El Gobierno presenta una nueva financiación autonómica al que se opone la mayoría de territorios
El Ejecutivo ha presentado este viernes su propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, tras el acuerdo político entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
El actual sistema de financiación lleva vigente desde hace 17 años, a pesar de que como se ha encargado de resaltar la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “nació con vocación de durar cinco años”.
Montero ha defendido que el nuevo modelo surge “de las propuestas de las comunidades autónomas tras un proceso de escucha”, si bien desde el Partido Popular, que gobierna en 17 de las 11 Comunidades Autónomas, ya han expresado su rechazo.
También el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su rechazo. Uno de los cuatro vicepresidentes de Junts per Catalunya, Antoni Castellà, ya ha adelantado la negativa a avalar la propuesta de Montero y ha anunciado que su partido reclamará un modelo de concierto económico, “fuera del régimen común”, como el País Vasco y Navarra.
Más recursos en manos de las Comunidades
El modelo propuesto requiere elevar en 21.000 millones de euros los recursos que el Estado transfiere a las comunidades, de los que unos 16.000 millones, procedería de la parte de IRPF e IVA que la hacienda estatal transfiere a los territorios.
Ahora, la mitad de la recaudación de estos impuestos se traspasa a las Autonomías para financiar los servicios públicos básicos que estas prestan. El nuevo modelo plantea elevar esta transferencia hasta entre el 55% y el 56,5%.
La otra fuente de ingresos que alimentarán el sistema autonómico de financiación procede de otros tributos ya cedidos como el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos.
La propuesta fiscal contempla la creación de un fondo anual de 1.000 millones de euros para afrontar el cambio climático, dos tercios del cual se destinarán a las regiones mediterráneas, que se consideran más afectadas, y el resto entre se repartirá entre las demás comunidades. Se trata, según Montero, de “evitar situaciones tan dolorosas como las que hemos vivido por la dana y otros episodios”.
La cuantía total transferida por el Estado en 2027 sumará los 224.507 millones de euros, de aprobarse este modelo, lo que es más que dudoso, dada la aritmética parlamentaria y la distribución del poder territorial.
La número dos del Gobierno defiende que “es una reforma que comprometimos al inicio de la legislatura y en la que llevamos mucho tiempo trabajando”.
Criterios ponderativos
La asignación de los recursos estatales ponderará diferentes variables. La población por padrón supondrá el 30% de las transferencias y la población protegida el 38%. La población en edad estudiantil equivaldrá al 20,5%, con especial peso para los menores de 0 a 17 años (17%) y los estudiantes hasta 24 años (3,5%), incluidos los desplazados. Igualmente, se tendrán en cuenta el número de mayores de 65 años y las personas sin prestación.
Además, se contempla la posibilidad de que las Comunidades opten por financiar competencias singulares, a través de una parte de la recaudación del IVA generada por las pymes en su territorio.
El nuevo sistema servirá para agilizar el pago de las entregas a cuenta, el dinero adelantado en previsión de las necesidades de financiación y el desarrollo de un nuevo modelo de gestión en red de los impuestos entre la Agencia Tributaria del Estado y las autonómicas, como está comprometido de hecho para Cataluña.
De elegir esta fórmula, que es voluntaria, las Comunidades tendrán que aplicarla durante los cinco años siguientes, al término de los cuales, el modelo tendrá que ser revisado de nuevo. Al margen de las autonomías forales, que cuentan con un sistema distinto de financiación, Cataluña es la región que más transferencias tiene cedidas.
La vicepresidenta Montero ha apuntado que se introducirán medidas para limitar el dumping fiscal entre territorios, aunque aún no hay disposiciones concretas para lograrlo y todavía es objeto de estudio.
Mayores recursos para los territorios
La vicepresidenta, que concurrirá en las próximas elecciones a presidir la Junta de Andalucía, no ha dejado pasar la oportunidad para resaltar que será precisamente esta Comunidad Autónoma la más aumente sus recursos con el nuevo sistema: 4.846 millones de euros adicionales. Le seguirán Cataluña (4.686 millones), Comunidad Valenciana (3.669 millones) y Madrid (2.555 millones).
Las únicas que verían una reducción serían Cantabria y Extremadura, aunque Montero, quien defiende que su propuesta beneficia a todos los territorios, ha afirmado que serán compensadas para que ninguna comunidad pierda respecto a lo que tiene ahora— será clave en la puesta en marcha del modelo.
Montero ha insistido en que ninguna comunidad perderá recursos con el nuevo modelo.
Oposición del PP y García-Page
Los presidentes autonómicos del Partido Popular han mostrado un rechazo frontal a la norma impulsada por el Gobierno central para actualizar la ley que regula el sistema de financiación (LOFCA), que debía haberse renovado en 2014, como ya ocurrió con el mecanismo para reducir la deuda autonómica.
El partido argumenta que no está de acuerdo “ni con las formas ni con el fondo” y critica especialmente el principio de ‘ordinalidad’ por el que cada territorio recibirá transferencias financieras equivalentes a su recaudación, como había pedido Esquerra Republicana.
Voces populares apelan ahora a la solidaridad, la redistribución de los recursos y la lucha contra las desigualdades entre las administraciones autonómicas.
“Los que más tienen siguen teniendo más; los principios de igualdad y solidaridad no se cumplen. El tema no es la cantidad, sino cómo se reparte. Es un mal modelo y un mal planteamiento”, sentenció resumió el vicesecretario de Política Territorial del PP, Elías Bendodo, en la presentación de la reunión interparlamentaria de su ejecutiva nacional, diputados, senadores y parlamentarios autonómicos de A Coruña.
Los populares sostienen que su rechazo pivota sobre dos ejes: el acuerdo bilateral entre Sánchez y Junqueras y los criterios del nuevo sistema, con la ‘ordinalidad’ como principal escollo.
“No puedes negociar con uno lo que es de todos. En política, las formas son el fondo”, afirmó Bendodo.
El socialista García-Page ha pedido elecciones generales “antes de que avance un atropello de esta naturaleza”. “Es intolerable que en España se pacte el modelo de financiación de todos con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto”, afirmó, después de declarar que no iba a participar “bajo ningún concepto del intento de suicidio político de la izquierda que algunos están buscando en España, solo por interés personal”.
“Hoy he tenido que escuchar por primera vez argumentos ininteligibles, caóticos, para intentar explicar lo inexplicable, al menos desde posiciones progresistas”, ha argumentado el presidente castellano-manchego que podría verse con la ministra en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista para el miércoles,
Según ha explicado la vicepresidenta Montero, después de presentar su propuesta será el turno de los encuentros bilaterales con cada autonomía.
Un camino incierto para su aprobación
La reforma deberá pasar por el Consejo de Ministros y se enviará al Congreso, donde deberá tramitarse como ley orgánica y superar la fragmentación parlamentaria, con una nueva sesión del CPFF entre medias.
La reforma de la financiación autonómica, tantas veces aplazadas, formó parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y de Salvador Illa como ‘president’ de la Generalitat.
A mediados de 2024, se pactó una financiación singular para Cataluña. Esquerra Republicana había exigido recaudar y gestionar todos los impuestos devengados en su territorio, con el compromiso de pagar al Estado una cantidad por los servicios que preste en la comunidad. Esta medida no ha llegado a ponerse en práctica por la falta de medios de la Agencia Tributaria catalana. Se espera que no entre en vigor como pronto hasta 2028.
Redactor jefe de Noticias Obreras
