El obispo de Sant Feliu celebra la regularización extraordinaria de migrantes y subraya su “mandato democrático”
El obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez García, OP, que fue director del departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal en el momento en que se lanzó la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas migrantes residentes en España, ha valorado como “muy buena noticia” el anuncio del Gobierno.
En declaraciones a Noticias Obreras, el prelado subraya que la regularización anunciada responde “a un mandato democrático” y constituye “una cuestión de justicia, dignidad y servicio al bien común”.
El obispo ha querido insistir en el impacto positivo que el reconocimiento jurídico y la concesión de los permisos de trabajo y residencia tendrán en las personas migrantes que ya están en nuestro país.
“Son muchos trabajadores que verán mejorada su vida y sus derechos, y también contribuirán con sus impuestos directos, como ya lo venían haciendo con los indirectos”, señala.
Además, se remontan a los estudios sobre procesos anteriores para corroborar esta idea. “La última regularización, si no me equivoco, fue en 2005 y los análisis posteriores indicaron que creció la recaudación, mejoró la movilidad laboral de los regularizados y no hubo efecto llamada en los flujos posteriores”, explica.
Según sostiene, la evidencia demuestra que “la dinámica migratoria está más ligada al ciclo económico y a las condiciones de vida en los países emisores y en los receptores”. Por ello, insiste: en que “regularizar actúa sobre quienes ya residen, no sobre el flujo”.
Gómez García rechaza también discursos que asocian la llegada de población migrante con un supuesto fenómeno de “sustitución”. “Esa teoría es una tontería”, afirma, recordando que España y otros países europeos atraviesan “un invierno demográfico” agravado por la falta de políticas que favorezcan la natalidad y la crianza.
El obispo alude, además, a la crisis de los cayucos de 2006 para subrayar que los movimientos migratorios dependen de factores estructurales más que de decisiones administrativas puntuales.
“Aquella crisis se explica por factores en origen, sobre todo en Senegal y países de África Occidental, por elementos de ruta y por la ausencia de control en el Atlántico”, apunta.
Pese a las previsibles controversias políticas, Gómez García insiste en valorar la regularización como un paso positivo que “llega bien”, aunque más tarde de lo deseable.
Lamenta que la iniciativa —impulsada mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 700.000 firmas— no se realizara “con mayor consenso político” en el momento previo a su tramitación parlamentaria.
Aun así, subraya que “la causa lo merece” y destaca que el impulso ciudadano y de numerosas organizaciones sociales ha sido determinante.
“Ha sido logro de cientos de miles de personas y muchas entidades sociales, entre ellas la Iglesia Católica”, afirma.
Sin entrar en valoraciones políticas, Gómez García pone en el foco en la trascendencia que tiene la medida para poner en el centro “la dignidad de las personas migrantes”.
“La medida es necesaria para construir una sociedad más justa y cohesionada”, concluye.
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