La paradoja del crecimiento vacío: España se enriquece mientras empobrece su cohesión social y territorial

España vive una paradoja tan evidente como incómoda. Como resumió recientemente Cáritas a partir del informe FOESSA, “el crecimiento económico no está llegando a quienes más lo necesitan, y esa brecha pone en riesgo la cohesión social”. Mientras las cifras macroeconómicas dibujan uno de los mejores momentos de las últimas décadas (crecimiento sostenido, récords de empleo, beneficios empresariales históricos y fuerte atracción de inversión), una parte creciente de la sociedad experimenta estancamiento, precariedad y exclusión. El país crece, pero no progresa de forma compartida. Esta disociación entre éxito económico y fractura social es el eje del último informe FOESSA y el telón de fondo del debate sobre la renovación del sistema de financiación económica y territorial.

En este contexto confluyen fenómenos que suelen analizarse por separado, pero que responden a una misma lógica: la cronificación de la pobreza, la fractura generacional, la llamada “España vaciada”, las protestas del campo frente a acuerdos comerciales como Mercosur y el aumento de la desafección política. Todos ellos apuntan a un modelo de crecimiento que concentra beneficios, externaliza costes sociales y territoriales, y debilita el contrato social base de la democracia.

Mucho crecimiento, demasiada pobreza

España es hoy la gran economía avanzada que más crece. Cuenta con 22,4 millones de personas ocupadas, el paro más bajo desde la crisis financiera, inflación contenida tras el shock de la guerra de Ucrania y una bolsa en máximos históricos. Sin embargo, este dinamismo no se traduce en una reducción sustancial de la pobreza ni de la desigualdad. Según Eurostat, el 13,6% de la población (6,7 millones de personas) vivía en 2023 en situación de pobreza crónica, es decir, con ingresos insuficientes durante varios años consecutivos. Es la peor cifra desde la pandemia.

El informe FOESSA advierte de que España arrastra una pobreza estructural que el crecimiento económico no logra corregir. Tener empleo ya no protege frente a la exclusión: el 11% de las personas ocupadas está en riesgo de pobreza y casi la mitad de la población activa sufre algún grado de precariedad laboral. La degradación de la estructura social es profunda. En 1994, las clases medias representaban el 58% de la población; hoy su peso se ha reducido en quince puntos. El empleo y la educación básica han dejado de ser ascensores sociales fiables: una de cada diez personas con educación secundaria obligatoria padece exclusión social severa.

La vivienda se ha convertido en el principal factor de empobrecimiento. El 45% de quienes viven de alquiler está en riesgo de pobreza y el retraso en el pago de gastos vinculados a la vivienda es el único indicador de carencias severas que aumentó el último año. El 17% de la población sufre privaciones materiales y sociales, y cerca de tres millones de personas (600.000 menores) no pueden permitirse una alimentación adecuada. España se mantiene así entre los países con mayor desigualdad interna de la Unión Europea.

La fractura es especialmente visible entre los jóvenes. Desde hace casi dos décadas, la exclusión juvenil no deja de crecer. Hoy, unos 2,5 millones viven atrapados en una precariedad estructural que dificulta el acceso a empleo estable, vivienda y autonomía vital. Un país que presume de crecimiento mientras condena a su juventud a la inestabilidad permanente no está construyendo prosperidad, sino acumulando frustración social. O, como advierte Eurostat al constatar que el 13,6% de la población vive en pobreza persistente, un modelo que “no logra romper la transmisión intergeneracional de la pobreza”.

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La España vaciada: cuando el crecimiento no llega al territorio

La desigualdad en España no es solo social; es también territorial. La llamada “España vaciada” no es fruto de un accidente demográfico, sino el resultado de décadas de decisiones políticas y económicas que han concentrado inversión, empleo y servicios en grandes áreas urbanas, dejando amplias zonas rurales y de interior en un proceso continuo de despoblación y envejecimiento.

En estos territorios, la exclusión adopta formas específicas: falta de servicios públicos, escasez de vivienda, precariedad laboral, dificultades de acceso a la sanidad o la educación y ausencia de oportunidades para los jóvenes. Todo ello se produce en un contexto de crecimiento económico nacional, lo que evidencia que el problema no es la falta de riqueza, sino su distribución.

El debate sobre la renovación del sistema de financiación económica resulta central. Un modelo que no compense adecuadamente el mayor coste de prestar servicios en territorios dispersos y envejecidos perpetúa la desigualdad territorial. Sin recursos suficientes, comunidades y municipios no pueden sostener sanidad, educación, transporte o cuidados, lo que acelera la salida de población joven y cierra el círculo del declive.

La España vaciada es también la expresión de una economía extractiva: se produce energía, alimentos y recursos naturales, pero el valor añadido, el empleo cualificado y la recaudación fiscal se concentran en otros lugares. “Producimos para otros y desaparecemos nosotros», consigna repetida en las movilizaciones de la España interior, expresa con crudeza esa sensación de abandono territorial” y resume una sensación ampliamente compartida. Este sentimiento de agravio alimenta la desconfianza hacia las instituciones y erosiona la cohesión territorial.

Mercosur, el campo y la ruptura del contrato social

Las reacciones al acuerdo comercial con Mercosur están actuando como detonante del malestar rural. Para agricultores y ganaderos, estos acuerdos simbolizan un modelo económico que prioriza el crecimiento del mercado y los intereses corporativos frente a la viabilidad del sector primario. La percepción de competencia desleal, con productos importados que no cumplen los mismos estándares laborales, ambientales o sanitarios, se suma al aumento de costes, la caída de márgenes y la falta de relevo generacional.

Las protestas del campo no son meramente sectoriales: expresan la ruptura de un contrato social implícito. El acuerdo con Mercosur se ha convertido en símbolo de ese malestar, como denunció la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG): “No se puede exigir a nuestros productores estándares europeos y competir a la vez con importaciones que no los cumplen”. “Nos piden producir barato, cumplir normas cada vez más exigentes y asumir pérdidas en silencio” es una de las consignas más repetidas. El conflicto conecta directamente con el diagnóstico del informe FOESSA: cuando el crecimiento no redistribuye y las políticas públicas no corrigen las desigualdades, se pierde legitimidad institucional.

Este malestar converge con la precariedad juvenil y la España vaciada, creando un caldo de cultivo para la desafección política y el auge de discursos populistas. El informe advierte de que amplios sectores perciben que el sistema político ya no garantiza unas condiciones mínimas de protección y progreso. Cuando la democracia no ofrece seguridad material, su legitimidad se debilita.

Financiación, cohesión y democracia

La renovación del sistema de financiación económica y territorial no es un debate técnico, sino una discusión sobre el proyecto de país. En términos más antiguos y directos, el Evangelio lo formula así: “Por sus frutos los conoceréis” (Mt 7,16). Un crecimiento que deja atrás a personas y territorios revela la fragilidad moral y política del modelo que lo sostiene. Un modelo que no refuerce la redistribución, no corrija los desequilibrios territoriales y no garantice recursos suficientes para el Estado del bienestar perpetuará la pobreza estructural, la despoblación y la fractura generacional.

Reducir la desigualdad debe ser una prioridad nacional. Ello exige una fiscalidad más progresiva, una redistribución más justa entre territorios, una política de vivienda ambiciosa, una lucha real contra la precariedad laboral y un refuerzo efectivo de las prestaciones sociales. No hacerlo tiene un coste democrático: la pobreza erosiona la confianza, fragmenta la sociedad y debilita las instituciones.

España puede seguir creciendo, pero la pregunta es para quién. Porque un país que se enriquece mientras se vacía y se precariza no avanza: retrocede lentamente.

Evaristo Villar

Redes Cristianas