El Supremo de Brasil juzga una ley que recorta los derechos territoriales indígenas
Numerosas organizaciones indígenas han presentado sus alegaciones, mientras se suceden las manifestaciones tanto en Brasilia como en numerosas comunidades de todo el país
Tras la aprobación, tal como informó Noticias Obreras, el pasado 9 de diciembre en el Senado de la propuesta de enmienda a la Constitución PEC 48, destinada a incluir el denominado marco temporal de demarcación de tierras indígenas, el día 10 comenzó en el Supremo Tribunal Federal (STF, equivalente al Tribunal Constitucional español) el juicio de constitucionalidad de la Ley 14.701/2023, norma que pretende otorgar cobertura legal a dicha tesis.
La concatenación de ambas fechas no es casual. Todo apunta a una maniobra política deliberada por parte del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, orientada a influir de forma indebida en la decisión del alto tribunal. Cabe recordar, además, que la PEC 48 no ha pasado por la preceptiva Comisión de Constitución y Justicia del Senado, un trámite esencial en el procedimiento legislativo brasileño.
A la contundente nota de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), publicada el 8 de diciembre y en la que se denuncia que esta iniciativa legislativa atenta contra la democracia y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, se sumó al día siguiente un artículo del cardenal Leonardo Steiner, arzobispo de Manaos y presidente del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), publicado en Le Monde Diplomatique Brasil. El CIMI es el organismo de la Iglesia brasileña que desde hace décadas coordina la pastoral y la defensa de los derechos de los pueblos originarios.
En dicho artículo, el cardenal Steiner desenmascara sin ambages los intereses que subyacen a estos movimientos legislativos, orientados a vaciar de contenido los derechos indígenas reconocidos en la Constitución de 1988:
“Lo que subyace a esta ley es la idea de satisfacer y garantizar los intereses de los grandes poderes económicos de nuestro país, que devastan la tierra, la envenenan, la destruyen y la saquean para producir mercancías que solo alimentan el mercado mundial, mientras condenan a todos a un futuro sin vida, sin bosques, sin sustento. No puede haber mayor ceguera. La Ley 14.701 debe ser declarada inconstitucional sin reservas. Las leyes injustas deben ser superadas por la ley y la justicia”.
Movilización indígena y alegatos contra el límite de 1988
El juicio en el Supremo Tribunal Federal está generando una movilización sin precedentes del movimiento indígena y de sus aliados. Durante los primeros días de audiencias, miembros del CIMI, junto con representantes de diversas organizaciones y articulaciones indígenas –como la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) o la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB)– han intervenido de forma continuada en el proceso.
Especial impacto han tenido las imágenes de indígenas presentes en la sala de alegaciones, muchos de ellos sosteniendo la Constitución en sus manos, así como la defensa jurídica ejercida por abogados indígenas. En este contexto se ha viralizado la intervención de Dinamam Tuxá, parlamentario del PSOL (Partido Socialismo y Libertad), coordinador ejecutivo de la APIB y abogado de la propia articulación. En un alegato profundamente emotivo, Tuxá partió de su historia personal para recordar cómo su pueblo fue víctima, en los años ochenta, de errores y violencias cometidas por el Estado brasileño que nunca han sido reconocidos ni reparados.
A los más de doscientos indígenas presentes en el interior del tribunal se suman otros cientos, llegados de diferentes puntos del país, que siguen las audiencias a través de pantallas gigantes instaladas en los alrededores del STF. Paralelamente, en numerosos territorios se están celebrando manifestaciones, vigilias y actos públicos en defensa de la Constitución de 1988 y de los derechos originarios de los pueblos indígenas. El objetivo común de esta movilización es sensibilizar al tribunal sobre la gravedad de una posible convalidación del marco temporal.
Según ha informado el CIMI, el primer día del juicio estuvo marcado por el protagonismo de los abogados indígenas, que abrieron los alegatos orales defendiendo la inconstitucionalidad de la tesis del marco temporal. Argumentaron que limitar la demarcación de tierras a la ocupación comprobada el 5 de octubre de 1988 contradice el derecho originario reconocido por la Constitución. En sus intervenciones subrayaron que muchos pueblos no se encontraban en sus territorios en esa fecha como consecuencia de expulsiones forzadas, desalojos promovidos por el propio Estado y episodios sistemáticos de violencia. Convertir esa fecha en un límite jurídico, señalaron, supone perpetuar injusticias históricas y bloquear la finalización de procesos de demarcación aún abiertos.
Territorios, violencia estructural y disputa por el modelo de desarrollo
En este mismo sentido se expresó Luis Ventura, secretario ejecutivo del CIMI, durante un conversatorio celebrado el 10 de diciembre con integrantes de la plataforma ecosocial Laudato si’ de Málaga. Ventura advirtió de que el cambio legislativo va mucho más allá de dificultar la demarcación y homologación de tierras indígenas. Recordó que, tras 37 años de vigencia de la Constitución brasileña, dos tercios de los territorios indígenas siguen sin ser demarcados ni homologados. A las trabas burocráticas y a la lentitud judicial se suman la presión constante de los lobbies del agronegocio y de las empresas extractivas, que operan con frecuencia en estos territorios con total impunidad, cuando no con la connivencia de autoridades civiles y cuerpos policiales.
Ventura subrayó que este entramado de violencia estructural e impunidad es el principal factor de sufrimiento para los pueblos originarios: un ciclo de agresiones, destrucción de cuerpos, viviendas y territorios que el nuevo marco legal vendría a intensificar. Frente a ello, los pueblos indígenas reiteran que sus territorios no son mercancía ni bienes de consumo, sino la condición misma de su existencia colectiva. Los cambios legislativos, concluyó, revelan hasta qué punto el Estado convierte estos territorios en campo para la disputa política, ignorando las consecuencias humanas, sociales y ecológicas.
En medio de este largo proceso de lucha emergen también signos de esperanza. Signos que poco tienen que ver —como señalaba el propio Ventura— con una espera cristiana infantil, desencarnada o acomodada. Los pueblos indígenas seguirán defendiendo sus territorios y sus vidas existan o no leyes que los amparen. Lo hacen desde hace siglos con una dignidad, una valentía, un coraje y una capacidad de organización social y política que interpela profundamente a nuestras formas occidentales de participación comunitaria.
El grito que se escucha en Brasil, resonado ya en la COP30 y ahora cargado de mayor densidad política y simbólica, es claro: “El futuro somos nosotros”. Los pueblos indígenas y sus aliados tienen la certeza de que el cambio solo vendrá desde abajo, desde la articulación de luchas colectivas y populares en defensa del bien común, de la justicia, de la verdad, de los derechos de los pueblos y del cuidado de la casa común. Un grito que constituye una llamada profética a una conversión ecológica radical que interpela a todas las personas y comunidades cristianas y, de manera especial, a la militancia hoacista.
Militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Málaga
Miembro de la Plataforma ecosocial Laudato si’
