Las entidades sociales alertan de una ola de desahucios en invierno y exigen convertir la moratoria en una medida estructural
Más de 25 organizaciones han presentado el manifiesto “Ni una familia sin derecho a la vivienda. Ni un desahucio más” frente al Congreso y reclaman actuar de urgencia ante una crisis habitacional “que se puede y debe evitar”. En un clima político marcado por la polarización, el amplio abanico de organizaciones firmantes ofrece una respuesta unitaria y esperanzada que demuestra que defender el derecho a la vivienda también es una forma de reconstruir lo común
Una amplia representación de organizaciones sociales, entidades de derechos humanos, asociaciones de consumidores y movimientos que comparten la lucha por el derecho a la vivienda –un sagrado derecho para la Iglesia– ha lanzado un llamamiento urgente ante el inminente fin de la moratoria de desahucios, prevista para el 31 de diciembre de 2025.
Con el lema “Ni una familia sin derecho a la vivienda. Ni un desahucio más”, las organizaciones alertan del riesgo real de que se produzca una “ola de desahucios sin alternativas” en pleno invierno si no se prorroga y refuerza la suspensión actual.
El manifiesto, firmado por más de 25 entidades, ha sido presentado públicamente este martes frente al Congreso, donde un grupo de representantes de las entidades firmantes ha hecho visible su preocupación y ha entregado el documento a los grupos parlamentarios con los que abrirán una ronda de contactos.
El texto identifica una situación “de gravísimo riesgo habitacional”, respaldada por datos oficiales. “Durante los últimos 15 años se han realizado 763.127 lanzamientos judiciales (…) lo que habría impactado sobre la vida de 1,9 millones de personas”, recuerdan las organizaciones, subrayando que la moratoria aprobada en 2020 permitió suspender cerca de 58.000 desalojos. Aun así, solo uno de cada cuatro se paraliza efectivamente, debido a la “falta de claridad de la norma”, la “arbitrariedad de los jueces” y la exclusión de miles de familias vulnerables que ocupan viviendas vacías o proceden de contratos de renta antigua.
Desahucios que pueden duplicarse o triplicarse
En este sentido, en el manifiesto se incorporan dos ejemplo concretos — que representan a miles de casos más– que muestra el alcance humano de esta crisis. Maricarmen, inquilina de 87 años con contrato de renta antigua, que recientemente sufrió la amenaza de un desahucio por parte de un fondo buitre. Las entidades denuncian que la norma no cubre a “las familias vulnerables que han ocupado viviendas vacías después de la pandemia (…) o con contratos de renta antigua”. También referencian a Richard y Josefina, una familia con tres menores quienes, tras perder su vivienda por la crisis y verse obligados a ocupar un piso vacío por extrema necesidad, llevan una década intentando sin éxito acceder a una alternativa digna y siguen en constante riesgo de desalojo.
Las entidades apuntan a un escenario preocupante, “en caso de finalizarse la moratoria de desahucios, se podrían activar los miles de desalojos suspendidos por esta medida: automáticamente se doblarían o triplicarían los desahucios de familias vulnerables”, advierten. En 2024 ya se ejecutaron 24.306, y en el primer semestre de 2025 se han registrado 14.673.
A la gravedad del volumen se suma el hecho de que las Administraciones públicas solo ofrecen alojamiento alternativo temporal en el 2% de los casos y vivienda social en el 3%, según datos del Observatori DESCA. Un déficit estructural que, según las entidades, coloca a miles de familias ante un riesgo real de quedarse en la calle.
Unidad de las entidades sociales por la dignidad humana
El manifiesto destaca la representatividad y amplitud del consenso alcanzado, “firmado por entidades diversas y ampliamente representativas de la sociedad civil comprometida con los derechos humanos”, las organizaciones quieren alertar de la urgencia del momento y visibilizan también que es posible caminar juntas y juntos en este lugar común: el derecho a techo.
Esa coincidencia es especialmente relevante, ya que la exclusión provocada por la dificultad en el acceso a la vivienda y el aumento de desahucios ha generado una respuesta unitaria, transversal y esperanzada, que aglutina a colectivos muy distintos ante la convicción de que el derecho a la vivienda no puede seguir siendo vulnerado. Si el momento político es de extrema polarización que debilita el diálogo y el acuerdo, el amplio abanico de organizaciones –esta comunidad política– que impulsan el manifiesto expresan otra forma de construir lo común: desde la responsabilidad compartida, la escucha mutua y la defensa del bien común, demostrando que es posible articular consensos amplios cuando está en juego la dignidad humana.
Convertir la moratoria en un instrumento estable
Las entidades reclaman que la suspensión vigente se transforme en una medida estable. “Es fundamental aprobar de forma urgente la conversión de la moratoria en una medida de carácter estructural”, señala el texto.
Plantean ampliar la cobertura a todos los desalojos de familias en situación de vulnerabilidad y garantizar que los informes de servicios sociales sean suficientes para acreditar dicha situación. Además, proponen dos vías prioritarias: la regularización mediante nuevos contratos de alquiler avalados por las administraciones y la garantía de alquiler social en el mismo municipio o distrito cuando lo anterior no sea posible.
En este sentido, piden también la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler próximos a finalizar, para evitar más desahucios por vencimiento contractual. Solo así, advierten, podrán cumplirse las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las garantías de que “ninguna persona se puede quedar en la calle con motivo de un desalojo”.
Un llamamiento directo al Gobierno y al Congreso
Las organizaciones se dirigen al Ejecutivo y a la totalidad de los grupos parlamentarios para emplazarles en este compromiso y para que “actúen con urgencia. Exigimos responsabilidad y compromiso con el derecho a la vivienda de miles de familias”.
El texto insiste en anticiparse a una crisis mayor “que se puede y debe evitar con soluciones estructurales”, precisamente cuando el fin de año y el invierno agravan la emergencia residencial” y evitar que miles de familias vulnerables afronten un desahucio sin alternativa digna.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
