El informe de expertos reafirma el papel social y redistributivo del salario mínimo interprofesional
El Cuarto Informe de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo (CAASMI) confirma que el salario mínimo interprofesional se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar las rentas más bajas y reducir la desigualdad, con un impacto limitado sobre el empleo. El documento propone una subida del SMI para 2026 situada entre el 3,1% y el 4,7%, en función de si el salario mínimo tributa o no en el IRPF, y fija un marco técnico sólido para un debate que ahora debe trasladarse al diálogo social
El informe, presentado al Ministerio de Trabajo y Economía Social el viernes 12 de diciembre, constata que el SMI ha dejado de ser un salario excepcional para convertirse en un elemento estructural del mundo del trabajo. El porcentaje de personas perceptoras ha pasado del 3,5% en 2018 al 7,4% en 2023, y una de cada cinco personas trabajadoras tuvo ese año algún episodio laboral remunerado al salario mínimo.
El perfil de quienes lo perciben también ha evolucionado de forma significativa. Aunque el salario mínimo sigue teniendo mayor incidencia entre jóvenes, mujeres y personas extranjeras, la Comisión subraya que su creciente extensión ha incorporado también a personas mayores de 35 años, con cualificación media y alta, lo que rompe con la idea de que el SMI afecta solo a empleos de entrada o trayectorias laborales transitorias. La mayor concentración de personas perceptoras se da en sectores como la agricultura, el comercio y determinados servicios, y en empresas de pequeño tamaño.
Este cambio confirma que el salario mínimo actúa como un suelo de protección salarial, pero también pone de relieve las limitaciones de un modelo productivo que mantiene amplios segmentos del empleo en el umbral mínimo de ingresos.
Impacto reducido sobre el empleo
Uno de los apartados centrales del informe analiza el impacto de esta renta mínima sobre el empleo. Tras revisar numerosos estudios académicos e institucionales, la comisión de expertas y experto concluye que los efectos negativos existen, pero son limitados y de baja intensidad.
Entre las referencias citadas, destaca la de la OCDE, que estima que la subida del salario mínimo “aumentó los ingresos mensuales equivalentes a tiempo completo en un 5,8% de media, y redujo el empleo en un -0,6%, lo que implica una elasticidad de la demanda de mano de obra con respecto al salario muy pequeña, del -0,1”.
El informe añade que muchas evaluaciones no incorporan los efectos indirectos positivos, como el aumento del consumo. En este sentido, recuerda que la subida del SMI de 2019 se tradujo en un incremento del consumo doméstico del 4,5%.
Menos desigualdad, aunque no basta para erradicar la pobreza
La Comisión confirma el carácter redistributivo del salario mínimo. Los aumentos recientes han contribuido a reducir la desigualdad salarial y a mejorar los ingresos de los hogares situados en los deciles más bajos. Uno de los avances más relevantes es que, por primera vez, el SMI permite situar a una familia monoparental por encima del umbral de riesgo de pobreza.
No obstante, el informe advierte de sus límites. “El salario mínimo sería así una herramienta eficaz pero no suficiente para combatir la desigualdad y la pobreza”, señala, recordando que factores como el desempleo o la baja intensidad laboral siguen teniendo un peso determinante en el riesgo de pobreza.
La propuesta para 2026: dos escenarios según la fiscalidad
En este contexto, los expertos y expertas propone una actualización del SMI para 2026 orientada a mantenerlo en el 60% del salario medio neto, conforme a la interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales de la Carta Social Europea. Para ello, plantea dos escenarios: Si el SMI no tributa en el IRPF, la subida necesaria sería del 3,1%, hasta 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros brutos anuales. Si el SMI pasa a tributar, la Comisión estima necesaria una subida mayor, del 4,7%, hasta 1.240 euros brutos mensuales, es decir, 17.360 euros brutos al año, para evitar una pérdida de salario neto.
El informe subraya que “la variable realmente relevante (…) es el salario neto, y no el bruto”, y advierte de que una eventual tributación sin una compensación suficiente vaciaría de contenido el objetivo de garantizar un salario digno.
Del informe al diálogo social
Tras la publicación del informe, corresponde ahora al Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, interpretar sus conclusiones y compartirlas con los agentes sociales. Aunque las posiciones de sindicatos (piden una subida del 7,7%) y organizaciones empresariales (se decantan por un incremento del 1,5%) siguen muy alejadas, el documento de la comisión desplaza el debate del terreno del alarmismo al de los derechos sociales y la evidencia empírica.
El Ejecutivo cuenta con la capacidad legal para fijar el salario mínimo mediante real decreto, sin necesidad de tramitación parlamentaria. En los próximos días se determinará la cuantía final del SMI en 2026 y su capacidad real para seguir actuando como un salario suficiente y digno.
La tributación del SMI, la clave que decide la subida de 2026La fiscalidad del salario mínimo interprofesional se ha convertido en uno de los elementos decisivos del debate sobre su actualización para 2026. El informe de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo deja claro que la cuestión no es solo cuánto sube el SMI, sino cuánto salario neto llega realmente a las personas trabajadoras. El documento parte de un principio central: si el objetivo del salario mínimo es garantizar una remuneración suficiente, el indicador relevante no puede ser el salario bruto, sino el salario neto disponible. “La variable realmente relevante a la hora de conocer la disponibilidad real de ingresos de una persona trabajadora es el salario neto, y no el bruto”, expresa el informe. La comisión fija como referencia mantener el SMI en el 60% del salario medio neto y, a partir de ahí, plantea dos escenarios. Si el salario mínimo continúa exento de tributación, una subida del 3,1% sería suficiente. Si comienza a tributar, sería necesario un incremento mayor, del 4,7%, para evitar una pérdida de poder adquisitivo. El informe advierte de que una eventual tributación del salario mínimo sin una compensación adecuada en la cuantía bruta supondría un retroceso en la función protectora del salario mínimo y distorsionaría el estándar europeo de suficiencia salarial. Por ello, subraya que la decisión sobre la fiscalidad del SMI no es técnica, sino política, pero tiene consecuencias sociales directas. En este sentido, el debate sobre el SMI de 2026 no se limita a fijar una cifra, sino a decidir si el salario mínimo seguirá siendo un verdadero suelo de protección social o si la fiscalidad puede acabar debilitando su alcance real. |
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
