Cáritas pide un pacto contra la exclusión residencial mientras sigue buscando alternativas al desalojo de Badalona
Cáritas de Barcelona vive unos días frenético en busca de alternativas para el máximo de personas que habían hecho su residencia del viejo edificio en ruinas del antiguo instituto B9 y tratando de que las administraciones asuman su obligación de velar por los derechos de las personas sin hogar.
“Estamos tratando de que las administraciones se pongan de acuerdo para ofrecer alternativas a todas las personas sin hogar y que todos los ayuntamientos de las grandes ciudades cuenten con espacios de emergencia suficientes”, explica el responsable del Área Social de Cáritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala.
Según informa, junto con las fundaciones Sant Joan de Déu y Llegat Roca i Pi, en colaboración con Cruz Roja y la Generalitat, han logrado reubicar en alojamientos temporales a 52 personas de las 200 que fueron desalojadas del viejo edificio B9 de Badalona.
Al tiempo, siguen buscando, en coordinación con otras entidades y administraciones públicas que han asumido su responsabilidad, soluciones para las otras 200 que se habían marchado días antes por miedo al operativo municipal, pero residían allí con asiduidad, aunque advierte de que no siempre es posible atender todas las necesidades. Menos aún, sin la participación de todas las agencias implicadas. “Solos no podemos, nadie puede solo nunca”, reconoce.
Para evitar más incidentes, están manteniendo la ubicación de los dispositivos en funcionamiento en el anonimato. “Tratamos de no romper el entorno ni las relaciones que ya tienen estas personas, muchas de las cuales tienen empleo y hasta papeles”, argumenta Sala.
También han conseguido ampliar la duración de la estancia en los alojamientos de emergencia, para dar “un tiempo suficiente y razonable” hasta que las personas atendidas puedan conseguir un nuevo espacio donde vivir.
El propio Sala no confía en que pueda darse respuesta al centenar largo de personas que se han instalado bajo el puente de la autovía C-31 y en las cercanías el antiguo albergue de Can Bofí Vell –clausurado por el alcalde Xavier García Albiol en abril de 2024, como hizo igualmente con el comedor social municipal–.
Alguna de estas personas busca alojamiento en la propia Badalona o para largas estancias, mientras que otras han acudido allí al carecer de un hogar, con la esperanza de que se les ofrezca una alternativa, detalla el responsable de Cáritas.
A pesar de la urgencia, Cáritas, con una larga experiencia en la búsqueda de alternativas a la falta de vivienda asequible y de atención a personas sin hogar, no renuncia a promover un pacto contra el sinhogarismo y por la vivienda asequible.
De hecho, es parte de las entidades que han promovido en Cataluña la “Proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente al sinhogarismo y erradicarlo”, además de la Comunitat de Sant’Egidio, Sant Joan de Déu Serveis Socials, Arrels Fundació,y Assís Centre d’Acollida, y el catedrático de Derecho Administrativo, Antoni Milian i Massana.
Esta ley que se tramitó hasta la disolución de la anterior legislatura y que fue retomada en febrero de 2025, con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios, propone la creación de servicios de acogida de emergencia, suficientemente dotados, además de un recordatorio clave como es la obligación de todos los ayuntamientos de empadronar a todas las personas que vivan en su área, con o sin domicilio fijo, para que tengan acceso a derechos básicos.
Derecho al padrón
“Sigue siendo un reto que los ayuntamientos, sean del color que sea, cumplan con la ley vigente y no impidan el acceso al padrón a las personas sin hogar”, expone Sala, quien recuerda que el acceso a una vivienda digna, que es “un problema generalizado para toda la población”, en el caso de personas con trabajos precarios, con dificultad para conseguir los permisos necesarios o que sufren la discriminación por su origen, “se agrava todavía más”.
“Hay personas que viven en habitaciones realquiladas, porque no se pueden permitir otra cosa o no han podido conseguir nada mejor, a los que muchos ayuntamientos, no solo el de Badalona, se niegan a empadronar”, completa.
La Xarxa d’Entitats pel Padró (XEP) denunció en junio de 2024 que al menos 37 ayuntamientos de Cataluña dificultaban el acceso al padrón a personas en situación de exclusión residencial.
Entre las prácticas habituales destacaba “la falta de información, la arbitrariedad de criterios en función de la persona que atiende, los requerimientos excesivos de documentación y la necesidad de cita previa”.
Entre los municipios, cuya administración obstaculiza el acceso al padrón se encuentran fundamental Badalona, Cornellà, L’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Ripoll, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Lleida y Reus, pero también Barcelona, tras haber endurecido los requisitos para empadronarse.
“Muchas de las ciudades de Cataluña se han construido con las migratorios. Badalona, por ejemplo, doblaba su población cada 20 años con gentes de Andalucía, Castilla, Murcia y otros puntos de la propia Cataluña”, rememora Sala, quien añade que “la gente que llegaba entonces se encontraba con que no había vivienda, se las construían durante la noche o formaban chabolas, barracas”.
“Aunque seguimos siendo un país de migrantes interiores, en el siglo XXI además somos un país receptor de personas de otros países, con otras culturas y otra religión que se enfrentan a la misma dificulta, lo que pasa es hora el barraquismo es vertical, en pisos pequeños o en habitaciones alquiladas donde se hacinan las personas”, dice el responsable de Cáritas.
El B9 no es lo habitual. Los medios de comunicación han destacado que se trataba de la mayor concentración de personas residentes en un espacio de esas características de toda Cataluña. De hecho, ya hubo desalojados de naves industriales que fueron pasto de las llamas en la propia Badalona, pero nunca con un número tan alto de personas residentes.
El barraquismo vertical
“Hemos olvidado nuestras propias raíces y vamos camino de perder nuestra humanidad, no solo aquí, sino en todo el mundo”, lamenta Salas. “Al igual que antes en la historia y como hace no tanto con los barrios de chabolas, infraviviendas o más marginales, se estigmatiza y criminaliza a un colectivo de personas que se considera peligros, sobrante, que da miedo”, completa su reflexión.
A su juicio, “no es justo ni humano esperar que las personas desaparezcan así como así o se trasladen a otros lugares como si fueran plantas o muebles”, y se pregunta “¿qué pensaríamos si nadie les hubiera ofrecido a las personas afectadas por la dana un lugar donde vivir y una ayuda para rehacer sus vidas?, ¿cómo nos sentiríamos si nosotros fuéramos una de esas personas que lo hubieran perdido todo y no tuviéramos a donde ir ”.
Muchas de las personas desalojadas del B9 trabajan, algunas se dejaron su documentación, otras su medicación y otras un lugar que les ahorra tiempo de traslados a sus empleos. La mayoría tenían su red de contactos en el entorno de Badalona, a pesar de padecer con especial virulencia la exclusión residencial.
Sobre las muestras de oposición vecinal a los realojados, en particular en la parroquia de Monserrat, Sala señala que el objetivo era acoger a solo a 15 personas dado que “no es la mejor manera alojar un gran número de personas en lugares que no disponen de todos los servicios necesarios. También se cuestiona si “al final, la política de la ciudad va a depender varios centenares de personas”.
De lo que no tiene dudas es del comportamiento que se espera de la comunidad cristiana. “Basta leer Mateo 25, para entender que Jesús ya nos dijo que le reconoceríamos en el que tiene hambre y sed. El Evangelio insiste especialmente en la atención a las viudas, el huérfano y las personas extranjeras”.
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