El Gobierno propone incentivos fiscales para facilitar el acuerdo del SMI, una “música” que no convence a los sindicatos
El Ministerio de Hacienda ha anunciado una propuesta de reducción fiscal progresiva para las empresas que contraten por encima del salario mínimo interprofesional (SMI), en un intento del Gobierno por atraer a la patronal CEOE al acuerdo para la subida de esta renta mínima en 2026, que Trabajo quiere fijar en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, un 3,1% más que la cuantía vigente en 2025.
El Ministerio que dirige María Jesús Montero plantea una rebaja en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades que podría llegar a compensar hasta el 100% del incremento del SMI. El incentivo estaría vinculado a la creación de empleo y a la contratación de personas con salarios superiores al mínimo legal, siempre que las empresas aumenten su plantilla media, según la propuesta a la que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, la reducción fiscal se aplicaría si la plantilla media total al final del periodo impositivo, con contratos por encima del SMI, se incrementa respecto a la existente al inicio de dicho periodo. El umbral mínimo exigido sería de al menos un trabajador a tiempo completo durante un año en empresas de menos de 100 empleados, y de un mínimo de dos trabajadores o de al menos un 1% de la plantilla en las compañías que superen el centenar de personas en nómina.
El importe de la deducción sería creciente en función del porcentaje de aumento de empleo. Así, la rebaja sería más baja si el incremento de personal es inferior al 5% y alcanzaría el 100% si la plantilla sube igual o más de un 15%. Estos aumentos deberán mantenerse durante los dos años posteriores.
De acuerdo con el diseño de Hacienda, la cuantía de la reducción se calcularía multiplicando por 0,25 la subida bruta del SMI del año en que se inicia el periodo impositivo por el número de trabajadores de la empresa que perciban el salario mínimo, siempre que el crecimiento de la plantilla no supere el 5%. Si el aumento se sitúa entre el 5% y el 10%, el factor de multiplicación sería del 0,50; entre el 10% y el 15%, del 0,75; y, a partir del 15%, del 1.
La aplicación del incentivo quedaría además condicionada a que la plantilla media total de la empresa al final del periodo impositivo “se mantenga o incremente” respecto a la existente al inicio y que se sostenga durante los dos años posteriores al cierre del ejercicio en el que se haya reducido la base imponible. En caso de incumplimiento, la propuesta prevé la regularización de las cantidades indebidamente deducidas, con los correspondientes intereses de demora.
La última reunión del diálogo social
Con esta propuesta fiscal, el Gobierno busca sumar a la CEOE al acuerdo para la actualización del SMI de 2026. Está prevista una reunión esta misma tarde con los agentes sociales que, según ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, será la última y espera que concluya con un pacto.
Trabajo ya comunicó a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme que el incremento del salario mínimo tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero y se situaría en el 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas. En el último encuentro, celebrado el pasado lunes, se planteó por primera vez la posibilidad de algún tipo de incentivo fiscal para las empresas con mayor afectación por la subida, ligado a la mejora de los salarios más bajos y al mantenimiento de las plantillas.
Desde el Ministerio de Trabajo se ha insistido en que la finalidad de la medida es que las empresas mejoren las retribuciones más bajas de sus trabajadores y “dejen de vivir en el SMI”, en referencia a la necesidad de que el salario mínimo no se convierta en el techo salarial en determinados sectores.
Malestar sindical por la forma de la negociación
La publicación de la propuesta fiscal a través de los medios de comunicación añade un nuevo elemento de distorsión en la negociación con los sindicatos. En la presentación de su hoja de ruta para la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, ya habían expresado su desacuerdo con la forma en que el Gobierno estaba abordando la actualización del SMI, al considerar que no se había presentado ninguna propuesta concreta por escrito en la mesa de diálogo social.
Fuentes sindicales consultadas señalan que el hecho de que un posible incentivo fiscal se conozca primero por la prensa y no en el marco formal de la negociación puede agudizar ese malestar. En particular, apuntan a que el enfoque de “rebaja fiscal” no termina de encajar con la posición de las organizaciones sindicales, centrada en reforzar directamente los salarios más bajos y el poder adquisitivo de las personas trabajadoras.
“El impuesto de sociedades tiene ya una multitud de fórmulas de exoneración, de bonificación, que hacen que el porcentaje de las empresas sobre sus beneficios de media pues apenas paguen el 10%. Claro, introducir más bonificaciones en el impuesto de sociedades, a cambio de que CEOE apoye una subida del SMI, así a priori yo no lo veo”, expresó este miércoles Unai Sordo, secretario general de CCOO, en una comparecencia antes los medios.
En este contexto, la reunión convocada esta tarde se perfila como un punto de inflexión en un proceso que debe cerrar la actualización del salario mínimo para 2026, el diseño de incentivos a las empresas y mejorar el método de trabajo del diálogo social.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
