruebas alternativas al empadronamiento para acreditar la residencia, una exigencia que consideran difícil de cumplir en un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible para una persona migrante.
La plataforma insiste en que seguirá vigilante para que se regularice al mayor número de personas posible en un contexto que todavía criminaliza a la población migrante.
CCOO: corregir la injusticia
Por su parte, CCOO calificó la decisión del Gobierno como un “acto de responsabilidad política” que rompe con una situación que califican de histórica disfunción del sistema.
El sindicato sostiene que mantener a miles de personas en la irregularidad solo genera exclusión, sobreexplotación laboral y clandestinidad, y subraya que la regularización permitirá reconocer derechos, mejorar la inclusión social y reforzar las aportaciones fiscales y a la Seguridad Social de quienes ya están trabajando en el país, a menudo en condiciones indignas.
Para CCOO, la inmigración es una realidad normalizada en España y esta medida corrige una injusticia prolongada en el tiempo frente a discursos que alimentan el miedo y fomentan respuestas excluyentes.
Redactor jefe de Noticias Obreras
