Decenas de personas reclaman en Murcia el respeto a los derechos humanos y denuncian el retroceso democrático
Más de 50 colectivos se concentraron anoche ante el Palacio de San Esteban en el Día Internacional de los Derechos Humanos para denunciar el retroceso de derechos fundamentales en la región y exigir políticas que garanticen la dignidad humana, la igualdad y la justicia social. Decenas de personas participaron este miércoles en la concentración convocada por una cincuentena de organizaciones sociales con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. La movilización denunció el “ataque sistemático” a los derechos humanos en la región y en el conjunto del país.
El acto comenzó con la intervención de Belinda Salmerón, de Las Marchas de la Dignidad, quien situó la convocatoria en una clave histórica al recordar que “toda persona, por el simple hecho de nacer, ha de tener sus necesidades básicas cubiertas y poder vivir con dignidad”. Subrayó que la Declaración Universal de 1948 surgió como rechazo a los totalitarismos y advirtió de la necesidad de reformar las Naciones Unidas para volver a ser “unas Naciones realmente Unidas en pos de la Paz, la Justicia y la Democracia”.
En las sucesivas lecturas del manifiesto se dibujó un panorama de retrocesos y amenazas. Desde Amnistía Internacional, Resu alertó de que “la negación y eliminación de los derechos humanos se han convertido en arma política”, mientras determinadas ideologías niegan derechos en función del origen, la situación económica, la orientación sexual, el sexo o la religión.
Yayoflautas, en la voz de Nani, recordó que el respeto a los derechos humanos depende cada vez más “del desarrollo económico y del gobierno de turno”, señalando que estados muy avanzados económicamente “son violadores claros y sistemáticos de estos derechos”.
Europa Laica denunció la reaparición de discursos de odio y el avance de posiciones que amenazan libertades elementales. Se insistió en la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo “para que no se repitan tiempos sangrantes”.
Por su parte, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de la diócesis, en la intervención de Joaquín Sánchez, subrayó que los derechos humanos “interactúan entre sí” y que la vulneración de uno impide el ejercicio de los demás, afirmando que “no se cumplen en ningún país”. También advirtió del deterioro democrático en España, donde la libertad de expresión y de información se ve amenazada, agravada por “el sesgo ideológico de la Justicia”.
Desde Convivir sin Racismo, Cande señaló que la Región de Murcia “se ha convertido en el epicentro de políticas racistas y fascistas”, denunciando redadas, internamientos en centro de internamiento de extranjeros (CIE) sin garantías, deportaciones y trabas administrativas que generan hostilidad hacia la población inmigrante. Recordó que “migrar es un derecho, no un delito” y vinculó estas prácticas a un deterioro general de la igualdad, que afecta especialmente a pensionistas, personas dependientes e infancia.
Reclaman vivienda, trabajo digno, igualdad y servicios públicos fuertes
El manifiesto incorporó también la preocupación ambiental expresada por AMARME. Su representante denunció que la crisis climática y el deterioro del Mar Menor amenazan el derecho a la vida, apuntando a explotaciones mineras, macrogranjas y plantas energéticas como ejemplos de actividades “provocadas por la avaricia de unos pocos”.
La PAH y el Sindicato de Inquilinos pusieron el foco en el grave deterioro del derecho a la vivienda. Recordaron que los alquileres han subido más del 50% en diez años y que los precios de compra son inasumibles para una economía media. También denunciaron que el derecho a un trabajo con salario digno se encuentra igualmente amenazado, afectando directamente a las condiciones de vida y al acceso a una vivienda. La especulación, afirmaron, se ha convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento y desigualdad.
Vishibles denunció un aumento de ataques contra personas vulnerables, mientras el gobierno regional recorta partidas destinadas a protección social, igualdad, acogida de menores, tercera edad o políticas LGTBIQ+, a la vez que destina “ingentes cantidades de dinero a los sectores más ricos”.
La ADSP centró su intervención en el deterioro del sistema público, desde la sanidad y la educación hasta el transporte o la prevención de incendios. “Lo que priman no son la Salud ni la Seguridad, sino las ganancias”, señaló, denunciando la transferencia continuada de recursos al sector privado.
Miembros de las Marchas de la Dignidad, denunciaron que en la región “no se cumplen plenamente ninguno de los derechos humanos” y llamaron a sostener una defensa activa y permanente de la dignidad humana y la naturaleza en todos los ámbitos de la vida social.
El acto concluyó con una reivindicación unitaria que articuló las demandas del conjunto de organizaciones convocantes y del público reunido: la afirmación de que una vida digna, un trabajo y una vivienda decentes, un salario justo, un planeta sano y una sociedad libre de racismo y fascismo son condiciones irrenunciables para construir un futuro compartido, y que el cumplimiento de los derechos humanos debe garantizarse en todos los lugares del mundo.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
