Expedientado un delegado sindical del Hospital Ramón y Cajal por denunciar las condiciones de trabajo en las cocinas
La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha propuesto una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a un delegado sindical por Red de Trabajadoras y Trabajadores del Hospital Ramón y Cajal.
La Consejería de Sanidad madrileña justifica el procedimiento disciplinario abierto por la posible divulgación de “información contraria a la realidad basada en datos relativos al Centro que no están registrados”.
En conversación con noticiasobreras.es, el representante sindical achaca la propuesta sancionadora a un intento de los responsables del hospital “para asustarnos, para que no protestemos más y dejemos de exponer los problemas y las preocupaciones de la plantilla”.
El expediente, incoado a principios de diciembre, responde a la publicación de un artículo en abril, en el blog Cuadernos de Trabajo, del periódico El Salto, con el título: “Los ‘Nadies’ se organizan: lucha sindical en la cocina de un gran hospital madrileño”.
En él, Alfonso Celemín, empleado público en el servicio de restauración del citado centro sanitario, denunciaba que, en los últimos 15 años, habían fallecido nueve trabajadores en activo y se habían registrado cinco infartos entre una plantilla de 159 personas del servicio de hostelería. “Esto supone una tasa de mortalidad superior a la media en edad laboral”, afirmaba el artículo.
Según deduce este delegado sindical en su artículo, el número de muertes representa el 5,6% de la plantilla, una proporción que, si se hubiera dado en todo el hospital, supondría 290 muertes en 15 años.
“Algo así habría desatado una investigación inmediata, habría sido noticia en toda la prensa y habríamos visto ceses en cadena. Pero aquí, en la cocina, nadie mueve un dedo”, se quejaba amargamente el sindicalista, que denunciaba la falta de atención ante “los riesgos psicosociales”. Este sindicato, en su mayoría respaldado por celadores y personal de cocina, transmitió por carta sus sospechas a los responsables de personal.
Igualmente, venía reclamando la estabilización y aumento de la plantilla, en espera de la convocatoria de las oposiciones correspondientes que tuvieron lugar en 2019. Fue entonces cuando la organización descubrió la supresión de las rotaciones en los dos turnos y las tres áreas del servicio, que se divide en cocina, cinta, y planta.
Al haberse ampliado la jornada semanal a 37,5 horas y suprimido la posibilidad de reorganizar los horarios, los días de libranza disminuyeron ,en 16 días menos al año que el resto del hospital. El representación legal de los trabajadores inició una campaña de recogida de firmas entre las personas trabajadoras contra la imposición unilateral del nuevo sistema de trabajo. Posteriormente, una treintena de ellas acudieron al despacho del jefe de sección para entregar su petición en mano.
Tras una reunión del Comité de Salud y Seguridad, desde el departamento de Recursos Humanos enviaron una carta al delegado sindical conminándoles a entregar los datos y el material documental pertinente que acreditara las informaciones contenidas en el artículo.
Igualmente, instaba al sindicato a detallar las acciones previstas para rectificar la información que, a juicio de la dirección del hospital, era errónea a todas luces y podía generar una alama injustificada.
La organización de trabajadores y trabajadoras respondió al requerimiento ratificando el grueso de la información y explicando su procedencia en una investigación propia dentro de su acción sindical, además de ofrecerse a colaborar en el supuesto de que se iniciase un estudio sobre el nivel de estrés de la plantilla y sus posibles causas en la organización del trabajo.
Aprovechaba la ocasión para reiterar sus quejas sobre las condiciones del personal de hostelería. En concreto, sobre el posible fraude cometido cubrir las bajas con contratos temporales de duración mínima, las deficiencias en las instalaciones, las sobrecargas de trabajo los posibles riesgos higiénicos y sanitarios, además del clima enrarecido derivado, a su entender por la falta continuada de respeto a los derechos laborales.
Al tratarse de uno de los pocos servicios de restauración todavía integrado en el sistema público de salud madrileño, el delegado sindical teme que la gestión esté tratando de “agotar a la plantilla, reducir los tiempos de descanso” y “por qué no, dejar el terreno listo para la privatización”.
Celemín insisten en su reivindicación: “pedimos que se abra una investigación para saber qué está pasando” y se lamenta de que, “en vez de eso, prefieren amenazar y hacernos callar”.
Este medio de comunicación ha tratado de recabar la versión de la Consejería de Sanidad, a través del correo electrónico, sin haber recibido respuesta alguna hasta la fecha. El trabajador y delegado sindical ha sido citado en la dirección general competente para prestar declaración.
Redactor jefe de Noticias Obreras
