Aumentan las críticas ante el acuerdo entre la UE y Mercosur por la falta de garantías sociales y medioambientales
La Unión Europea acelera las negociaciones para cerrar el acuerdo comercial con Mercosur, pendiente desde 2019, en medio de una oleada de protestas agrarias y críticas ecologistas que cuestionan su coherencia con los compromisos climáticos y la supervivencia del campo europeo.
Bruselas busca desbloquear los últimos flecos técnicos para ratificar el pacto en 2026, pero el camino está plagado de obstáculos políticos y sociales.
El acuerdo UE-Mercosur crearía una de las mayores áreas de intercambio comercio del mundo que afectaría a unos 780 millones de personas, 448 millones de habitantes reunidos por los 27 países de la Unión Europea más los 312 millones de habitantes que suman Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Para avanzar, la Comisión Europea necesita el respaldo de al menos quince países que representen el 65% de la población comunitaria. Italia ha dado su apoyo, tras recibir garantías sobre salvaguardias y fondos adicionales para la Política Agrícola Común.
Sin embargo, Francia, Polonia y Hungría se han opuesto, mientras que Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda han mantenido su rechazo; Bélgica se ha abstenido. El apoyo español, junto con el de Alemania y el resto de Estados, ha servido para que el acuerdo salga adelante, de modo que Von der Leyen y Costa viajarán a Paraguay al acto protocolario de firma del acuerdo el próximo 17 de enero.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha celebrado el acuerdo por su importancia“para la soberanía y la autonomía estratégica de la UE”. mientras que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen ha subrayado que“Europa ha enviado una señal clara de que nos tomamos muy en serio nuestras prioridades: […] Nuestro compromiso con la diversificación de nuestro comercio y la reducción de nuestras dependencias, ante un mundo cada vez más hostil y transaccional”.
Términos del acuerdo
El paquete negociado en diciembre incluye un mecanismo de vigilancia de mercados para frenar un posible desplome de precios por el aumento de importaciones. Si las compras de productos “sensibles” como carne de vacuno, pollo, huevos, azúcar o cítricos crecen más de un 8%, la UE podría suspender temporalmente las ventajas del acuerdo.
Además, Bruselas promete reforzar controles sobre pesticidas y aumentar los fondos agrícolas. Italia considera estas medidas “una oportunidad”, según su ministro Francesco Lollobrigida. Francia, en cambio, las tacha de insuficientes: “El texto es de otro tiempo”, afirmó el portavoz gubernamental Maud Bregeon, confiando en que el Parlamento Europeo lo rechace.
Ursula von der Leyen, ha prometido a los Estados miembros que los agricultores de la UE tendrán un acceso anticipado a 45.000 millones de euros a partir de 2028, con cargo al próximo presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC), si se ratifica el acuerdo comercial con Mercosur.
Se trata de un momento crucial en los esfuerzos por concluir el acuerdo de Mercosur, cuyas negociaciones se han prolongado durante más de 25 años.
Salvaguardas sólidas
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha reclamado que cualquier avance en el acuerdo UE-Mercosur vaya acompañado de salvaguardias sociales sólidas, mecanismos claros y creíbles para proteger a los trabajadores y la aplicación efectiva de los compromisos laborales.
La organización considera que la intensificación del comercio puede generar oportunidades, especialmente para la industria europea, pero advierte que solo será compatible con los objetivos políticos europeos si garantiza trabajo digno y competencia leal.
La CES exige que el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible del acuerdo refuerce el respeto a los convenios fundamentales de la OIT y permita abordar con rapidez las vulneraciones de derechos laborales.
Además, pide medidas de acompañamiento definidas, como el acceso al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, apoyo específico a los trabajadores afectados por reestructuraciones y una revisión temprana de las repercusiones sociales y en el empleo para adoptar medidas correctivas.
La confederación reclama también un papel significativo para los sindicatos en el seguimiento y aplicación del acuerdo, mediante grupos consultivos nacionales y diálogo estructurado con los sindicatos del Mercosur.
Insiste en que las preferencias comerciales deben estar condicionadas al respeto de los derechos sindicales, la negociación colectiva y las normas laborales fundamentales.
Agricultores y ecologistas unidos en su rechazo
Por su parte, las organizaciones agrarias españolas —COAG, ASAJA y UPA— denuncian que el pacto supone competencia desleal. “Se nos exige cumplir con la PAC y reducir emisiones, mientras se abre la puerta a productos que no cumplen esos criterios”, advierte Andrés Góngora (COAG). ASAJA alerta de que el acuerdo “agravará la crisis de rentabilidad y acelerará la España vaciada”.
Según el informe de impacto encargado por la Comisión, las importaciones de carne de vacuno en la UE podrían aumentar entre un 21% y un 26%, con el Mercosur aportando hasta el 82% de ese incremento. Esto reduciría los precios europeos entre un 8% y un 16%, golpeando a los pequeños ganaderos.
Organizaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción denuncian que el acuerdo contradice el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París.
Las cuotas pactadas implican una presión enorme sobre los ecosistemas del Mercosur. Solo la cuota adicional de carne de vacuno, 99.000 toneladas, requerirá 223.000 hectáreas y el sacrificio de 360.000 animales, además de 2.412 hectómetros cúbicos de agua de lluvia y 46 de agua azul, suficiente para abastecer a 814.000 personas durante un año.
La cuota de bioetanol, 650.000 toneladas, exigirá 121.000 hectáreas y 48 hm³ de agua azul, equivalente al consumo anual de 864.000 personas. El informe calcula que estas cuotas podrían aumentar las emisiones en siete millones de toneladas de CO₂ equivalente, sin contar la deforestación, que representa el 55% de las emisiones de Brasil y el 70% de Paraguay.
Greenpeace alerta de que el acuerdo eliminaría aranceles a la exportación de pesticidas europeos hacia el Mercosur, mientras reduce controles sobre alimentos importados. Investigaciones recientes hallaron residuos de glifosato e imidacloprid en limas brasileñas vendidas en la UE, pesticidas prohibidos en Europa pero fabricados por empresas europeas.
“Todo lo que rodea el acuerdo UE-Mercosur es tóxico”, denuncian las organizaciones.
Incluso si los gobiernos aprueban el pacto, la batalla continuará en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales. Sindicatos, consumidores, pueblos indígenas y entidades en defensa del medio ambiente han mostrado en repetidas ocasiones su oposición. Mientras tanto, Bruselas insiste en que el tratado es “estratégico” para garantizar materias primas críticas y reforzar la cooperación frente a la creciente influencia de China y la inestabilidad en América Latina.
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