Ya es obligado cumplir el derecho a la prevención de riesgos laborales de las empleadas del hogar
El plazo para evaluar los riesgos laborales de las personas trabajadoras del hogar termina hoy, por lo que quienes hayan contratado sus servicios sin haber cumplido el trámite puede enfrentarse a sanciones.
El Ministerio de Trabajo no ha publicado cifras oficiales contrastadas, pero ha confirmado que la plataforma Prevención10.es ha registrado picos de acceso masivos en los últimos días, llegando incluso a colapsar por la alta demanda, lo que puede dar una idea del esfuerzo de muchas familias por cumplir la normativa.
En España hay 378.000 empleadas del hogar afiliadas a la Seguridad Social, aunque teniendo encuentra el empleo sumergido o informal puede superar las 550.000 personas.
El Real Decreto 893/2024, que equipara por primera vez los derechos de este colectivo con los del resto de trabajadores en materia de seguridad y salud laboral, dio un plazo de seis meses para realizar la evaluación de riesgos laborales en los hogares que emplean directamente los servicios de atención personal y doméstica.
Este avance histórico, que supuso la obligación de evaluar los peligros en el empleo del hogar, choca con la dificultad que supone la particularidad del lugar de trabajo, que no son empresas, y la parte empleadora, particulares en circunstancias muy diversas.
Para compatibilizar el derecho a la salud y seguridad de las trabajadoras del hogar con la obligación de personas y familias que contratan el servicio de evitar la exposición a los riesgos, el ministerio de Trabajo ideó la plataforma en línea Prevención10.es.
Esta herramienta, caídas en momentos por saturación, aunque diseñada para facilitar su uso, requiere cierta familiaridad con el entorno digital y requiere su tiempo. En el caso de hogares con varias empleadas puede aumentar la complejidad.
El plan de prevención final debe recoger las medidas preventivas, y estar firmado por ambas partes y disponible ante inspección. En general, las medidas a tomar no exigen un desembolso económico desorbitado, en la mayoría de casos puede ser suficiente con proveer de guantes y calzado antideslizante, además de material informativo destinado a la propia persona empleada.
La vigilancia de la salud a través de reconocimientos médicos gratuitos todavía están pendiente de una regulación más concreta, que deberá abordarse en 2026.
Para los sindicatos, se trata de un “un paso decisivo para garantizar derechos básicos”, aunque reclaman protocolos contra el acoso y la violencia“”. Eso sí, las entidades que agrupan a las empleadas echan de menos campañas informativas más intensas.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que la nueva regulación “no es un castigo, es seguridad jurídica y un salto político”. El incumplimiento puede acarrear sanciones de entre 2.451 euros y hasta 49.180 euros en los casos más graves.
Redactor jefe de Noticias Obreras
