Cientos de organizaciones denuncian la violencia que sufren las trabajadoras del hogar y exigen respuestas urgentes

Cientos de organizaciones denuncian la violencia que sufren las trabajadoras del hogar y exigen respuestas urgentes
“La violencia sexual en el ámbito del trabajo de hogar permanece oculta y normalizada” se puede leer en un comunicado de cientos de organizaciones sociales que advierten que señala que los casos que acaparan la atención mediática, por involucrar alguna figura pública, son la muestra de una realidad muy extendida.

La gran mayoría de las víctimas no se atreve a hablar, se sienten indefensas y son cuestionadas por el sistema patriarcal y racista que domina las relaciones laborales de las trabajadoras extranjeras, apuntan.

La raíz de los abusos, a su juicio, se encuentra en “la precariedad estructural del sector; la vulnerabilidad jurídica, económica y social de las mujeres migrantes en España”, señalan estas entidades como SEDOAC, Territorio Doméstico, Oxfam Intermón o Servicio Migrante Jesuita.

Las trabajadoras, migrantes en una alta proporción, se encuentran subyugadas “bajo el régimen de explotación y abuso” que significa la  disponibilidad las 24 horas del día los 7 días de la semana de trabajadoras internas y las condiciones y horarios “abusivos” de las trabajadoras externas, un trabajo que muchas veces no se reconoce ni se valora, coinciden las más de 150 organizaciones.

El texto, avalado por colectivos de trabajadoras, asociaciones feministas, entidades migrantes, organizaciones comunitarias y plataformas de derechos humanos, denuncia “la inestabilidad laboral y las condiciones abusivas no son un accidente, son el terreno que facilita y perpetúa la violencia”.

Según se describe, “la dificultad para denunciar se ve agravada por el hecho de que la relación laboral se desarrolla en el ámbito privado del domicilio, donde existen relaciones de poder, dependencia económica y emocional, y una fiscalización limitada, lo que incrementa el miedo a represalias, despido o pérdida de derechos.

“Mientras nosotras las trabajadoras del hogar y los cuidados sigamos desprotegidas, el abuso, el acoso y la explotación no solo continuará, sino que se normalizará”.

El comunicado denuncia que la violencia sexual, el acoso y los abusos laborales en el empleo de hogar no son episodios aislados, sino la consecuencia de un sistema que opera en la intimidad del domicilio y que deja a las trabajadoras expuestas a desigualdades profundas.

Falta de reconocimiento y desequilibrio de poder

Sostiene que la normalización del control constante, las humillaciones, los impagos, las agresiones y las propuestas sexuales no deseadas se sustenta en la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados y en el desequilibrio de poder que atraviesa las relaciones laborales en los hogares.

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Las entidades firmantes insisten en que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas y seguras, y reclaman la puesta en marcha de mecanismos eficaces de denuncia, formación obligatoria para empleadores y familiares.

Defienden que las inspecciones puedan actuar en el ámbito del hogar y reclaman medidas de acompañamiento psicológico y jurídico para las víctimas, reparación integral y medidas que permitan reducir la informalidad y proteger a las trabajadoras internas, cuya disponibilidad permanente facilita el abuso.

También exigen activar cuanto antes el protocolo contra la violencia y el acoso contemplado en el Real Decreto 893/2024, que incorpora el empleo de hogar a la prevención de riesgos laborales, por primera vez.

Pese a la ausencia de canales adecuados de protección, las organizaciones afirman que ninguna trabajadora debe sentirse sola. Subrayan que existe una red comunitaria sólida que acompaña, orienta y sostiene a las víctimas en procesos de denuncia y recuperación, y animan a romper el silencio como paso imprescindible para frenar la impunidad.

Reiteran que la seguridad de las trabajadoras debe ser una prioridad social y política, y recuerdan que sin condiciones justas en el empleo de hogar no es posible un sistema de cuidados sostenible ni el respeto pleno a los derechos fundamentales.

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